Una vez más, y son ya incontables, el expolicía José Amedo volvió ayer [2011] por sus fueros. Se trataba, en esta ocasión, del juicio contra el que fuera jefe superior de Policía de Bilbao Miguel Planchuelo, acusado de haber financiado en 1986 los ametrallamientos de los bares Batxoki y La Consolation, en el sur de Francia, en los que se produjeron seis heridos graves, los mismos atentados de los GAL por los que Amedo y Domínguez fueron condenados en 1991 a 108 años de prisión. El fiscal pide su absolución, pero la acción popular reclama 114 años de prisión por seis asesinatos frustrados, entre otros delitos.
Este caso fue reabierto por el juez Garzón a raíz de una declaración de Amedo en diciembre de 1994 en la que acusaba a Planchuelo -su jefe directo- de haber pagado los gastos de su viaje a Portugal para reclutar a los tres mercenarios portugueses -Antonio Jorge Ferreira Cisneros, Paulo Figueredo Fontes y Rogerio Carvalho da Silva- que realizaron los ametrallamientos.
Ayer, Amedo, sin embargo, hizo todo lo posible para que Planchuelo sea absuelto. Insistió varias veces en que su antiguo jefe nunca tuvo conocimiento de los atentados contra los dos bares franceses y -en contra lo que había declarado anteriormente- aseguró que tampoco financió su viaje a Lisboa para captar a los portugueses ni aportó el dinero que estos recibieron por su participación. Aseguró que el dinero venía de Madrid.
Defendió que su viaje a Lisboa tenía como finalidad crear una red de información en Portugal porque ETA pretendía constituir allí una base logística. Sin embargo, luego indicó que se trajo a los tres mercenarios portugueses para formar una red de información en Francia, pero que por instrucciones desde Madrid emplearon a los portugueses para realizar atentados.
Preguntado si en otoño de 1983 planearon crear los GAL, Amedo contestó: “Ningún mando policial se hubiese metido si no hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González[entonces presidente del Gobierno], del ministro Barrionuevo y del señor Sancristóbal [director de la Seguridad del Estado], con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE como el señor Damborenea, Txiki Benegas y Ramón Jáuregui[actual ministro de Presidencia]”.
Amedo, con los ademanes chulescos que le han hecho célebre, llegó a decir que su declaración de 1994 -cuando se autoinculpó del secuestro de Segundo Marey, acusó a la cúpula del Ministerio del Interior de estar detrás de los GAL y a Planchuelo de la financiación de los atentados en los bares Batxoki y La Consolation- no fue voluntaria. Indicó que Michel Domínguez y él fueron presionados por el juez Garzón, que quería ajustar cuentas por no haber sido nombrado ministro. Explicó que, reunidos en el hotel Eurobuilding con el juez y el director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, se les dijo que si no colaboraban y denunciaban a sus jefes, Garzón metería en la cárcel a las esposas de ambos por los 200 millones de las antiguas pesetas que se les había pagado por su silencio desde [el Ministerio de] Interior, con fondos reservados, y ellas habían ingresado en Suiza.
Planchuelo mantuvo un perfil bajo en su declaración y aseguró que conoció “por la prensa” los atentados del Batxoki y La Consolation y negó haberlos financiado. Y no los investigó porque ocurrieron en Francia. Lo único que reconoció fue su participación en el secuestro de Segundo Marey (1983), caso por el que ya fue condenado a nueve años de prisión en el Tribunal Supremo, al igual que la cúpula del Ministerio del Interior. Señaló que el País Vasco “era un caos” por aquellas fechas, “con un muerto hoy y otro mañana”. Estaba secuestrado el capitán de Farmacia José Luis Martín Barrios y por eso el Gobierno autorizó que los GEO realizaran un secuestro -el del etarra Larretxea- para intentar canjearlo y salvar la vida de Martín Barrios. “Aquello no fue posible y nos quedamos con Marey”, concluyó Planchuelo. Este insistió en que nunca autorizó la contratación de mercenarios, sino que fue una decisión de la Dirección General de Policía, a cuyo frente estaba Rafael del Río.
Preguntado si había proporcionado dinero a Amedo para financiar a los mercenarios, Planchuelo respondió: “En absoluto”. Y explicó que el entonces subcomisario había recibido tres paquetes con dinero desde Madrid para ese fin.
