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    El 2 de enero el responsable de inmigración del Ministerio argelino de Interior, Hacene Kacimi, anunció que el país norteafricano se enfrenta a “grandes tramas que organizan la entrada ilegal de terroristas sirios en Argelia”, a través de Níger y Malí con pasaportes sudaneses falsos.

    Es la típica información que siempre pasa desapercibida. Según el sitio web “Algérie Patriotique” Kacimi dijo que “el número de ex soldados del ejército sirio que se han infiltrado clandestinamente en Argelia mantuvo relaciones con altos oficiales de la ASL [ejército sirio libre], una milicia creada por potencias extranjeras en 2011 para derrocar al gobierno sirio”.

    Kacimi añadió que el ejército argelino estaba vigilando de cerca las actividades sospechosas a lo largo de las fronteras meridionales de Argelia para evitar la infiltración de terroristas procedentes de Siria.

    También recordó que hace unas semanas, unos 100 sirios llegaron a la frontera sur de Argelia, escoltados por hombres armados locales, pero que fueron detectados y expulsados inmediatamnte.

    Esos falsos refugiados, dijo Kacimi, habían pasado posiblemente por Turquía, Jordania, Egipto o Sudán y llevaban pasaportes sudaneses falsos. “Se trata sin duda de una red criminal y tendríamos que estar más atentos para evitar que entren en territorio argelino”.

    Por su parte, el periódico argelino en árabe El-Massa también advirtió de que algunos países vecinos, que habían tenido papeles muy activos en el desarrollo de actividades terroristas en Oriente Medio, estaban intentando trasladar a otros países a algunos de los terroristas que apoyaron en Siria e Irak, particularmente al norte de África.

    Tarde o temprano, el retorno de al menos 5.600 miembros del Califato Islámico a los países del norte de África será una fuente de inestabilidad para los países de la región, informa El-Massa, añadiendo que Túnez y Argelia son los más amenazados.

    Recientemente, el ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, Abdelkader Messahel, volvió a advirtir del regreso de los miembros del Califato Islámico a sus países de origen, destacando que el número de yihadistas argelinos sería menor que el de otros países del norte de África.

    El sitio en línea de la televisión iraní Press Tv, no ha descartado la posibilidad de que Estados Unidos pueda estar involucrado en estos traslados, sobre todo porque cooperan con Francia en el Sahel y sus bases militares en Libia, Túnez y Níger rodean a los países norteafricanos.

    Argelia está mal vista en Washington porque, entre otras cosas, mantiene buenas relaciones tanto con Rusia como con China.

    El anuncio de la retirada de las tropas estadounidenses y sus mercenarios de Siria e Irak es un mal presagio para el Continente Negro y, muy especialmente, para los países norteafricanos y del Sahel.

    Eso está muy cerca de Europa...

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    La senadora mexicana Margarita Valdez Martínez ha confesado públicamente que en las empresas maquiladoras del país centroamericano se producen “malos tratos” hacia los trabajadores que, por temor, no los denuncian.

    Asimismo, persisten los bajos salarios por lo que hay una demanda de fuerza de trabajo que permanece insatisfecha. “Hay más de 2.500 plazas disponibles en las maquiladoras que no se han podido ocupar ya que el salario es muy bajo”, manifestó la senadora.

    Valdez refirió que hay trabajadores que tienen horarios que van desde las 6:00 hasta las 16:00 horas diariamente y que ganan 800 pesos (40 euros) a la semana, “y si el patrón se enoja les quitan 100 y hay algo peor, y me consta, el pobre trabajador o trabajadora de la maquila está muy maltratado. Cuando ejercía el trabajo en el Seguro Social vi mujeres que se enferman por ese tipo de trabajo, están de pie permanentemente, no les dan permiso de ir a los sanitarios a la hora que quieren. Hay determinados horarios para que vayan o para que coman, aparte del maltrato del supervisor o capataz con malas palabras”.

    No obstante, las inspecciones que ha llevado a cabo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no han encontrado evidencias de maltrato, por lo que la senadora exige que se hagan inspecciones sorpresivas ya que los trabajadores tienen temor a denunciar por un posible despido. En muchas ocasiones hablan de su experiencia laboral cuando ya no trabajan ahí.

    Ante ello, Valdez consideró prioritario que con el nuevo gobierno se generen fuentes de empleo de calidad para los habitantes del Estado de Durango, donde las empresas del sector manufacturero dan empleo a 25.000 trabajadores, de los cuales, aproximadamente 8.500 son profesionales.

    En las inspecciones que ha emprendido la Secretaría del Estado, las principales quejas han sido por los bajos salarios.

    https://www.elsiglodedurango.com.mx/noticia/1013793.persiste-maltrato-en-maquilas-aseguran.html

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    El movimiento de los “chalecos amarillos” está batiendo todos los registros en cuanto al número de detenciones, de personas procesadas y de sentencias de prisión firmes. Mientras que la detención de Eric Drouet, uno de los dirigentes del movimiento, el 2 de enero fue ampliamente difundido, lejos de las cámaras están lloviendo detenciones y sanciones. En un mes, del 17 de noviembre al 17 de diciembre de 2018, 4.570 personas fueron detenidas por la policía (1.567 en París y 3.003 en las regiones), según las cifras del Ministerio de Justicia. Ya se han celebrado 697 comparecencias inmediatas, mientras que 825 casos han sido cerrados sin más actuaciones.

    En París, de las 214 comparecencias inmediatas, se dictaron 26 sentencias firmes de prisión con una orden de detención, lo que significa que los condenados fueron encarcelados directamente. En las otras regiones, se registraron 483 comparecencias inmediatas con 190 órdenes de detención. Aún están programados cientos de juicios para las próximas semanas.

    Entre los condenados a penas de prisión se encuentra el videógrafo Stéphane Trouille. Fue detenido, junto con otras tres personas, durante la movilización de los “chalecos amarillos” en Valence el 8 de diciembre, acusado de “violencia en reuniones contra una autoridad pública”. Los cuatro afirman no conocerse y no tener antecedentes penales.

    Antes del juicio ¡Basta! había transmitido el testimonio de sus familias. El 26 de diciembre se dictó sentencia: Stéphane Trouille fue condenado a 18 meses de prisión, seis de los cuales fueron suspendidos. Los otros tres fueron sentenciados respectivamente a doce meses, seis de los cuales fueron suspendidos para Tom, diez meses, seis de los cuales fueron suspendidos para Dylan, y nueve meses, seis de los cuales fueron suspendidos para María. A los cuatro se les prohíbe manifestarse durante tres años.

    El 2 de enero Le Canard Enchainé relató su caso: “Un hombre reduce a otro en el suelo y los chalecos amarillos se agolpan. Un individuo se interpone en el camino. Intervienen, intercambian algunos golpes con los dos sin chaleco. Mala suerte, eran dos policías de paisano. El que está en tierra es el director del departamento y el otro es su chófer. ¿Eran visibles sus brazaletes de policía? En el vídeo mostrado en el juicio es obvio que no”.

    En una carta publicada al día siguiente de la sentencia, Stéphane Trouille escribió: “Durante toda esta escena, que dura unos 22 segundos, nunca oí a los agentes de policía identificarse y nunca vi su brazalete, al menos discreto y difícil de detectar. Así que SÍ, usé la violencia contra un individuo, para proteger a los chalecos amarillos, para ahuyentar a las personas que había identificado como agresores. No, no lo hice, no ‘rompimos’ al policía, le ‘soplamos’ al policía, ‘a la mierda con el policía’, ya que los medios de comunicación lo han estado golpeando desde que se dictó el fallo, en gran medida utilizando las dramáticas palabras del fiscal”.

    En cuanto a María, una militante comunista de Drôme, se le acusa de apoderarse del sombrero del comisario. Según L’Humanité, lo hizo, se defendió, para “desviar su atención para que no sacara su arma”. “Nunca he golpeado a nadie antes”. Según su abogado, el contexto nacional ha jugado en estas duras sentencias. Como señala el encadenado Duck, el fiscal también ha hecho conexiones con escenas de violencia vistas en París.

    El Ministro de Justicia envió a los fiscales una circular, fechada el 22 de noviembre, sobre el “tratamiento judicial de los delitos cometidos en relación con el movimiento de protesta conocido como ‘los chalecos amarillos’”. En particular, se propone aumentar las penas impuestas añadiendo la “prohibición de participar en manifestaciones en la vía pública [...] durante un período no superior a tres años”. Las instrucciones de gran dureza que parecen haber sido seguidas al pie de la letra por el Tribunal de Segunda Instance de la Drôme.

    Stéphane Trouille ha decidido apelar la decisión, que considera “totalmente desproporcionada con respecto a los hechos reales, sin tener en cuenta los alegatos de la defensa a pesar de las cuatro horas de audiencia. Es difícil no considerarla como una sanción, por ejemplo, para sofocar el fervor y los desafíos actuales contra el Estado y las políticas seguidas por el gobierno”, deplora. A la espera de este juicio, está previsto un festival en apoyo de los cuatro acusados de Valence del 11 al 13 de enero en Saillans.

    En cuanto a Eric Drouet, será juzgado el 15 de febrero por “organizar una manifestación sin aviso previo”. Le piden una pena de hasta seis meses de prisión y una multa de 7.500 euros.

    https://www.bastamag.net/Gilets-jaunes-4570-personnes-placees-en-garde-a-vue-en-un-mois-un-triste-record

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    Los bulos son tan viejos como la prensa burguesa
    Tomemos un ejemplo de bulo de largo recorrido, como la implicación de los servicios secretos rusos en el pirateo del servidor de la Universidad de East Anglia en 2009. Como han pasado diez años, ya casi nadie se acuerda así que hay que refrescar la memoria.

