¿Se acuerdan de las mafias chinas en España?, ¿de la Operación Emperador que salió por la tele y ya no ha vuelto salir nunca más? Ha dejado de ser noticia cuando se ha puesto más caliente, porque en las mafias chinas no todos son chinos. Por medio siempre aparece algún policía. En aquel caso apareció el comisario Carlos Santamaría Vilches, aunque nadie habló de ello. Todo normal.
Entonces el comisario era responsable del aeropuerto de Barajas y ahora es miembro de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
El asunto pasó a manos de la Audiencia Nacional, o mejor dicho a las garras de Ismael Moreno, un juez que fue cocinero antes que fraile, es decir, que fue policía antes que juez. Pero como es amiguete del comisario, pasó de unas manos a otras, hasta que en noviembre del año pasado la Audiencia Nacional dictó un auto sorprendente en el que exoneraba al comisario de toda sospecha en unos términos que dejan en evidencia los entresijos policiales y judiciales al más alto nivel.
La resolución tenía diez páginas y no es la típica y aburrida literatura judicial. Reconocía las “lagunas y los fallos” de una investigación “hiperbólica, carente de sentido y con vocación prospectiva”. Hablaba de un “relato de relaciones personales intrascendentes a efectos de responsabilidad penal”, además de incidir en la “inocuidad de los datos” aportados. Otra chapuza de la policía, vamos.
Según la Audiencia Nacional, aquella investigación la llevaron a cabo distintos organismos del Estado “confabulados para desactivar a un Comisario de Policía molesto a sus intereses”. La Unidad de Asuntos Internos encargada del caso presentó como investigación propia lo que solo es un “cocinado” a modo de análisis teórico de las llamadas del comisario Salamanca, que en su día la UDYCO ya había investigado profusamente. Era la investigación de la investigación. La investigación al cuadrado.
La decisión judicial no tiene desperdicio: la policía había pretendido “utilizar el poder que le otorga su puesto para conseguir unos fines personales de oscuros intereses”.
Por lo tanto, si no se ha investigado nada, no puede haber pruebas y la Audiencia Nacional debe dirigir sus pasos sólo contra los chinos. Pero como las altas instancias están a la greña, divididos en camarillas, el fiscal se empeña contra el comisario y lleva el asunto al Tribunal Supremo, que acaba de liberar al comisario de toda clase de cargos por segunda vez.
La policía no sólo persigue injustamente a los que enaltecen el terrorismo, sino que incluso los propios policías son víctimas de sí mismos. Como nosotros somos inconformistas, no podemos estar de acuerdo con que en un Estado de Desecho ocurran este tipo de cosas, y menos en el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Alguien tiene que pagar el pato. Si es cierto lo que dicen los magistrados, que ha habido una “confabulación” cocinada en contra alguien “molesto a sus intereses”, los fabulantes deberán responder de sus actos.
Imagínense el panorama: si la policía se confabula contra la policía, lo que no se confabularán contra Ustedes y contra nosotros que somos mucho más “molestos a sus intereses”. La palabras “intereses” aparece demasiado en esa decisión de la Audiencia Nacional como para echar tierra encima de lo que ha ocurrido. Si, además, esos intereses los califican como de tipo “personal” o como “oscuros” es para echarse a temblar. ¿No deberían los policías aclarar esos intereses que ahora mismo son tan oscuros?, ¿no deberían los policías volver a investigar los policías?
Las cosas no pueden quedar así. Aquí no puede haber paz y después gloria. Recapitulemos el asunto: la policía ha investigado a la policía y ahora lo que exigimos nosotros es que la policía investigue a la policía que investigó a la policía.
Entonces el comisario era responsable del aeropuerto de Barajas y ahora es miembro de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía.
El asunto pasó a manos de la Audiencia Nacional, o mejor dicho a las garras de Ismael Moreno, un juez que fue cocinero antes que fraile, es decir, que fue policía antes que juez. Pero como es amiguete del comisario, pasó de unas manos a otras, hasta que en noviembre del año pasado la Audiencia Nacional dictó un auto sorprendente en el que exoneraba al comisario de toda sospecha en unos términos que dejan en evidencia los entresijos policiales y judiciales al más alto nivel.
La resolución tenía diez páginas y no es la típica y aburrida literatura judicial. Reconocía las “lagunas y los fallos” de una investigación “hiperbólica, carente de sentido y con vocación prospectiva”. Hablaba de un “relato de relaciones personales intrascendentes a efectos de responsabilidad penal”, además de incidir en la “inocuidad de los datos” aportados. Otra chapuza de la policía, vamos.
Según la Audiencia Nacional, aquella investigación la llevaron a cabo distintos organismos del Estado “confabulados para desactivar a un Comisario de Policía molesto a sus intereses”. La Unidad de Asuntos Internos encargada del caso presentó como investigación propia lo que solo es un “cocinado” a modo de análisis teórico de las llamadas del comisario Salamanca, que en su día la UDYCO ya había investigado profusamente. Era la investigación de la investigación. La investigación al cuadrado.
La decisión judicial no tiene desperdicio: la policía había pretendido “utilizar el poder que le otorga su puesto para conseguir unos fines personales de oscuros intereses”.
Por lo tanto, si no se ha investigado nada, no puede haber pruebas y la Audiencia Nacional debe dirigir sus pasos sólo contra los chinos. Pero como las altas instancias están a la greña, divididos en camarillas, el fiscal se empeña contra el comisario y lleva el asunto al Tribunal Supremo, que acaba de liberar al comisario de toda clase de cargos por segunda vez.
La policía no sólo persigue injustamente a los que enaltecen el terrorismo, sino que incluso los propios policías son víctimas de sí mismos. Como nosotros somos inconformistas, no podemos estar de acuerdo con que en un Estado de Desecho ocurran este tipo de cosas, y menos en el Ministerio del Interior, la Fiscalía y la Audiencia Nacional. Alguien tiene que pagar el pato. Si es cierto lo que dicen los magistrados, que ha habido una “confabulación” cocinada en contra alguien “molesto a sus intereses”, los fabulantes deberán responder de sus actos.
Imagínense el panorama: si la policía se confabula contra la policía, lo que no se confabularán contra Ustedes y contra nosotros que somos mucho más “molestos a sus intereses”. La palabras “intereses” aparece demasiado en esa decisión de la Audiencia Nacional como para echar tierra encima de lo que ha ocurrido. Si, además, esos intereses los califican como de tipo “personal” o como “oscuros” es para echarse a temblar. ¿No deberían los policías aclarar esos intereses que ahora mismo son tan oscuros?, ¿no deberían los policías volver a investigar los policías?
Las cosas no pueden quedar así. Aquí no puede haber paz y después gloria. Recapitulemos el asunto: la policía ha investigado a la policía y ahora lo que exigimos nosotros es que la policía investigue a la policía que investigó a la policía.
