Después de varias décadas de litigios judiciales contra los indios, el gobierno de Estados Unidos ha tenido que reconocer la deuda histórica hacia 41 tribus norteamericanas autóctonas y ha firmado varios acuerdos para evitar ser condenado por los tribunales.
El último de los acuerdos, firmado en Nuevo México, admite el pago de una deuda de más de 1.000 millones de dólares, acumulada a lo largo de un siglo y cuyos beneficiarios son tribus indígenas localizadas en diferentes estados federales.
Entre las 41 tribus favorecidas por la millonaria indemnización, en cuyo reconocimiento actuó el Departamento del Tesoro, se cuentan los apaches, siux, oglala, zuni, navajos y otros.
Las indemnizaciones son muy cuantiosas porque la población indígena está representada en la actualidad por menos de dos millones de habitantes en todo el país. En la actualidad el gobierno tiene convenios con un total de 565 tribus.
De acuerdo con normas vigentes desde 1888, a través de un fideicomiso el Departamento del Interior administra cerca de 20 millones de hectáreas de tierras pertenecientes a reservas indígenas. Es una expropiación encubierta porque a su vez el gobierno central adjudicó las tierras a 100.000 contratistas para su uso como vivienda, explotaciones madereras, agricultura, ganadería y extracción de petróleo y gas, entre otros.
En virtud de los acuerdos, Washington reconoce una deficiente gestión de dicho fondo fiduciario. Sólo durante 2011 el fondo administró recursos cercanos a los 4.000 millones de dólares, los cuales generaron ingresos del orden de los 1.000 millones de dólares.
Para mejorar la administración de dichos terrenos, recientemente el Departamento del Interior ha tenido que imponer sanciones millonarias, especialmente a compañías petroleras, responsables de liquidar inadecuadamente el pago de tributos.
Además hay interpuestas varias denuncias ante los tribunales para que se reconozca el exterminio de 80 a 100 millones de indios desde los tiempos de la llegada de los colonos españoles a Florida.
El último de los acuerdos, firmado en Nuevo México, admite el pago de una deuda de más de 1.000 millones de dólares, acumulada a lo largo de un siglo y cuyos beneficiarios son tribus indígenas localizadas en diferentes estados federales.
Entre las 41 tribus favorecidas por la millonaria indemnización, en cuyo reconocimiento actuó el Departamento del Tesoro, se cuentan los apaches, siux, oglala, zuni, navajos y otros.
Las indemnizaciones son muy cuantiosas porque la población indígena está representada en la actualidad por menos de dos millones de habitantes en todo el país. En la actualidad el gobierno tiene convenios con un total de 565 tribus.
De acuerdo con normas vigentes desde 1888, a través de un fideicomiso el Departamento del Interior administra cerca de 20 millones de hectáreas de tierras pertenecientes a reservas indígenas. Es una expropiación encubierta porque a su vez el gobierno central adjudicó las tierras a 100.000 contratistas para su uso como vivienda, explotaciones madereras, agricultura, ganadería y extracción de petróleo y gas, entre otros.
En virtud de los acuerdos, Washington reconoce una deficiente gestión de dicho fondo fiduciario. Sólo durante 2011 el fondo administró recursos cercanos a los 4.000 millones de dólares, los cuales generaron ingresos del orden de los 1.000 millones de dólares.
Para mejorar la administración de dichos terrenos, recientemente el Departamento del Interior ha tenido que imponer sanciones millonarias, especialmente a compañías petroleras, responsables de liquidar inadecuadamente el pago de tributos.
Además hay interpuestas varias denuncias ante los tribunales para que se reconozca el exterminio de 80 a 100 millones de indios desde los tiempos de la llegada de los colonos españoles a Florida.