    La Universidad de East Anglia, en Inglaterra, es una de las que ha impulsado la doctrina del calentamiento planetario. En 2009 alguien penetró en sus servidores y publicó sus contenidos, en los que aparecían los manejos de los defensores de tal doctrina y sus esfuerzos por acallar a los que sostienen la contraria.

    La intrusión se imputó a los servicios secretos rusos. Aunque ahora ya estamos habituados a tales imputaciones, entonces fue algo muy novedoso que demostraba que los rusos estaban empeñados en una batalla contra todos, incluida la ciencia, es decir, una reedición del Caso Lysenko 60 años después.

    El origen de la leyenda de la participación de los rusos en el asalto al servidor de East Anglia fue un artículo publicado el 6 de diciembre de 2009 en el Daily Mail, es decir, que aquella ocasión quien desató el bulo no fue la prensa “rigurosa” sino la “sensacionalista”. Pero como se trataba de los rusos, a nadie le importó aquel detalle.

    Normalmente la desmitificación de leyendas siempre cuesta cierto trabajo, pero en aquel caso, no había nada que desmitificar: el artículo del Daily Mail no tenía ninguna prueba, ni ningún dato, ni lo pretendía. El artículo no se ha retirado y todavía se puede consultar en internet (1).

    La pregunta es obvia: ¿cómo es posible que tantas personas se lo tragaran entonces y se lo sigan tragando hoy? En otras palabras menos elegantes: ¿cómo es posible que haya tantos borregos?

    El artículo dice que durante cierto tiempo los archivos de East Anglia estuvieron almacenados en la ciudad rusa de Tomsk, lo que debió hacer que el pirateo fuese más fácil... Luego basta añadir al profesor ruso de la misma universidad Serguei Kirpotin, que nada tenía que ver con el asunto, para que todo parezca ruso.

    En fin, una chapuza para personas muy poco exigentes intelectualmente, pero capaz de convencer a quienes quieren ser convencidos de cualquier idiotez.

    Nadie ha desmentido esta historia nunca. Por el contrario, la prensa “rigurosa” la ha reproducido mil veces, sobre todo la británica. Por ejemplo, The Telegraph (2), The Guardián (3) y la revista Mother Jones (4), por lo que -en algunos casos- siguen en sus archivos desde hace diez años, sin que se hayan molestado en poner una nota que diga: “¡Ojo! ¡Esta noticia es una patraña!”.

    La explicación del mantenimiento y reproducción del bulo ruso es siempre su funcionalidad: en una sociedad burguesa la mentira tiene un papel preponderante para sostener la dominación de clase.

    Eso ocurre incluso en el caso de revistas “progres” como Mother Jones, como se desprende de la fecha en que se redactó el artículo (2016, fecha de las elecciones presidenciales que ganó Trump) y de sus propios razonamientos:

    a) como buen reaccionario, Trump se opone a la doctrina del calentamiento planetario
    b) a Trump lo han puesto en la Casa Blanca los rusos
    c) los rusos también se oponen a esa misma doctrina, por eso ayudaron a Trump
    d) también por ese mismo motivo piratearon el servidor de la Universidad de East Anglia en 2009 (el mismo “modus operandi” que en las elecciones de 2016)

    Las leyendas se refuerzan entre sí, unas a otras. Es verosímil que los rusos piratearan el servidor de la Universidad de East Anglia porque lo volvieron a hacer en 2016, y a la inversa: es verosímil que los rusos piratearan el servidor del partido demócrata en 2016 porque ya lo hicieron en 2009.

    Hay que tener cuidado con las revistas “de izquierdas”, como Mother Jones, tanto o más que con los “izquierdistas” mismos. Tanto en Estados Unidos como en España, los ataques contra Trump les están sirviendo para maquillarse como “opositores”, e incluso como “progres”, cuando no son otra cosa que farsantes y lacayos del capital.

    (1) https://www.dailymail.co.uk/news/article-1233562/Emails-rocked-climate-change-campaign-leaked-Siberian-closed-city-university-built-KGB.html
    (2) https://www.telegraph.co.uk/news/earth/copenhagen-climate-change-confe/6746370/Climategate-was-Russian-secret-service-behind-email-hacking-plot.html
    (3) https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2016/dec/22/russian-email-hackers-keep-playing-us-for-fools
    (4) https://www.motherjones.com/politics/2017/12/climategate-wikileaks-russia-trump-hacking

    https://cassandralegacy.blogspot.com/2018/12/why-is-it-so-easy-to-lie-to-us-case-of.html

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    El mes pasado el dirigente de YPG Sipan Hemo propuso entregar el control militar del norte de Siria al gobierno de Damasco a cambio de la autonomía, según informa Asharq Al-Awsat.

    El comandante de la milicia kurda visitó la base rusa de Hmeimim pocos días después de que Trump anunciara la retirada de las tropas de Siria.

    Hemo se dirigió a Damasco para proponer al gobierno que YPG estaba dispuesto a abandonar el control de la frontera sirio-turca, antes de dirigirse a Moscú el 29 de diciembre.

    En Rusia el dirigente kurdo pidió garantías y sugirió a Moscú que desempolvara un proyecto de constitución que había propuesto para Siria, que garantizaba el derecho kurdo a la autodeterminación.

    El viaje está relacionado con la entrega por sorpresa de los alrededores de Manbij al ejército sirio el 28 de diciembre, que fue confirmada casi simultáneamente por el gobierno sirio y las fuerzas kurdas.

    Los kurdos siguen dando tumbos antes de llegar al punto de partida: si ahora negocian la entrega del territorio con los sirios y los rusos, habría que preguntarles qué negociaron con el imperialismo antes de hacer lo mismo. ¿O a ellos se lo entregaron gratis?

    En fin, lo lamentable es que las mil y un vueltas y revueltas del PKK/PYD/YPG sean calificadas por un medio sudoprogre como “El Salto Diario” como “la primera revolución del siglo XXI” (*). Hace falta ser torpe... Si a eso ellos le llaman “revolución” no es de extrañar que el fascismo esté en auge.

    (*) https://www.elsaltodiario.com/salto-de-carro/periferias-vi-rojava-la-primera-revolucion-del-siglo-xxi

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    Esta madrugada se ha producido un conato de golpe de Estado en Gabón cuando un grupo de jóvenes oficiales del ejército ha asaltado la radio pública para leer un comunicado en el que anunciaban que se hacían cargo de la situación en el país.

    Los soldados tomaron el control de la antena de la estación de Radio Nacional para leer una declaración en la que anunciaban que iban a poner en marcha un “consejo nacional de restauración” en las próximas horas.

    El asalto se producía horas después de la llegada de tropas estadounidenses a la capital, Libreville, supuestamente para intervenir en la vecina República Democrática de Congo. Posteriormente el gobierno anunció que había detenido a los golpistas y que controlaba la situación en el país.

    Al mismo tiempo, tres aviones militares franceses aterrizaban en el aeropuerto de Libreville.

    El presidente, Ali Bongo, lleva cuatro meses sin aparecer por el país. Las fuentes oficiales dicen que está hospitalizado en Marruecos, pero también corren rumores de que ha muerto.

    El periódico “La Lettre du continent” ha informado sobre la reciente estancia de un grupo de once veteranos de las fuerzas especiales francesas en Gabón. Esta información ha causado graves tensiones en el aparato de seguridad del país.

    El 8 de diciembre el antiguo suboficial de la 8 RPIMa, Stephan Privat, fue detenido por el ejército gabonés. Privat estaba contratado como guardia de seguridad de la multinacional nuclear francesa Areva y no era su primer viaje a Gabón. Además, al parecer, estaba acompañado por un comando de otros diez hombres.

    La presencia de tropas francesas suscitó dudas sobre la seguridad interna en Gabón. El jefe de la inteligencia gabonesa, Frédéric Bongo, abrió una investigación y mantuvo al presunto dirigente del comando durante dos días en el B2 antes de ponerlo en libertad. Estos antiguos miembros del Servicio de Acción de la Dirección General de Seguridad Exterior (DGSE) se habían instalado en una casa y varios apartamentos en los barrios de La sablière y Batterie IV.

    Durante su declaración, Privat justificó su presencia en Gabón para la realización de una auditoría de seguridad patrocinada por el portavoz de la presidencia gabonesa, Ike Ngouoni. Recibió órdenes de Brice Laccruche, el director del gabinete presidencial. Stephan Privat fue a Rabat entre el 27 de noviembre y el 1 de diciembre para reunirse con él y con el Jefe de Gabinete de Ali Bongo, Brice Laccruche Alihanga. En ausencia de Ngouoni en Libreville, fue su secretario, Sandy Obame, quien fue interrogado. Confirmó el papel del portavoz del Palacio Presidencial.

    Reservistas en su gran mayoría, todos ellos han trabajado para grupos del CAC 40 en zonas de guerra. Dos de ellos, Eric Diesner y Stéphane Lattay, llevan mucho tiempo destinados en Yemen, contratados especialmente para la multinacional petrolera Total. Otro, Franck Delair, es un antiguo instructor del ejército saudí para los mercenarios de Defence International Consulting. Todos estos elementos no han dejado de aumentar la fiebre entre el gobierno.

    https://www.gabonmediatime.com/gabon-curieux-sejour-dun-commando-francais-seme-doute/

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    En menos de dos meses, desde el inicio de la movilización el 17 de noviembre, las manifestaciones de los “chalecos amarillos” han dado lugar a 5.339 detenciones policiales en Francia, según un recuento del Ministerio de Justicia.

