La Fiscalía de Alicante pide una pena de 5 años de prisión y una multa de 3.600 euros para un policía nacional destinado en la Brigada de Extranjería de la comisaría provincial de Alicante acusado de cobrar a cambio de la expedición de certificados del número de identificación de extranjeros, equivalente al DNI de los nacionales.
La misma condena, igualmente por un delito de cohecho continuado, reclama para dos gestores de la comarca de la Vega Baja que supuestamente sobornaban al policía a fin de evitar que sus clientes, ciudadanos europeos con segundas residencias en la zona de Torrevieja y la costa de Orihuela, tuvieran que viajar a España para obtener en persona los citados documentos, como exige actualmente la ley.
El juicio por estos hechos, registrados en 2011 y 2012, se ha iniciado hoy ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante. Las irregularidades fueron detectadas después de que la responsable de otra gestoría presentase una denuncia.
La legislación requiere que el extranjero solicitante de un número de identificación de extranjeros se presente en persona en comisaría, rellene un formulario y pague una tasa de 9,18 euros. Según la acusación pública, el policía, de 40 años, se concertó con dos gestores para entregarles los documentos de sus clientes extranjeros sin que cumplieran los citados requisitos a cambio de aproximadamente 50 euros por cada certificado.
De esta forma, los gestores ofrecían supuestamente a diferentes establecimientos de gestión inmobiliaria y extranjería la posibilidad de obtener certificados del número de identificación de extranjeros de forma más rápida de lo habitual. Éstos cobraban 100 euros por cada documento, de los que la mitad era para el policía encausado.
Durante el periodo referido el policía grabó en la aplicación informática Adextrra de la comisaría 2.180 certificados con normalidad, y se estima aproximadamente en 270 los número de identificación de extranjeros que grabó irregularmente.
El policía fue detenido en su puesto de trabajo el 27 de marzo de 2012. En una mochila de su propiedad localizaron dos formularios de solicitud de número de identificación de extranjeros y un folio con el número de teléfono de otra acusada. En el registro de su domicilio, ubicado en Aspe, se hallaron, escondidos en la funda de un arma, 9.550 euros procedentes, presuntamente, de las ganancias con su actividad delictiva.
Por su parte, al otro acusado se le intervino una carpeta con documentación y un sobre con tres certificados que el policía le acababa de entregar en un bar situado frente a la comisaría provincial de Alicante. También poseía documentación relativa a la obtención del número de identificación de extranjeros en su vivienda de Torrevieja.
En su declaración ante el juzgado que instruyó esta causa, el policía acusado admitió los cobros por la expedición de los documentos a extranjeros que no se personaron en la comisaría.
La misma condena, igualmente por un delito de cohecho continuado, reclama para dos gestores de la comarca de la Vega Baja que supuestamente sobornaban al policía a fin de evitar que sus clientes, ciudadanos europeos con segundas residencias en la zona de Torrevieja y la costa de Orihuela, tuvieran que viajar a España para obtener en persona los citados documentos, como exige actualmente la ley.
El juicio por estos hechos, registrados en 2011 y 2012, se ha iniciado hoy ante un jurado popular en la Audiencia Provincial de Alicante. Las irregularidades fueron detectadas después de que la responsable de otra gestoría presentase una denuncia.
La legislación requiere que el extranjero solicitante de un número de identificación de extranjeros se presente en persona en comisaría, rellene un formulario y pague una tasa de 9,18 euros. Según la acusación pública, el policía, de 40 años, se concertó con dos gestores para entregarles los documentos de sus clientes extranjeros sin que cumplieran los citados requisitos a cambio de aproximadamente 50 euros por cada certificado.
De esta forma, los gestores ofrecían supuestamente a diferentes establecimientos de gestión inmobiliaria y extranjería la posibilidad de obtener certificados del número de identificación de extranjeros de forma más rápida de lo habitual. Éstos cobraban 100 euros por cada documento, de los que la mitad era para el policía encausado.
Durante el periodo referido el policía grabó en la aplicación informática Adextrra de la comisaría 2.180 certificados con normalidad, y se estima aproximadamente en 270 los número de identificación de extranjeros que grabó irregularmente.
El policía fue detenido en su puesto de trabajo el 27 de marzo de 2012. En una mochila de su propiedad localizaron dos formularios de solicitud de número de identificación de extranjeros y un folio con el número de teléfono de otra acusada. En el registro de su domicilio, ubicado en Aspe, se hallaron, escondidos en la funda de un arma, 9.550 euros procedentes, presuntamente, de las ganancias con su actividad delictiva.
Por su parte, al otro acusado se le intervino una carpeta con documentación y un sobre con tres certificados que el policía le acababa de entregar en un bar situado frente a la comisaría provincial de Alicante. También poseía documentación relativa a la obtención del número de identificación de extranjeros en su vivienda de Torrevieja.
En su declaración ante el juzgado que instruyó esta causa, el policía acusado admitió los cobros por la expedición de los documentos a extranjeros que no se personaron en la comisaría.
