La corrupción no está sólo en la alta política sino que ha impregnado todas las oficinas públicas. Hoy se celebra en Oviedo un juicio contra el Comisario Jefe Principal de la Policía Local, acusado de eliminar un atestado de tráfico para favorecer al culpable de un atropello.
Los hechos ocurrieron en 2012. El jefe de la Policía Local recibió en su comisaría al propietario de una furgoneta que estaba en el depósito municipal inmovilizada por decisión de los policías que extendieron el atestado en el que se había intervenido el vehículo como instrumento de sendos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y otro por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia, además de haber atropellado a un peatón.
Para favorecer al acusado, el jefe de policía dio la orden de que el atestado no se enviara al Juzgado, eliminando de este modo cualquier posibilidad de investigación de los hechos.
Al mismo tiempo, ordenó a un policía que borrara de los registros las huellas de lo que había ocurrido, haciendo para ello el apaño que fuese preciso. El subordinado ocultó con cinta correctora los datos que se querían eliminar de los libros y escribió sobre el nuevo espacio en blanco en el tipo de delito "Atropello" y, en observaciones, “Peatón renuncia a curarse”.
Cuando la Fiscalía preguntó a la Policía Local en qué Juzgado de Instrucción habían presentado el atestado y que le enviaran una copia certificada del acuse de recibo del mismo, la policía local volvió a falsificar los papeles, enviando copia de una supuesta diligencia de archivo del atestado, sin fecha, confeccionada con la exclusiva finalidad de dar aparente cobertura al apaño y en la que se decía que se archivaba por considerar insalvables las irregularidades cometidas, "continuándose por la vía administrativa la tramitación de las infracciones a la normativa de tráfico que pudiera haber cometido el conductor implicado".
Es decir, por arte de magia la policía reconvertía un delito en una multa de tráfico. Pero el expediente sancionador era otra comedia policial. Constaba únicamente de cuatro folios: el primero, el boletín de denuncia extendido el día 13 de enero de 2012; el segundo, la copia de la diligencia de archivo del atestado, sin fecha; el tercero: la liquidación de tasas de fecha 19 de enero de 2012, junto con un parte de régimen interior de la misma fecha firmado por el agente, dejando constancia de haberse recibido la orden del Comisario Jefe de la Policía Local de devolución de la furgoneta; y el cuarto, la liquidación de la sanción con fecha 4 de junio de 2012.
Los hechos ocurrieron en 2012. El jefe de la Policía Local recibió en su comisaría al propietario de una furgoneta que estaba en el depósito municipal inmovilizada por decisión de los policías que extendieron el atestado en el que se había intervenido el vehículo como instrumento de sendos delitos contra la seguridad vial: uno por conducir bajo la influencia de las bebidas alcohólicas y otro por negarse a someterse a las pruebas de alcoholemia, además de haber atropellado a un peatón.
Para favorecer al acusado, el jefe de policía dio la orden de que el atestado no se enviara al Juzgado, eliminando de este modo cualquier posibilidad de investigación de los hechos.
Al mismo tiempo, ordenó a un policía que borrara de los registros las huellas de lo que había ocurrido, haciendo para ello el apaño que fuese preciso. El subordinado ocultó con cinta correctora los datos que se querían eliminar de los libros y escribió sobre el nuevo espacio en blanco en el tipo de delito "Atropello" y, en observaciones, “Peatón renuncia a curarse”.
Cuando la Fiscalía preguntó a la Policía Local en qué Juzgado de Instrucción habían presentado el atestado y que le enviaran una copia certificada del acuse de recibo del mismo, la policía local volvió a falsificar los papeles, enviando copia de una supuesta diligencia de archivo del atestado, sin fecha, confeccionada con la exclusiva finalidad de dar aparente cobertura al apaño y en la que se decía que se archivaba por considerar insalvables las irregularidades cometidas, "continuándose por la vía administrativa la tramitación de las infracciones a la normativa de tráfico que pudiera haber cometido el conductor implicado".
Es decir, por arte de magia la policía reconvertía un delito en una multa de tráfico. Pero el expediente sancionador era otra comedia policial. Constaba únicamente de cuatro folios: el primero, el boletín de denuncia extendido el día 13 de enero de 2012; el segundo, la copia de la diligencia de archivo del atestado, sin fecha; el tercero: la liquidación de tasas de fecha 19 de enero de 2012, junto con un parte de régimen interior de la misma fecha firmado por el agente, dejando constancia de haberse recibido la orden del Comisario Jefe de la Policía Local de devolución de la furgoneta; y el cuarto, la liquidación de la sanción con fecha 4 de junio de 2012.
Son las cosas que tiene el Estado de Desecho.