    La revisión incluye las manifestaciones del sábado 5 de enero, y muestra que las respuestas difieren significativamente entre París y provincias.

    De las personas detenidas, 815 fueron juzgadas en comparecencia inmediata y 152 fueron también objeto de una orden de detención.

    Las respuestas judiciales que han seguido a las detenciones revelan una diferencia de trato significativa entre París y provincias. Si la proporción de detenidos que se han juzgado en la comparecencia inmediata es relativamente similar entre la capital (15 por ciento) y el resto de Francia (15,3 por ciento), la proporción de casos no resueltos varía ampliamente.

    En París, por ejemplo, los 1.628 detenidos al margen del movimiento de los “chalecos amarillos” desde finales de noviembre han dado lugar a 798 archivos sin ninguna otra acción, lo que representa el 49 por ciento de los asuntos. En provincias esta proporción es aproximadamente cuatro veces menor: hay 436 casos de archivo y 3.711 casos de detención policial, lo que representa el 11,7 por ciento del total.

    Desde el inicio del movimiento, en París se han dictado un total de sesenta penas de prisión firmes. Sin embargo, estas sanciones no conducen sistemáticamente a la rclusión. De las 152 órdenes de detención emitidas en todo el país, 123 se dictaron en las regiones y casi una treintena en la capital.

    Si bien las detenciones alcanzaron su punto máximo durante el fin de semana del 8 de diciembre -con 1.082 en París y unas 2.000 en toda Francia-, posteriormente disminuyeron, al igual que las custodias. En la capital, el número de afectados aumentó de 904 el sábado 8 de diciembre a 33 el 29 de diciembre de 2018.

    A escala nacional, las cifras recopiladas por la Fiscalía ponen de relieve la gran diversidad de respuestas del sistema penal. En un caso se prefirieron medidas alternativas al enjuiciamiento de seis en las provincias (17,6 por ciento). Estas medidas incluyen, entre otras, recordatorios a la ley, orientación de los manifestantes hacia una estructura sanitaria, social o profesional, o la reparación del daño.

    https://www.lemonde.fr/societe/article/2019/01/07/manifestations-des-gilets-jaunes-5-339-gardes-a-vue-depuis-le-debut-du-mouvement_5406042_3224.html

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    Un día de octubre, alrededor del mediodía, un atacante corrió desde un parque y se dirigió a su objetivo, una camioneta sin conductor construida por Waymo, una subsidiaria de Google, que estaba inactiva en un cruce cercano.

    Con un objeto punzante no identificado el atacante se lanzó, perforando rápidamente uno de los neumáticos. El sospechoso, identificado como un hombre blanco de unos 20 años, desapareció a pie en el barrio.

    Este ataque, uno de las dos docenas de ataques en los últimos dos años contra vehículos no tripulados, se produjo en Chandler, una ciudad cercana a Fénix, donde Waymo comenzó a probar sus furgonetas en 2017. La ciudad está alarmada por el aumento de la inteligencia artificial, y los funcionarios municipales recibieron quejas sobre todos los aspectos, desde la seguridad hasta la posible pérdida de puestos de trabajo.

    Según los informes de la policía, algunas personas lanzaron piedras contra las camionetas Waymo. Otros intentaron varias veces sacar a los vehículos de la carretera. Una mujer le gritó a una de las camionetas y le dijo que se fuera de su barrio. Un hombre se detuvo junto a un vehículo de Waymo y amenazó al ocupante con un tubo de PVC.

    Durante uno de los incidentes más graves, un hombre amenazó a un vehículo Waymo y a su conductor de emergencia con un revólver del calibre 22. Dijo a la policía que despreciaba los coches sin conductor a causa de un fatal accidente peatonal ocurrido en marzo en Tempe, no lejos de allí, junto a un coche de Uber sin conductor.

    “Hay otros lugares donde se pueden hacer pruebas”, dice Erik O’Polka, de 37 años, que recibió una advertencia de la policía en noviembre después de varios intentos de sacar las camionetas Waymo de la carretera con su Jeep Wrangler. En un caso, se dirigió de frente hacia uno de estos vehículos automáticos hasta que se vio obligado a frenar repentinamente.

    Su mujer, Elizabeth, de 35 años, admitió en una entrevista que a su marido “le divierte frenar de repente” delante de furgonetas sin conductor, y que ella misma “a menudo les obligaba a detenerse” para poder gritarles y decirles que se fueran de su barrio. Comenzó, según la pareja, cuando su hijo de 10 años casi fue atropellado por uno de estos vehículos mientras jugaba en un callejón sin salida cercano.

    “Dijeron que necesitan ensayos a escala real, pero yo no quiero ser víctima de uno de sus errores a escala real”, dice O’Polka, que dirige su propia empresa que proporciona tecnología de la información a pequeñas empresas.

    “Nunca nos preguntaron si queríamos ser parte de su prueba a tamaño natural”, añade su esposa, que ayuda a dirigir el negocio.

    Por lo menos 21 de estos ataques han sido lanzados contra furgonetas Waymo en Chandler. Algunos analistas dicen que esperan que ese comportamiento aumente a medida que el país se involucre en un debate más amplio sobre los automóviles no tripulados y los cambios colosales que traerán a la sociedad estadounidense. Este debate se refiere a cuestiones que van desde la transferencia del control de la movilidad a los vehículos autónomos hasta la pérdida de puestos de trabajo para los conductores.

    “La gente es implacable por derecho propio”, dice Douglas Rushkoff, un teórico de los medios de comunicación de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y autor del libro “Throwing Rocks at the Google Bus”. Compara los coches sin conductor con los equivalentes robóticos de los esquiroles, aquellos trabajadores que se niegan a unirse a las huelgas o que ocupan el lugar de los que están en huelga.

    “Existe una creciente sensación de que las grandes empresas que están perfeccionando las tecnologías sin conductor no son lo mejor para nosotros”, añade. “Piense en los humanos que conducen estos vehículos, que desarrollan una inteligencia artificial que los reemplazará”.

    Estos conductores de emergencia de camionetas Waymo que fueron atacados en varios casos le dijeron a la policía de Chandler que la empresa prefería no denunciar a los atacantes.

    En algunos de sus informes, la policía también declaró que Waymo no estaba dispuesto a proporcionar vídeos de los ataques. En un caso, un empleado de Waymo le dijo a la policía que necesitaría una orden para obtener un vídeo grabado por los vehículos de la empresa.

    Un gerente de Waymo le mostró el vídeo del incidente al agente Johnson, pero no permitió que la policía los utilizara para una investigación más a fondo. Según el informe del agente Johnson, el director declaró que la empresa no quería continuar con el caso, aunque Waymo estaba preocupado por las interrupciones de sus pruebas en Chandler.

    El oficial William Johnson del Departamento de Policía de Chandler describió en un informe escrito en junio que el conductor de un Chrysler Cruiser estaba zigzagueando entre las líneas blancas para obstruir una camioneta Waymo.

    El informe indica que Waymo está preocupada por el efecto de los ataques en sus conductores de emergencia, que se supone que deben permanecer vigilantes. “Estos incidentes animan a los conductores a volver al modo manual en lugar de permanecer en el modo automático debido a sus temores de lo que el conductor del otro vehículo puede hacer”, escribió el agente Johnson.

    En una declaración, una portavoz de Waymo dijo que los ataques fueron una pequeña fracción de las más de 25.000 millas que las furgonetas de la empresa viajan todos los días en Arizona.

    “La seguridad está en el centro de todo lo que hacemos, lo que significa que la seguridad de nuestros conductores, motociclistas y el público es nuestra principal prioridad”, dijo Alexis Georgeson, portavoz de Waymo. “En los últimos dos años, la población de Arizona ha recibidos bien y con entusiasmo el potencial de esta tecnología para hacer nuestras carreteras más seguras”.

    Georgeson declaró que la empresa se tomaba en serio la seguridad de sus conductores de emergencia y cuestionó las acusaciones de que Waymo estaba tratando de evitar la mala publicidad al optar por no denunciar.

    “Denunciamos incidentes que consideramos peligrosos y proporcionamos fotos y vídeos a las fuerzas del orden locales cuando denunciamos estos actos de vandalismo o agresión”, dice Georgeson. “Apoyamos a nuestros conductores y nos comprometemos en los casos en que se ha cometido un acto de vandalismo contra nosotros”.

    Las autoridades en Chandler y en otras partes de Arizona están felices de permanecer abiertas a Waymo y a otras empresas de automóviles sin conductor. Rob Antoniak, director de operaciones de Valley Metro, que ayuda a supervisar el sistema de transporte público de la zona metropolitana de Fénix, dijo en Twitter que Arizona todavía recibe con los brazos abiertos a los vehículos autónomos a pesar de los ataques a las camionetas Waymo.

    “No permitamos que los delincuentes arrojen piedras o pinchen neumáticos para descarrilar los esfuerzos por garantizar el futuro del transporte”, dijo Antoniak.

    Pero esta alfombra roja oficial no convence a las mentes negativas. Uno de ellos, Charles Pinkham, de 37 años, estaba parado en la calle frente a un vehículo Waymo en Chandler una noche de agosto cuando la policía se le acercó.

    “Pinkham estaba intoxicado, y su comportamiento iba de tranquilo a belicoso y agitado durante mi contacto con él”, escribió el policía Richard Rimbach en su informe. “Dijo que estaba cansado de los vehículos Waymo en su vecindario, y que pensaba que la mejor manera de resolver este problema era pararse frente a ellos”.

