El gobierno de Rajoy pretende llegar al final de su mandato con una nueva herramienta lista para vigilar internet y las redes sociales por medio de la huella digital. Dos empresas, Indra y Accenture, compiten por la adjudicación del ordenador que almacenará los datos que circulan por internet.
El 7 de mayo se reunió la mesa de contratación creada para el “desarrollo e implantación del Sistema de Registro de Nombre de Pasajeros” (PNR), el plan europeo para prevenir actos terroristas en el transporte bajo el que el Ministerio del Interior cobija la búsqueda de sospechosos por su procedencia u origen social.
En el pliego de convocatoria del concurso, la Secretaría de Estado de Seguridad explica que pretende contar antes de que acabe el año con una herramienta informática que cruce al instante miles de datos de una persona para detectar a los que, por su “perfil demográfico y sociológico”, pudieran estar planeando un acto terrorista.
La concesión asciende a un total de 1,6 millones de euros, IVA incluido. Pero el proyecto tiene una gran importancia estratégica. Indra es una empresa en la que el Estado tiene un 20 por ciento del capital y está tutelada por el Ministerio de Defensa. En los últimos tiempos ha estado envuelta en varias tramas de corrupción.
Fue adjudicataria de un concurso de la Comunidad de Madrid en el que jueces de Madrid cobraban de la empresa por asesorar en un proyecto. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial echó tierra encima de tan feo asunto: los magistrados no son los cometen los delitos sino los que los castigan.
Por otra parte, uno de los imputados en la trama de corrupción conocida como 'Púnica', el antiguo consejero general de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás declaró ante el juez que el número dos del gobierno regional, Salvador Victoria, le había ordenado que pidiera a Indra satisfacer en negro un pago de 10.000 euros a uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro.
Cualquiera que sea la adjudicataria, recibirá unas instrucciones muy precisas sobre lo que busca el Ministerio del Interior, que en su pliego de 58 páginas indica que deberá “captar información” de las siguientes redes sociales: Twitter, Google Plus, Linkedln, Tumblr, Instagram y Flickr. Curiosamente, el Ministerio de la Porra deja fuera a Facebook, la primera red social del mundo por número de usuarios. También deberá obtener información de foros, blogs y “páginas genéricas”. Junto a ellas, lo que llama “fuentes multimedia de vídeo”: YouTube, Vimeo y LiveLeak. Y buscadores: Google, Bing, Yahoo y Duck Duck Go.
Además de la procedencia de la información, el Ministerio del Interior pide que se consigan los metadatos de los contenidos multimedia, los nick con los que se registran los usuarios e, incluso, los comentarios que generan. Todos estos datos almacenados no desparecerán con el paso del tiempo. “El sistema deberá extraer información de forma continua de las fuentes soportadas, de forma que pueda crearse un histórico de información”, señala el Ministerio.
En la mesa de contratación participa el número dos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el comisario Miguel Ángel Barrado. El CITCO es una megaestructura nacida recientemente de la fusión de los centros que aglutinaban y analizaban, por separado, la información de las Fuerzas de Seguridad sobre terrorismo y crimen organizado.
El 7 de mayo se reunió la mesa de contratación creada para el “desarrollo e implantación del Sistema de Registro de Nombre de Pasajeros” (PNR), el plan europeo para prevenir actos terroristas en el transporte bajo el que el Ministerio del Interior cobija la búsqueda de sospechosos por su procedencia u origen social.
En el pliego de convocatoria del concurso, la Secretaría de Estado de Seguridad explica que pretende contar antes de que acabe el año con una herramienta informática que cruce al instante miles de datos de una persona para detectar a los que, por su “perfil demográfico y sociológico”, pudieran estar planeando un acto terrorista.
La concesión asciende a un total de 1,6 millones de euros, IVA incluido. Pero el proyecto tiene una gran importancia estratégica. Indra es una empresa en la que el Estado tiene un 20 por ciento del capital y está tutelada por el Ministerio de Defensa. En los últimos tiempos ha estado envuelta en varias tramas de corrupción.
Fue adjudicataria de un concurso de la Comunidad de Madrid en el que jueces de Madrid cobraban de la empresa por asesorar en un proyecto. Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial echó tierra encima de tan feo asunto: los magistrados no son los cometen los delitos sino los que los castigan.
Por otra parte, uno de los imputados en la trama de corrupción conocida como 'Púnica', el antiguo consejero general de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás declaró ante el juez que el número dos del gobierno regional, Salvador Victoria, le había ordenado que pidiera a Indra satisfacer en negro un pago de 10.000 euros a uno de los principales implicados, Alejandro de Pedro.
Cualquiera que sea la adjudicataria, recibirá unas instrucciones muy precisas sobre lo que busca el Ministerio del Interior, que en su pliego de 58 páginas indica que deberá “captar información” de las siguientes redes sociales: Twitter, Google Plus, Linkedln, Tumblr, Instagram y Flickr. Curiosamente, el Ministerio de la Porra deja fuera a Facebook, la primera red social del mundo por número de usuarios. También deberá obtener información de foros, blogs y “páginas genéricas”. Junto a ellas, lo que llama “fuentes multimedia de vídeo”: YouTube, Vimeo y LiveLeak. Y buscadores: Google, Bing, Yahoo y Duck Duck Go.
Además de la procedencia de la información, el Ministerio del Interior pide que se consigan los metadatos de los contenidos multimedia, los nick con los que se registran los usuarios e, incluso, los comentarios que generan. Todos estos datos almacenados no desparecerán con el paso del tiempo. “El sistema deberá extraer información de forma continua de las fuentes soportadas, de forma que pueda crearse un histórico de información”, señala el Ministerio.
En la mesa de contratación participa el número dos del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado, el comisario Miguel Ángel Barrado. El CITCO es una megaestructura nacida recientemente de la fusión de los centros que aglutinaban y analizaban, por separado, la información de las Fuerzas de Seguridad sobre terrorismo y crimen organizado.