Tanto Sancristóbal, como Francisco Álvarez, ex jefe policial de la lucha antiterrorista, y Ricardo García Damborenea, que declararon como testigos, exculparon a Planchuelo de toda relación con los atentados o su financiación.
Este caso fue reabierto por el juez Garzón a raíz de una declaración de Amedo en diciembre de 1994 en la que acusaba a Planchuelo -su jefe directo- de haber pagado los gastos de su viaje a Portugal para reclutar a los tres mercenarios portugueses -Antonio Jorge Ferreira Cisneros, Paulo Figueredo Fontes y Rogerio Carvalho da Silva- que realizaron los ametrallamientos.
Ayer, Amedo, sin embargo, hizo todo lo posible para que Planchuelo sea absuelto. Insistió varias veces en que su antiguo jefe nunca tuvo conocimiento de los atentados contra los dos bares franceses y -en contra lo que había declarado anteriormente- aseguró que tampoco financió su viaje a Lisboa para captar a los portugueses ni aportó el dinero que estos recibieron por su participación. Aseguró que el dinero venía de Madrid.
Defendió que su viaje a Lisboa tenía como finalidad crear una red de información en Portugal porque ETA pretendía constituir allí una base logística. Sin embargo, luego indicó que se trajo a los tres mercenarios portugueses para formar una red de información en Francia, pero que por instrucciones desde Madrid emplearon a los portugueses para realizar atentados.
Preguntado si en otoño de 1983 planearon crear los GAL, Amedo contestó: “Ningún mando policial se hubiese metido si no hubiésemos tenido la certeza de que fue una decisión de Felipe González[entonces presidente del Gobierno], del ministro Barrionuevo y del señor Sancristóbal [director de la Seguridad del Estado], con la anuencia y el consentimiento de cargos políticos del PSOE como el señor Damborenea, Txiki Benegas y Ramón Jáuregui[actual ministro de Presidencia]”.
Amedo, con los ademanes chulescos que le han hecho célebre, llegó a decir que su declaración de 1994 -cuando se autoinculpó del secuestro de Segundo Marey, acusó a la cúpula del Ministerio del Interior de estar detrás de los GAL y a Planchuelo de la financiación de los atentados en los bares Batxoki y La Consolation- no fue voluntaria. Indicó que Michel Domínguez y él fueron presionados por el juez Garzón, que quería ajustar cuentas por no haber sido nombrado ministro. Explicó que, reunidos en el hotel Eurobuilding con el juez y el director de El Mundo, Pedro J.Ramírez, se les dijo que si no colaboraban y denunciaban a sus jefes, Garzón metería en la cárcel a las esposas de ambos por los 200 millones de las antiguas pesetas que se les había pagado por su silencio desde [el Ministerio de] Interior, con fondos reservados, y ellas habían ingresado en Suiza.
Planchuelo mantuvo un perfil bajo en su declaración y aseguró que conoció “por la prensa” los atentados del Batxoki y La Consolation y negó haberlos financiado. Y no los investigó porque ocurrieron en Francia. Lo único que reconoció fue su participación en el secuestro de Segundo Marey (1983), caso por el que ya fue condenado a nueve años de prisión en el Tribunal Supremo, al igual que la cúpula del Ministerio del Interior. Señaló que el País Vasco “era un caos” por aquellas fechas, “con un muerto hoy y otro mañana”. Estaba secuestrado el capitán de Farmacia José Luis Martín Barrios y por eso el Gobierno autorizó que los GEO realizaran un secuestro -el del etarra Larretxea- para intentar canjearlo y salvar la vida de Martín Barrios. “Aquello no fue posible y nos quedamos con Marey”, concluyó Planchuelo. Este insistió en que nunca autorizó la contratación de mercenarios, sino que fue una decisión de la Dirección General de Policía, a cuyo frente estaba Rafael del Río.
Preguntado si había proporcionado dinero a Amedo para financiar a los mercenarios, Planchuelo respondió: “En absoluto”. Y explicó que el entonces subcomisario había recibido tres paquetes con dinero desde Madrid para ese fin.
Tanto Sancristóbal, como Francisco Álvarez, ex jefe policial de la lucha antiterrorista, y Ricardo García Damborenea, que declararon como testigos, exculparon a Planchuelo de toda relación con los atentados o su financiación.
Fuente: El País, 5 de abril de 2011