    Al parecer, funcionó. La empleada de Waymo que estaba dentro de la furgoneta, Candice Dunson, decidió no presentar una denuncia y le dijo a la policía que la empresa prefería dejar de usar sus vehículos en esta área.

    Pinkham recibió una advertencia. La camioneta siguió su camino.

    https://www.nytimes.com/2018/12/31/us/waymo-self-driving-cars-arizona-attacks.html

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    La creación de una inmensa zona franca a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos, de unos 3.800 kilómetros de longitud, crea expectativas de muy diverso género por la complejidad del tema. Para el presidente, Andrés Manuel López Obrador, el tema es tan crucial que él personalmente impulsa el proyecto con visitas a los Estados que la integrarán.

    El decreto que proclama la zona está oficializado desde el 1 de enero, pero su creación todavía no se concreta en cuanto a su estructuración, funcionamiento y operatividad.

    La parte que corresponde a su amparo legal y las disposiciones de aplicación de decisiones administrativas como la rebaja de los Impuestos al Valor Agregado (IVA) en un 8,0 por ciento, y Sobre la Renta (ISR) que baja al 20 por ciento para el sector empresarial, está vigente desde el primer día del año 2019, pero el resto, que es lo sustantivo, está en sus prolegómenos.

    De entrada, no hay una delimitación geográfica del trazado de la zona, sino líneas generales, es decir, será a lo largo de los 3.800 kilómetros fronterizos con una profundidad hasta los 25 kilómetros hacia dentro del territorio mexicano, extensión que involucra a 43 municipios de seis estados: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y va desde el Pacífico al Golfo.

    El proyecto es parte de un plan nacional de lo que el presidente López Obrador denomina “cortinas de desarrollo” y consecuentemente uno de los 25 programas prioritarios del gobierno cuyo propósito es convertir a México en el país de desarrollo económico más dinámico del área latinoamericana.

    Las rebajas impositivas y homologación de precios de venta a los del otro lado de la frontera son incentivos para los inversionistas y estímulos para los trabajadores cuyos salarios mínimos son ya el doble que los del resto del país.

    Pero lo sustantivo de la Zona Libre de la Frontera Norte, como se le llama, son las inversiones de capital y los trabajos de infraestructura que incluyen desde construcción de nuevas carreteras y reparación de las existentes, almacenes, redes de comunicaciones, despliegue de todo tipo de servicios y no solamente los propios del comercio, hasta instalaciones sanitarias, de abasto, eléctricas, ferroviarias, y muchas más.

    No se trata de inversiones mínimas, sino de mucho peso, complejas y de largo aliento pues la idea de López Obrador es convertir la frontera norte mexicana (sur para Estados Unidos) en la mayor zona franca del mundo, incluso superior a la Shanghai en China que, siendo la más extensa y abarcadora de todas, solamente se extiende por 120 kilómetros cuadrados no continuos sino en 11 áreas libres.

    En suma, es un plan de titanes que apenas empieza a estructurarse y que requiere, como dijo el propio López Obrador, de un diálogo circular en el que se escuche la voz de todos, probablemente incluso las de aquellos que cuestionan conceptualmente las zonas francas al considerar que no son productoras de crecimiento porque no aportan bienes al Producto Interno Bruto sino al empresario que maquila en busca de abaratar la mano de obra.

    El hecho de que se haya proyectado para una vigencia inicial de dos años y se someta a examen dentro de apenas tres meses, pone un poco en entredicho las expectativas creadas para el mediano y largo plazos, que son los tiempos lógicos en procesos de esa naturaleza.

    López Obrador ha intentado despejar dudas al indicar que ese período de par de años no es el del gobierno, sino que responde a criterios legales conservadores cuyo sentido es conceder un tiempo prudencial para la maduración del proyecto y conocer en ese lapso si funciona o no.

    El mandatario considera que la zona franca triunfará y su vigencia será la de todo el sexenio de su administración.

    Pero quiérase o no, hay cuestionamientos cuya resolución están pendientes. Por ejemplo, ¿en qué medida la insistencia del presidente Donald Trump de construir un muro a lo largo de toda la frontera beneficiará o perjudicará la zona franca mexicana? ¿En qué medida el comercio transfronterizo será o está siendo afectado ya por el proteccionismo que adopta y continuará aplicando Trump?

    Si el presidente Trump busca incentivar a las empresas norteamericanas que maquilan sus productos en territorio mexicano, con mano de obra mexicana para que repatrien sus industrias, ¿los empresarios estadounidenses se sentirán lo suficientemente estimulados para desafiar a su gobierno e instalar o reinstalar sus industrias y servicios en las zonas francas de México? Realmente aún no se conocen los detalles de cómo se aplicará la zona franca en la frontera norte, si el fuerte no va a ser la maquila sino el comercio común, es decir, si la apertura a las mercancías importadas de Estados Unidos será total o solo parcial y sobre todo, en qué productos aplicará.

    Al menos hay un antecedente. México desde hace años cuenta con zonas francas en los Recintos Fiscalizados Estratégicos y en las siete Zonas Económicas Especiales -en ocho estados-, que se crearon en la administración anterior y las cuales entran en competencia con las enclavadas en estados fronterizos de Estados Unidos situadas en lugares estratégicos como puertos, parques industriales o terminales de almacenamiento.

    Algunos especialistas locales consideran que en algún momento habrá que negociar con Estados Unidos más allá de los alcances del nuevo tratado de libre comercio con ese país y Canadá conocido como T-MEC bajo qué condiciones y modalidades entrarán a ese país las mercancías procedentes de la zona franca de México, si para ser comercializadas, reelaboradas, almacenadas o para su exposición y venta.

    http://www.rguama.icrt.cu/crea-presidente-mexicano-zona-franca-a-lo-largo-de-la-frontera-de-su-pais-con-estados-unidos/

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    Un juzgado de Valencia investiga por primera vez las torturas de la brigada político-social del franquismo. Ha admitido a trámite una querella criminal por un delito de torturas cometido en 1971 por diversos policías adscritos a la Brigada Político Social de la capital levantina, entre ellos Manuel Ballesteros, Jacinto López Acosta y Benjamín Solsona Cortés.

    En un auto fechado el pasado 28 de diciembre el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha admitido a trámite la querella criminal y la víctima ha mostrado su satisfacción por una decisión que consideran “un sueño que se está volviendo realidad”, aunque reconocen que no saben el recorrido que tendrá la investigación judicial.

    En su resolución, el juzgado acuerda librar oficio al Archivo Histórico Nacional (Centro Documental de Memoria Histórica) para que remita todos los documentos existentes en sus fondos relativos al querellante y, en concreto, los concernientes a su detención como miembro, entonces, del Partido Comunista de España (PCE).

    Se trata de la primera querella criminal, dirigida contra policías de la Brigada Político-Social franquista, en la que se imputa un delito de torturas en un contexto de crímenes contra la humanidad, admitida a trámite por un juzgado del Estado español.

    La querella criminal presentada se enmarca en la campaña de presentación de este tipo de acciones penales en todo el Estado español al objeto de denunciar ante los tribunales españoles los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura franquista. Ya son un total de 18 querellas las que han sido presentadas en Madrid, Oviedo y Valencia.

    En Valencia se han presentado un total de  seis querellas criminales impulsadas por la Asociación Ciudadana contra la Impunidad del Franquismo en el País Valenciano integrada en la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (Ceaqua) -en cuatro casos, el juzgado ha llamado a los querellantes para ratificarse y en las otras dos ocasiones se ha pasado a la Fiscalía-.

    La resolución judicial dictada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia representa un hito importante para revertir la situación de impunidad que, hasta la fecha, mantiene el Estado español en relación con la falta de investigación de los crímenes internacionales cometidos durante la dictadura franquista; política de impunidad que tan duramente ha sido criticada desde diferentes instancias internacionales, entre otras, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

    Así, desde la plataforma valenciana afirman: “Aunque tarde, es el momento de que por fin el Estado español reconozca a las víctimas de la dictadura franquista los derechos que les asisten: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición”.

    La resolución judicial dictada debe animar a que otros Juzgados y Tribunales españoles dicten otras acordes con el derecho internacional y los Derechos Humanos y que, evidentemente, la Fiscalía General del Estado modifique el criterio mantenido hasta la fecha en relación con la tramitación de dichas causas penales, apoyando su investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes.

    https://www.eldiario.es/cv/Valencia-investigara-Espana-politico-social-franquismo_0_854964652.html

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    India vivió ayer una primera jornada de huelga general convocada por los sindicatos, que continuará hoy, contra la política económica del gobierno del actual primer ministro, Narendra Modi.

    Miles de manifestantes salieron a las calles en distintos puntos del país asiático como Bengala, en el este de la India; Kerala, en el sur, y en ciudades como Nueva Delhi y Bombay.

    “Los sistemas de transporte público han sido afectados por la huelga general. Casi no hay tiendas ni establecimientos comerciales abiertos, aunque sí se ven vehículos privados en las calles", afirmó el portavoz de la Policía de Kerala, Pramod Kumar.

    La oficina del primer ministro de ese mismo estado añadió que la huelga convocada por organizaciones como el Centro de Sindicatos de la India (CITU) y el Sindicato Nacional de la India del Congreso (INTUC) afectó en gran medida a los centros gubernamentales, aunque de forma pacífica.

    “El Gobierno nos está infligiendo una espiral de precios crecientes respecto a la comida y las necesidades básicas”, afirmó una de las entidades convocantes, el Consejo Central Indio de Uniones Sindicales (AICCTU).

