El miércoles de la semana pasada el gobierno del Reino Unido admitió públicamente que sus espías escuchan conversaciones privadas entre los abogados y sus defendidos con el fin de adquirir una posición de ventaja en los litigios ante los tribunales.
“A la vista de las recientes sentencias del Tribunal de Poderes de Investigación (IPT, por sus siglas en inglés), reconocemos que las líneas políticas adoptadas desde 2010 no cumplen del todo los requisitos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en concreto el artículo 8 (derecho a la intimidad)”, dijo un portavoz del Gobierno británico.
El reconocimiento pone en una situación muy incómoda a los responsables británicos, advierte el diario londinense The Guardian.
El pasado 6 de febrero, un tribunal británico dictaminó que el sistema de intercambio de datos personales recolectados por los servicios de Inteligencia, usado durante 7 años por la estadounidense Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ, por sus siglas en inglés), es ilegal.
El IPT se dispone a oír el caso de dos libios, Abdel-Hakim Belhadj y Sami al-Saadi, que fueron secuestrados junto a sus familias en una operación conjunta de la CIA y del Servicio de Inteligencia Secreto británico (conocido como MI6), que los enviaron a la capital libia, Trípoli, donde fueron torturados en 2004.
La directora del departamento legal de la organización londinense Amnistía Internacional, Rachel Logan, ha descrito las actividades de la Inteligencia británica como “nada menos que la violación de un principio fundamental del imperio de la ley”.
El periodista británico Alan Hart denunció al canal iraní en inglés PressTV que el Reino Unido se está convirtiendo en un estado policial. “El espionaje que nos hacen a todos está empeorando cada vez más según pasa el tiempo”, dijo Hart. “Al Gobierno lo han cogido con las manos en la masa, por lo que puede decirse que en realidad no puede sino admitir” sus infracciones.
No obstante, la gravedad del asunto es mayor porque las entrevistas con los abogados están aparadas -o deberían- por el secreto profesional, sin el cual el derecho de defensa también desaparece. Su invocado Estado de Derecho se viene abajo. En su totalidad.
“A la vista de las recientes sentencias del Tribunal de Poderes de Investigación (IPT, por sus siglas en inglés), reconocemos que las líneas políticas adoptadas desde 2010 no cumplen del todo los requisitos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), en concreto el artículo 8 (derecho a la intimidad)”, dijo un portavoz del Gobierno británico.
El reconocimiento pone en una situación muy incómoda a los responsables británicos, advierte el diario londinense The Guardian.
El pasado 6 de febrero, un tribunal británico dictaminó que el sistema de intercambio de datos personales recolectados por los servicios de Inteligencia, usado durante 7 años por la estadounidense Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) y el Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno británico (GCHQ, por sus siglas en inglés), es ilegal.
El IPT se dispone a oír el caso de dos libios, Abdel-Hakim Belhadj y Sami al-Saadi, que fueron secuestrados junto a sus familias en una operación conjunta de la CIA y del Servicio de Inteligencia Secreto británico (conocido como MI6), que los enviaron a la capital libia, Trípoli, donde fueron torturados en 2004.
La directora del departamento legal de la organización londinense Amnistía Internacional, Rachel Logan, ha descrito las actividades de la Inteligencia británica como “nada menos que la violación de un principio fundamental del imperio de la ley”.
El periodista británico Alan Hart denunció al canal iraní en inglés PressTV que el Reino Unido se está convirtiendo en un estado policial. “El espionaje que nos hacen a todos está empeorando cada vez más según pasa el tiempo”, dijo Hart. “Al Gobierno lo han cogido con las manos en la masa, por lo que puede decirse que en realidad no puede sino admitir” sus infracciones.
No obstante, la gravedad del asunto es mayor porque las entrevistas con los abogados están aparadas -o deberían- por el secreto profesional, sin el cual el derecho de defensa también desaparece. Su invocado Estado de Derecho se viene abajo. En su totalidad.
