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| La fiscal Fatou Bensouda |
En su informe relativo a este año 2017, la fiscal del Tribunal Penal Internacional, Fatou Bensouda, afirma que hay indicios sólidos de que las tropas británicas cometieron crímenes de guerra tras la invasión de Irak en 2003.
La excusa para la invasión, las famosas “armas de destrucción masiva”, era mentira y las consecuencias atroces, hasta el punto de que la fiscal asume la competencia del Tribunal para juzgar a los criminales británicos.
El informe tiene 74 páginas y se publica en la 16 Sesión anual de los Estados que son parte del Estatuto de Roma, el tratado que fundó el Tribunal. La reunión se está celebrando en Nueva York en la sede la ONU.
El informe es el paso previo a la apertura de una investigación sobre asesinatos, torturas y otros crímenes cometidos contra más de mil militares y civiles irakíes detenidos entre marzo de 2003 y diciembre de 2008.
El informe alcanza cotas espeluznantes cuando relata los asesinatos de 52 irakíes mientras permanecían detenidos. La descripción se basa en los informes de abogados pertenecientes a grupos defensores de los derechos humanos, que la fiscal tiene que corroborar con los registros de las detenciones, fotografías, certificados médicos y otros medios de prueba.
La fiscal también alude a la posibilidad de que los tribunales británicos abran una investigación, lo que hasta ahora no se ha producido. El gobierno de Londres ha disuelto el órgano al que había encomendado la instrucción de un expediente sobre los crímenes de guerra de sus tropas, silenciando 675 denuncias, entre ellas 20 por asesinato que estaban destinadas a la Policía Naval, según datos del Ministerio de Defensa.
En 2006 el antiguo fiscal del Tribunal, el argentino Luis Moreno-Ocampo, ya cerró una investigación preliminar por falta de pruebas suficientes.
La excusa para la invasión, las famosas “armas de destrucción masiva”, era mentira y las consecuencias atroces, hasta el punto de que la fiscal asume la competencia del Tribunal para juzgar a los criminales británicos.
El informe tiene 74 páginas y se publica en la 16 Sesión anual de los Estados que son parte del Estatuto de Roma, el tratado que fundó el Tribunal. La reunión se está celebrando en Nueva York en la sede la ONU.
El informe es el paso previo a la apertura de una investigación sobre asesinatos, torturas y otros crímenes cometidos contra más de mil militares y civiles irakíes detenidos entre marzo de 2003 y diciembre de 2008.
El informe alcanza cotas espeluznantes cuando relata los asesinatos de 52 irakíes mientras permanecían detenidos. La descripción se basa en los informes de abogados pertenecientes a grupos defensores de los derechos humanos, que la fiscal tiene que corroborar con los registros de las detenciones, fotografías, certificados médicos y otros medios de prueba.
La fiscal también alude a la posibilidad de que los tribunales británicos abran una investigación, lo que hasta ahora no se ha producido. El gobierno de Londres ha disuelto el órgano al que había encomendado la instrucción de un expediente sobre los crímenes de guerra de sus tropas, silenciando 675 denuncias, entre ellas 20 por asesinato que estaban destinadas a la Policía Naval, según datos del Ministerio de Defensa.
En 2006 el antiguo fiscal del Tribunal, el argentino Luis Moreno-Ocampo, ya cerró una investigación preliminar por falta de pruebas suficientes.