    Otras razones citadas por el sindicato incluyen “el torrente de medidas contra los trabajadores” lanzadas por el Gobierno de Modi, al que acusaron también de haber “negado los derechos y la dignidad de miles de trabajadores sanitarios en todo el país”.

    El Partido Comunista de la India (CPI, marxista) se unió a los sindicatos convocantes y reportó movilizaciones muy concurridas en los estados de Bihar (norte) y Andhra Prades (sur) durante las que los trabajadores reclamaron salarios mínimos por unas 18.000 rupias mensuales (unos 220 euros) y pensiones.

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    Los delitos de odio son el colmo de la posmodernidad y, por lo tanto, de la estulticia. Una vez agotadas las excusas del terrorismo, el yihadismo y el narcotráfico, el Ministerio del Interior tiene que seguir manteniendo la alarma del continuo aumento de la criminalidad para justificar lo injustificable: el aumento de la represión.

    La temperatura del planeta sube a cada momento y el odio también. Por eso hay policías que se dedican especialmente a vigilar a los odiosos, así como fiscales, teléfonos para denunciar y demás parafernalia represiva, en la que no falta el aplauso entusiasta de esas ONG dopadas de subvenciones.

    Bajo la batuta de un inquisidor como Marlaska, recientemente el Ministerio del Interior ha creado uno de esos organismos absurdos que se llama Oficina Nacional de Delitos de Odio, que es quien impulsa un plan contra los delitos de odio que no puede fallar por el módico precio de 472.500 euros. ¡Una ganga!

    Entre las medidas previstas por el plan se incluye una orden a la policía para urdir una red de “testigos prioritarios” (léase soplones, confidentes y chivatos) que les ayuden a identificar a los autores de los delitos marcados por la discriminación racista, ideológica o por orientación sexual, e incluso a prevenir este tipo de delitos.

    La policía quiere captar a taxistas, porteros de locales nocturnos o miembros de la seguridad privada para chivarse de “establecimientos, situaciones o espacios horarios donde determindos colectivos pueden verse especialmente inseguros o en situaciones de riesgo”.

    Desde 2014 los móviles con acceso a internet cuentan con la posibilidad de instalar una aplicación, Alertcops, que facilita el trato de los ciudadanos con la policía. La aplicación tiene con distintas pestañas para advertir, ya sea como víctima o como testigo, de posibles delitos de tipologías muy características y diferentes entre sí, como el yihadismo o el acoso escolar. A partir de la entrada en vigor del plan, los delitos de odio tendrán un botón específico en Alertcops.

    En el plano operativo, el Ministerio prevé crear una base de datos, de uso común para las Fuerzas de Seguridad del Estado, donde los agentes encuentren información sobre la “simbología” de los grupos radicales que están detrás de una parte de los delitos de odio, ya sean racistas, homófobos, antisemitas o musulmanófobos, según el borrador que la Secretaría de Estado de Seguridad ha remitido a Policía y Guardia Civil. El plan de acción amplía y proyecta el Protocolo para las Fuerzas de Seguridad que Interior aprobó en 2014.

    En el ámbito de la prevención, el Ministerio del Interior pone el acento en la identificación de este tipo de delitos. Para conseguirlo creará una “encuesta de inseguridad” a quienes han sido víctimas de delitos de odio. Igualmente, los gabinetes de prensa con los que cuentan el propio Ministerio y las Fuerzas de Seguridad recibirán la directriz de proporcionar a los medios de comunicación “información veraz, oportuna y clara” (léase intoxicación) sobre los delitos de odio. Los perfiles en las redes sociales de Policía o Guardia Civil realizarán a su vez campañas de “sensibilización” (léase intoxicación).

    La Oficina Nacional de Delitos de Odio alertará a los proveedores de servicios de internet contra los contenidos que pudieran incurrir en esta tipología y la Secretaría de Estado de Seguridad reunirá cada seis meses a los responsables nacionales y por autonomías de cada Cuerpo en la materia.

    https://www.eldiario.es/politica/Interior-tejera-confidentes-delitos-odio_0_854965253.html


    Más información:

    - Una gangrena social: los que viven del odio de los demás (que va cada vez a más)
    - Odio, discurso de odio, delito de odio, grupo de odio
    - Alemania censura miles de sitios de internet tras la aprobación una ley contra el odio

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    Los capitalistas no pagan la mitad de las horas extras que realizan los trabajadores. En el último trimestre no pagaron casi tres millones de horas trabajadas. Como estas horas crecen cada vez más, los empresarios cada vez pagan menos, es decirf, un robo organizado y consentido.

    España está entre los paises de Europa con más horas extra trabajadas y las horas extras no paran de crecer. En el último trimestre se han trabajado una media de 6,8 millones de horas extras a la semana. Nunca se había llegado a estos niveles en la última década.

    De todas esas horas trabajadas, no se han abonado el 44 por ciento. Ni siquiera se han compensado con días de vacaciones.

    Con las horas extras trabajadas se habrían creado 170.000 nuevos puestos de trabajo a tiempo completo. De las horas extras trabajadas y no pagadas, equivaldría a no pagar a casi 75.000 trabajadores con un empleo a tiempo completo.

    En España, salvo casos extraordinarios, sólo se pueden trabajar 80 horas extra al año. Si las horas se compensan con vacaciones durante los siguientes 4 meses, no contabilizan.

    Casi 830.000 trabajadores hicieron horas extras pero sólo 415.000 percibieron el dinero o las vacaciones correspondientes, mientras que 365.000 no percibieron nada por las horas extra trabajadas.

    En cuanto a los sectores de donde suelen venir las horas extra impagadas, son la hostelería y reparación de vehículos, educación, actividades profesionales, científicas, financieras o de seguros y, concretamente, estos sectores representan más del 50 por ciento de las horas extras impagadas.

    http://www.bdefense.es/despidos/horas-extras-no-pagadas/

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    Nancy Vázquez Téllez ha trabajado por más de 20 años en la maquila y aseguró que su experiencia ha sido un martirio porque ha tenido que sacrificar tiempo, familia, salud y educación para sobrevivir con salarios precarios que solo alcanza para comer sopa, frijoles, arroz y tortillas.

    Vázquez Téllez participó en el foro “Por un Salario Justo y Digno” que organizó el Comité de la Huelga General de Obreras de Maquiladoras de Ciudad Juárez, en el auditorio Jesús Macías del Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la UACJ.

    La trabajadora habló en nombre de las obreras de maquila y dijo que “es muy triste y desesperante trabajar mucho tiempo para tan poco dinero y lo peor aún, el cansancio, el estrés y no tener tiempo suficiente para ponerles atención a mis hijos”.

    Agregó que “es muy triste estar cansada para no jugar con los hijos, para disfrutarlos, para cuidarlos y para ayudarle en sus tareas”.

    “En estas fechas sufrimos mucho, por lo regular comemos sopas, frijoles, tortillas fritas. Mi esposo trabaja de 4 de la tarde a 1 de la mañana, trabaja 9:00 horas diarias, en total son 45 horas por semana, yo trabajo de 6:00 a 15:30 horas, a la semana trabajo 47 horas”, refirió.

    “Me da tanto coraje que los empresarios y dueños de las maquiladoras, no valoran el sacrificio de lo que hacemos. Ellos se hacen ricos a costillas de nosotros y ellos muy felices disfrutando lo mejor con sus hijos y mis hijos comiendo frijoles y sopas, ya basta de tantas injusticias”.

    “También si nos enfermamos tenemos que batallar, pedimos una cita en el seguro y se tardan hasta seis meses para atendernos y por mientras qué hacemos, nos morimos, no es justo. Esta mal todo esto que pasa”.

    “Nosotros sufrimos muchas carencias, los salarios precarios que nos dan en las maquilas no nos alcanzan para sobrevivir; no comemos carne, huevo o frijoles, ahora el huevo esta al mismo precio que un kilo de carne”.

    No es justo que quienes gobiernan esta ciudad coman los mejores platillos y los obreros malcomamos con el miserable sueldo que nos dan, tenemos que pagar luz, gas, agua, gastos medios, escuela, vestimenta, no nos alcanza para todo, enfatizó Nancy Vázquez Téllez madre de dos hijos y obrera.

    “Nos hacen incrementos de salario si el supervisor lo quiere, pero si le caes mal al supervisor no lo autoriza, te hacen una evaluación y si no sabes no te lo dan, te toman el tiempo, para ver si cumples un estándar, el aumento es de diez pesos, yo ganaba 160 pesos y me subieron a 170, pero hay compañeros que ganan solo 90 pesos y eso es muy poco”.

    “Los compañeros de muchas empresas ganan miserables sueldos, yo quisiera que el gobierno gane 170 pesos o aun peor que gane 90 pesos para ver si así mantendrán a su familia”.

    “Hoy en la maquila nos quitan hasta los bonos de despensas por una incapacidad y se me hace muy injusto, es lo que yo he vivido. En la maquila nos dan comida muy fea, a veces puro salchichón, hemos comido de forma antihigiénica hasta con cucarachas y eso es lo que nos cómenos los maquiladores y no todos nos damos cuenta”.

    En su intervención el profesor investigador en economía, Benjamín Carrera Chávez, expresó que se organiza este tipo de eventos para discutir los bajos salarios, dijo que los últimos datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), dice que Juárez es la novena ciudad con el mayor número de pobres y en mucho tiene que ver los bajos salarios en las maquilas.

    Dijo que mientras a nivel nacional se les pagan 6.800 pesos en Juárez ganan 5.700 pesos mensuales, el cual equivale a un 18 por ciento menos. “Tan solo el salario del 2007 al 2017 solo al crecido del 2%, mientras que la productividad un 22 por ciento, por el cual se tiene que ser parejos y aumentar el salario.

    El acoso sexual

    El acoso sexual en contra de obreras se ha vuelto común en la industria maquiladora de Ciudad Juárez, los supervisores y gerentes ofrecen trabajo y tiempo extra a cambio de sexo, lo anterior ha sido señalado por la activista Susana Prieto Terrazas quien encabeza el Comité de Huelga General de Obreras.

    Dijo que en Ciudad Juárez existen miles de casos de acoso sexual contra las mujeres vulnerables dentro de la industria maquiladora por parte de jefes de línea, supervisores y hasta gerentes. Lo más grave es que cada vez los ataques son contra las jovencitas.

    En lo que va del año se han denunciado 13 casos de hostigamiento sexual, de acuerdo a la coordinadora regional de la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez que encabeza Laura Irene Moreno.

    El caso más reciente de acoso sexual fue el de una empleada de la empresa Toro Company, quien interpuso una denuncia penal el pasado viernes ante la Fiscalía de la Mujer dependiente de la Fiscalía de Justicia del Estado de Chihuahua.

    De acuerdo a la Asociación Civil “Mujeres Resilientes”, menos del 25 por ciento de los casos de hostigamiento y acoso sexual son denunciados, esto por temor a perder su trabajo.

    La activista Susana Prieto Terrazas quien encabeza el Comité de la Huelga General de Obreras de Maquiladoras de Ciudad Juárez, además de exigir un aumento salarial a 280 pesos diarios, dijo que el hostigamiento sexual, también vienen por parte de gerentes que tienen el control de las obreras.

    La Coordinadora Regional de la Fiscalía de la Mujer en Ciudad Juárez, Laura Irene Moreno, informó que en el año suman 13 denuncias interpuestas por hostigamiento sexual. Dijo que muchas veces no se denuncia porque afecta la relación jerárquica,sobre todo en la subordinación que tienen las víctimas.

    La funcionaria manifestó que la Fiscalía de la Mujer se suma a la campaña de las diversas instituciones que se dedican a prevenir la violencia contra la mujer tanto del Estado como del municipio.

    Dijo que la Fiscalía de la Mujer forma parte de una mesa organizada por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), donde tendrán acercamiento con las mujeres de la industria maquiladora, para que sepan donde denunciar y en qué consiste el delito de hostigamiento sexual.

    Laura Irene Moreno, coordinadora de la Fiscalía de la Mujer, señaló que las mujeres deben de tener el conocimiento de qué se trata el hostigamiento sexual, para que detecten el delito y acudan a denunciar”.

    Expresó que se considera agravante cuando se trata de funcionarios públicos y de jefes que comenten hostigamiento sexual.

    Finamente Irene Moreno, titular de la Fiscalía de la Mujer dio a conocer que es muy difícil castigar a los responsables pues cuando solo es entre la víctima y el agresor, salvo los casos cuando se tiene mensajes o vídeos.

    Tan solo un 25 por ciento de mujeres víctimas de hostigamiento y acoso sexual, deciden denunciar, lamentó Leny Cárdenas López, coordinadora de Proyecto de la Asociación Civil Mujeres Resilientes de Ciudad Juárez.

    La activista social dijo que desde hace un año están trabajando en Juárez en favor de las féminas, mismas que son hostigadas y acosadas de diversos aspectos, entre ellos el sexual, por lo que a través de un centro de atención, brindarán apoyo y asesoría a mujeres que sufren algún tipo de abuso, desde laboral hasta el sexual.

    Es importante que se tomen en cuenta las voces de las mujeres que denuncian y las que no lo hacen, sentenció. Refirió que al menos, un 90 por ciento de las mujeres han pasado por esas situaciones en su contra.

    La presidenta de la Asociación de Maquiladoras (AMAC-Index Juárez) María Teresa Delgado Zárate, reconoció el acoso sexual dentro de la industria maquiladora de Ciudad Juárez y dijo que están trabajando para erradicarlo.

    https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/mujeres-de-maquila-mas-que-trabajar-sobrevivir-1041663.html

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    En la Guerra de Siria Washington sigue sin tener una estrategia diferente de la de Trump, que consiste en salir por piernas del avispero.

    Pero esa propuesta ha sido bloqueada por John Bolton y Mike Pompeo, que bucan otras alternativas, lo cual tienen muy difícil porque no cuentan con más aliados que Israel. Lo intentos de llegar a un acuerdo con Turquía han fracasado.

    El enviado especial del Departamento de Estado, M.Jeffrey, está presionando a Mazlum Abdi, responsable militar kurdo, para que se abstenga de cualquier acuerdo con el gobierno de Al-Assad mientras la Casa Blanca intenta sacar adelante una nueva táctica.

    Los problemas conciernen tanto al norte de Siria (Rojava) como a Idlib, donde Turquía ha fracasado en su intento de que Nur Al-Din Al-Zenki, una milicia que ellos controlan no sea aplastada militarmente por el ejército sirio.

    Zenki es un buen ejemplo de lo que es la “oposición moderada” de Siria, una banda criminal que anteriormente estuvo apoyada por la CIA y se dio a conocer en 2016 cuando publicó un vídeo en el que decapitaban a un niño enfermo de diez años sin motivo alguno.

    Estos carniceros están siendo ahora derrotados por otros de la misma factura, Hayat Tahrir al Sham (HTS), brazo local de Al Qaeda que antes se denominaba Frente Al-Nosra, que los ha desplazado de sus bases. Sus últimos combatientes huyeron al norte de Afrin, donde están bajo la protección del ejército turco. HTS se ha apoderado de las armas pesadas de Zenki, incluyendo cuatro tanques.

    En parte, dicha derrota es consecuecia de que recientemente Turquía los trasladó a Manbij, mantenida por las tropas estadounidense y los kurdos.

    En los últimos cinco días, al menos 130 yihadistas han muerto en los enfrentamientos de Idlib. HTS controla ahora todas las zonas cercanas a Turquía y a Afrin.

    El Acuerdo de Astana entre Rusia y Turquía establecía, por lo que se refiere a Idlib, que HTS se trasladaría a 25 kilómetros de las zonas controladas por el gobierno. Las autopistas M4 y M5 se reabrirían al tráfico. Se suponía que Turquía debía aplicar y garantizar estos puntos. No se ha llegado a ninguno de ellos. Los soldados turcos estacionados en seis puestos de observación alrededor de la provicia de Idleb son rehenes de HTS. Dado que Turquía no ha cumplido sus promesas, Siria y Rusia tienen derecho a ignorar el acuerdo, atacar el HTS y liberar a Idlib.

    El hecho de que Turquía haya fracasado en Idlib es lo que le ha impedido invadir el noreste de Siria. Erdogan tiene ya muy poco que decir en Siria. Sus posiciones militares están en dificultades.

    No obstante, para no marcharse de Siria con las manos vacías, intentarán negociar algo antes de abandonar, aunque lo que tenían para ofrecer ya no lo tienen.

    Ante el fracaso de la “solución pacífica” de Turquía, la provincia de Idlib deberá ser tomada al asalto, al estilo de Alepo. Las ONG y los humanitarios ya se preparan para denunciar la carnicería.

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    “La historia que me contaron en el instituto no tiene nada que ver con la que he conocido ahora, no era para nada consciente de lo que había pasado”, explica Ana Sebastián, una joven abogada que ha formado parte del equipo de diez letrados de ALAZ (Asociación Libre de Abogados de Zaragoza) que ha dedicado los últimos seis meses a recoger los testimonios de 136 damnificados por la sublevación franquista, la dictadura y la represión de los primeros años de la transición en la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo que el ayuntamiento de la capital aragonesa puso en marcha a finales de junio.

    Muchos de esos testimonios resultan estremecedores. Desde la octogenaria que recuerda con nombres y apellidos a quienes en el verano de 1936 se llevaron delante de sus ojos a su padre y a su tío, a los que nunca más vería, poco antes de que miembros de los regulares rifeños (los moros de Franco) violaran a una de sus primas, hasta los sindicalistas, comunistas y miembros de otras organizaciones de izquierdas que fueron torturados en las dependencias de la Jefatura Provincial de Policía, pasando por ciudadanos anónimos que corrieron la misma desdicha sin haber llegado a integrarse en ninguna organización opositora a la dictadura.

    “Resulta gratificante ayudar a abrir esta caja de Pandora tan difícil de abrir”, explica Sebastián, a quien en estos meses de trabajo le ha impactado tanto “la cantidad de gente que no ha podido hablar de lo que sufrió y que ha vivido con miedo durante décadas” como conocer a “gente que fue torturada en la transición y que no ha podido ser reparada”.

    “Han vivido siempre con eso, son hechos que han quedado impunes”, anota la abogada.

    Esos 136 testimonios, todos sobre hechos ocurridos en el partido judicial de Zaragoza y en su práctica totalidad narrados en primera persona por sus víctimas directas, servirán de base para dos procedimientos penales cuya finalidad es quebrar la impunidad de los crímenes del franquismo: por una parte, la presentación de una querella en los juzgados de Zaragoza antes de que termine este mes y, por otra, la unión de los relatos a la querella contra altos cargos del franquismo que desde hace diez años instruye en Argentina la jueza María Salvini.

    Los hechos relatados por las víctimas, localizados en Zaragoza ciudad (la mitad) y en pueblos como Belchite, Fuentes de Ebro, Leciñena, Magallón, La Puebla de Alfindén o Quinto de Ebro, serían técnicamente constitutivos de delitos de asesinato y de desaparición forzada en concurso con genocidio y de torturas en concurso con crímenes contra la humanidad, según estiman los abogados de ALAZ.

    “Son crímenes imprescriptibles que los poderes del estado español tienen la obligación de perseguir conforme vienen reiterando el Comité de Derechos Humanos, el relator especial de para el Derecho a la Verdad, la Justicia, la Reparación y las Garantías de No Repetición y el Grupo de Trabajo contra las Desapariciones Forzadas, todos de la ONU, y los demás organismos internacionales con competencias sobre la materia”, señalan fuentes de ALAZ, que consideran que en este caso, como vienen sosteniendo numerosas instancias supraestatales, no serían de aplicación los efectos exoneradores de la Ley de Amnistía de 1977.

    Los abogados han trabajado en coordinación con los equipos jurídicos y de atención psicosocial de entidades como el Grupo de Acción Comunitaria, la Asociación Pro-Derechos Humanos de España y Ceaqua, con el Instituto Vasco de Criminología, con investigadores de la Universidad de Zaragoza y con asociaciones memorialistas.

    El equipo jurídico está trabajando ahora en la calificación jurídica de los hechos que contiene cada relato y en la identificación de los responsables directos y de quienes dirigían las instituciones a las que estaban vinculados los represores y los torturadores, que será contra quienes se dirija la querella.

    “Las víctimas han señalado a más de veinte autores de torturas cometidas en los 70, hasta 1977”, indica Sebastián, que explica cómo, junto a las agresiones físicas, buena parte de los denunciantes sufrieron una represión económica en la que la confiscación de propiedades convivía con “multas vitalicias que les impedían crecer económicamente”. Ese tipo de medidas, señala, “entran dentro del tipo penal de los crímenes de guerra”.

    De resultar probadas en sede judicial las torturas en la antigua Jefatura Provincial de Policía de Zaragoza que han denunciado varias de las 136 víctimas, daría lugar a la eventual catalogación del edificio, en el que hoy se ubica la Jefatura Superior de Policía de Aragón, como “lugar de memoria” en aplicación de los artículos 5.g y 20 de la reciente Ley de Memoria Democrática de la comunidad.

    El primero otorga esa calificación a los “lugares de detención e internamiento” en relación “con la guerra y la dictadura franquista”, mientras que el segundo establece su integración “en el patrimonio cultural aragonés con la categoría que les corresponda en función de la normativa” y obliga a las administraciones titulares de los mismos a “colaborar” en la catalogación.

    El 23 regula los “medios de difusión e interpretación de lo ocurrido” en ellos, con una señalización específica, y su incorporación a “los contenidos curriculares y a las actividades docentes en los niveles educativos correspondientes”.

    La puesta en marcha de la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo forma parte del proceso iniciado con la aprobación en el pleno de Zaragoza, a propuesta de Cha, con el apoyo de ZeC, la abstención de PSOE y C’s y la única oposición del PP, de la iniciativa de la querella.

    Un total de 3.544 personas murieron en la capital aragonesa como consecuencia de la represión franquista, según las investigaciones del historiador Julián Casanova en su libro “Pasado Oculto”, que eleva a 8.523 los fallecidos por esa causa en toda la comunidad. No obstante, trabajos posteriores, como los de Antonio Peiró en Eva en los infiernos, llevan a situar por encima de los 12.000 esa última cifra.

    Zaragoza forma parte de la Red de Ciudades contra la Impunidad Franquista, en la que se integran otras como Barcelona, Pamplona, Vitoria, Durango, Elgeta y Mondragon, que también han llevado a los tribunales tanto la represión como los bombardeos sobre población civil sufridos en sus términos.

    https://www.publico.es/politica/memoria-publica-130-victimas-zaragozanas-franquismo-denuncian-torturadores-represores-asesinos.html

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    Las trabajadoras del textil de Bangladesh llevan cinco días de huelgas y enfrentamientos con la policía en los suburbios del norte de Dhaka.

    Según Reuters, varios miles de trabajadoras bloquearon las carreteras del norte de la capital, y los enfrentamientos con la policía han causado un muerto y varios heridos.

    Bangladesh es el mayor fabricante mundial de textil, después de China. Unos 3,5 millones de obreros, en su gran mayoría mujeres, trabajan en las fábricas textiles del país.

    Ayer el gobierno anunció que estudiará la posibilidad de aumentar el salario mínimo de las obreras del sector. El anuncio fue hecho por el Ministro de Comercio de Bangladesh, Tipu Munshi, quien espera poner fin a los enfrentamientos que comenzaron el viernes pasado.

    El martes se anunció la formación de un comité tripartito, que reúne a los gerentes de planta, representantes sindicales y emisarios del gobierno. El comité formado para estudiar el aumento de los salarios podrá resolver este problema durante este mes, dijo el ministro a la prensa local.

    El temor del gobierno es que la lucha de las obreras se sume a las protestas que se vienen produciendo tras las fraudulentas elecciones de diciembre pasado.

    A principios de este año entra en vigor el aumento salarial anunciado el pasado mes de septiembre, que eleva el salario mínimo a 8.000 takas, unos 82,75 euros. Un aumento del 51 por ciento, que también es el primero desde el que siguió a la tragedia de Rana Plaza en 2013.

    Sin embargo, la Central Sindical de la Confección señala que esta cantidad se aplica sólo a una pequeña fracción de las 3,5 millones de trabajadoras en los que se basa la industria textil.

    Con 15.300 millones de euros de ropa exportados a Europa en 2017 y 8.000 millones de euros en el primer semestre de 2018, Bangladesh es el segundo mayor proveedor de ropa de la Unión Europea. El país está alcanzando gradualmente a China (10.500 millones en la primera mitad de 2018). Bangladesh fue el primer beneficiario del abandono por parte de China de una gran parte de la producción de prendas de vestir de nivel básico, inducido por los aumentos salariales de os trabajadores de aquel país.

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    Esta semana los trabajadores de India han protagonizado dos días de huelga general contra la política económica del gobierno de Narendra Modi, como ya ha quedado expuesto aquí. Más de 180 millones de trabajadores indios han paralizado durante dos días el país por completo.

    Desde que en 1991 el gobierno de Delhi inició una nueva política económica se han convocado 19 huelgas generales. La más importante comenzó el 2 de setiembre de 2016. Cuantitativamente son las mayores movilizaciones en la historia del movimiento obrero.

    En India llaman “bandh” (cierre) a las huelgas, una palabras que, además de su simbolismo de clase, tiene resonancias de los tiempos de lucha contra el colonialismo británico.

    Es una palabra que se allá se emplea como amenaza porque está ligada a la fuerza y a los piquetes. Una huelga general es “Bharat bandh”, el cierre de India, la paralización de su economía, excluyendo de “Bharat” a los capitalistas.

    De las huelgas indias se obtienen importantes lecciones que, naturalmente, es imprescindible poner encima de la mesa.

    La primera va dirigida a esos mequetrefes que ponen en tela de juicio que la lucha de clases es el motor de la historia o que el movimiento obrero ha desaparecido y otras tonterías parecidas de la posmodernidad.

    La segunda es que los obreros son la vanguardia de los oprimidos, algo que en India es patente, empezando por algo que en los países imperialistas tratan de ocultar: en el movimiento obrero indio las mujeres desempeñan un papel protagonista que va a contrapelo de una sociedad que, además de capitalista, arrastra todas las lacras de un pasado feudal. Ahora que aquí estamos en vísperas de otra farsa de “huelga general” para el 8 de marzo, es necesario tenerlo muy presente porque es la diferencia entre una movilización de la mujer proletaria en India frente a la de la mujer burguesa en España.

    En India la mitad de la población, 680 millones de parias, no tiene absolutamente nada: ni alimento, ni alojamiento, ni agua, ni electricidad, ni educación, ni sanidad... La mitad de ellos son trabajadores empleados en el “mercado negro” o sector informal, es decir, privados de toda clase de derechos, por no decir que en pleno siglo XXI trabajan en condiciones similares a la esclavitud.

    Si alguien está pensando en descanso, vacaciones, salario mínimo, seguro, accidentes y cualquier otra condición laboral parecida, que se olvide. El sector informal en India es la mitad del Producto Interior Bruto y en 2002 la Comisión Nacional del Trabajo admitía que ese es el futuro para toda la clase obrera india: el mercado negro.

    El dato fundamental para entender la situación es el siguiente: sólo un 4 por ciento de los trabajadores indios está afiliado a un sindicato, lo cual marca la diferencia con los sindicatos españoles, absolutamente podridos y domesticados. Si como hacen aquí, los sindicatos indios lucharan exclusivamente por los intereses propios o de una minoría privilegiada de trabajadores, las huelgas generales multitudiarias no hubieran sido posibles.

    Es la diferencia entre un sindicato de clase y un sindicato amarillo. Los primeros defienden los intereses de toda una clase, no solamente de una parte de ella, y menos de una parte privilegiada. Una huelga no es para que paren los fijos mientras trabajan los eventuales. Tampoco paren los talleres mientras la administración sigue funcionando. En una huelga obrera no hay servicios mínimos. En una huelga obrera para todo el mundo, incluidos los parados, y para ello se hacen llamamientos dirigidos a los barrios, los vecinos, los jóvenes, los jubilados, los estudiantes...

    Otra cosa distinta es que los sindicatos amarillos traten de que los trabajadores sean derrotados para que que cunda la desmoralización y seguir culpando a los trabajadores de algo que sólo es responsabilidad de los (des)organizadores, como viene ocurriendo en España.




    Más información:
    - Segundo día de huelga general contra la política económica del gobierno indio

    - Una manifestación de 150 millones de trabajadores
    - 2.000 trabajadores de la automoción que están en huelga han sido detenidos por la policía india
    - Un tribunal prohibe la huelga de los 9.000 trabajadores del metro de Delhi
    - La huelga de los obreros parias de la India paraliza varias ciudades 
    - Unos 48.000 trabajadores pierden la vida cada año en India en sus puestos de trabajo
    - Más 400.000 obreros del té se declaran en huelga en India 
    - Los transgénicos conducen al suicidio a 300.000 campesinos en India
    - El campesinado hindú contra Coca-Cola
    - Los millonarios británicos compran niños en India para esclavizarlos



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    Este 10 de enero de 2019 se cumplen cinco años desde que el barrio burgalés se levantó en armas contra el proyecto del bulevar de la calle Vitoria. La revolución popular acabó en revuelta callejera pero convertida en un referente de la protesta ciudadana

    Los antecedentes estaban ahí, frescos aún en la memoria de la ciudad. Gamonal ya se ha había levantado en 2005 contra la construcción de un aparcamiento subterráneo en Eladio Perlado. Sin embargo, a casi nadie se le pasó por la cabeza que el proyecto del bulevar de la calle Vitoria, en el que se incluía un aparcamiento, iba a acabar del mismo modo, con una sublevación popular reconvertida en revuelta callejera. Y mucho menos que Gamonal ascendería a referente de la protesta ciudadana.

    Todo comenzó con una movilización pacífica de los vecinos del barrio burgalés, cuando aquel 10 de enero de 2014 se iniciaban las obras para transformar la calle Vitoria en un bulevar de dos carriles de circulación, con amplias aceras, zonas ajardinadas y espacios infantiles. En el subsuelo se iba a construir un aparcamiento, con 254 plazas de garaje, que saldrían a un precio de 19.200 euros, pero no de venta sino de concesión a 40 años.

    El proyecto no convencía a los vecinos, quienes consideraban que no era el momento de invertir 8 millones de euros en una reforma que iba a mejorar muy poco la calidad de vida del barrio y que, además, no solucionaría el principal problema: la falta de aparcamiento. Al contrario, lo agravaba. Y así se lo habían expresado al Ayuntamiento de Burgos, a través de solicitud de reuniones, pero sin éxito. Así que en la tarde de aquel viernes de enero, desafiando al frío, salieron a la calle a protestar.

    Y lo que empezó como una manifestación pacífica acabó en batalla campal. Con la calle Vitoria en obras, y una importante zanja a la altura de San Bruno, que sería epicentro de futuras concentraciones y donde nacería el #efectogamonal, la noche del 10 al 11 de enero fue la primera de cuatro sesiones consecutivas de disturbios.

    Contenedores en llamas volcados en mitad de la calle; mobiliario urbano destrozado; lunas de entidades bancarias reventadas; piedras y botellas volando; carreras y detenciones policiales... La calma llegó de madrugada, pero a primerísima hora de la mañana ya había vecinos en la “zona cero”, para impedir la entrada de las máquinas de la adjudicataria de las obras, la UTE Bulevar Calle Vitoria (formada por Copsa y Aroasa, esta última propiedad de Arranz Acinas).

    En esa “zona cero” fue donde, en días sucesivos, se iba informando a los vecinos sobre la revuelta: los detenidos, las reacciones del Ayuntamiento, las acciones de protesta a llevar a cabo. Se hicieron manifestaciones hasta la Comisaría de Burgos para exigir la liberación de los detenidos (cuya cifra alcanzó el medio centenar durante todos los disturbios) y, como ocurriese el primer día, al finalizar las mismas en la calle Vitoria volvían los altercados.

    Con Burgos convertido en el foco de la noticia, incluso internacional, el alcalde Javier Lacalle salió a los medios de comunicación el domingo, condenando la violencia y ratificándose en la intención del Ayuntamiento de continuar con el proyecto. Y Gamonal volvió a registrar disturbios esa noche del 12 de enero. También la del lunes 13 y, ya el martes, el alcalde tuvo que claudicar y paralizar temporalmente las obras para abrir un periodo de reflexión, afirmó..

    Para entonces, el #efectogamonal era ya era imparable. Burgos seguía abriendo informativos, ocupando portadas de periódicos y ofreciéndose como modelo del hartazgo ciudadano ante una clase política que, en plena crisis económica, no tenía problemas en recortar servicios y acusar a los ciudadanos de vivir por encima de sus posibilidades, mientras proyectaba obras faraónicas con la vista puesta en las elecciones de 2015.

    Así que, finalmente, Javier Lacalle decidía dar carpetado al proyecto del bulevar de la calle Vitoria, decretando el viernes 17 de enero la suspensión definitiva de las obras. “Hemos entendido el mensaje”, afirmaba en su comparecencia a los medios, y pedía que la calma volviese a Gamonal; que los ciudadanos regresasen a sus casas pues las únicas máquinas que iban a volver a entrar en la calle Vitoria lo harían para cerrar la zanja de la discordia.

    Y así sería días más tarde, cuando se comenzaron los trabaos para cerrar la zanja, dando por olvidado un proyecto que le costó al Ayuntamiento 274.000 euros, la cantidad pagada a Copsa y Aroasa en concepto de beneficio industrial. No hubo indemnización por la rescisión unilateral del contrario, y eso que la UTE llevó a pedir más de 1,6 millones de euros, pues esta se ajustaba a derecho.

    A esa cantidad se suman los 240.000 euros de la redacción del proyecto, encargado a MBG Ingeniería y Arquitectura, empresa propiedad de la familia de Antonio Miguel Méndez Pozo (Grupo Promecal, Inmobiliaria Río Vena), socio empresarial en numerosas ocasiones de Copsa, Aroasa y Arranz Acinas, las tres empresas ejecutoras del bulevar.

    https://www.burgosconecta.es/burgos/bulevar-revolucion-popular-20190110170548-nt.html

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    Recién llegado al cargo el 1 de enero, Bolsonaro ha apoyado la supresión del Ministerio de Trabajo y del Ministerio de Cultura de Brasil, que ya no será una prioridad. Las tareas del Ministerio de Trabajo se dividirán entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Justicia. La política cultural será responsabilidad del Departamento de Ciudadanía.

    También ha suprimido el aumento automático del salario mínimo brasileño, introducido por Lula en 2007. El 1 de enero Bolsonaro firmó un decreto que fija el salario mínimo para 2019 en 233 euros, que es inferior a lo que el Parlamento había previsto cuando se votó el presupuesto.

    El gobierno también está preparando nuevas reformas que desregulan la legislación laboral, ya iniciadas bajo la presidencia de Temer, que sustituyó a Dilma Roussef tras su destitución en 2016, y una reforma del sistema de pensiones. También se anuncia la privatización total de Eletrobras, la empresa eléctrica nacional.

    El primer ministro Onyx Lorenzoni ha indicado que quiere una “limpieza” ideológica de la administración pública para ahuyentar a todo el personal sospechoso de estar demasiado cerca de la izquierda. Según él, se trata de “despetar” Brasil, una expresión que procede de las siglas PT, el partido de Lula.

    Esta depuración no se aplica a los políticos reaccionarios involucrados en casos de corrupción, a pesar de que Bolsonaro llegó al poder gracias a la ola contra la corrupción lanzada en 2014. Se acusa al propio Primer Ministro de haber recibido en dos ocasiones financiación ilegal para sus campañas electorales de la multinacional agroalimentaria JBS, una de las empresas más implicadas en los escándalos de corrupción. Pero Bolsonaro le ha confirmdo al frente de un gobierno que no ha tenido tantos militares desde el fin de la dictadura.

    Bolsonaro también ha comenzado a atacar directamente a las poblaciones indígenas y los derechos de los trabajadores. Ha transferido la jurisdicción sobre las tierras indígenas al Ministerio de Agricultura, que antes era competencia de la Fundación Nacional Indígena (Funai). Esta institución fue la encargada de cartografiar y proteger las tierras tradicionalmente habitadas y utilizadas por las comunidades indígenas, que suman 900.000 personas.

    Sometidas a una protección especial, estas tierras no podían ser ocupadas por la agroindustria o deforestadas, ni tampoco se podían excavar minas. Por lo tanto, la transferencia de competencias al Ministerio de Agricultura representa una amenaza directa para los pueblos indígenas.

    La nueva Ministra de Agricultura, Tereza Cristina (una de las dos únicas mujeres en el gobierno), es una firme defensora de los intereses de los agronegocios. Era la dirigente de un grupo de grandes terratenientes (“ruralistas”) en el Parlamento brasileño, que había apoyado la candidatura de Bolsonaro.

    No se espera, pues, ninguna nueva demarcación de tierras indígenas durante esta legislatura.

    El derecho a la tierra de los pueblos indígenas brasileños está garantizado por la Constitución de 1988, que fue aprobada tras el fin de la dictadura militar. “Si somos los primeros en ser atacados, debemos ser los primeros en reaccionar. Si hemos resistido hasta ahora, no vanos a retroceder ahora”, dijo Sonia Guajajara, una militante indígena brasileña que se postuló en octubre para la vicepresidencia del partido de izquierda PSOL.

    Finalmente, Bolsonaro ha declarado que liberalizará el porte de armas por simple decreto, sin pasar por el Parlamento. Fue una de sus promesas de campaña. El país ya tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo y es también uno de los lugares donde hay más defensores de los derechos humanos y ecologistas asesinados: 63.880 homicidios se cometieron en Brasil en 2017, es decir, 175 diarios.

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