En mayo del año pasado el dirigente del Partido Comunista de Ucrania, Piotr Simonenko, declaró que si fuera jefe de Estado “retiraría inmediatamente todas las tropas” de las regiones orientales del país y calificó la “operación especial” en el este como una “guerra contra el pueblo”.
En respuesta, el entonces presidente en funciones, Alexandr Turchinov, pidió al Ministerio de Justicia inspeccionar la actividad de la organización comunista e insinuó la posibilidad de prohibirla.
Inmediatamente después el Ministerio de Justicia llegó a la conclusión de que el Partido Comunista realizaba una actividad anticonstitucional al apoyar a las milicias de Lugansk y Donetsk.
El 22 de julio los diputados ucranianos autorizaron al presidente del Legislativo a disolver el grupo parlamentario comunista.
El Partido Comunista de Ucrania recurrió ante el Tribunal Administrativo de Kiev que, después de una reunión mantenida ayer se negó a revisar la prohibición de la actividad de los comunistas.
El juez del Tribunal Administrativo, Valeri Kuzmenko, ha justificado su inhibición afirmando que no puede seguir investigando la demanda presentada por el Ministerio de Justicia ucraniano debido a la presión por parte de la Fiscalía General.
El lunes la fiscalía ucraniana informó que la policía había registrado el edificio del Tribunal Administrativo debido a las falsificaciones en las que ha incurrido el Tribunal desde 2012.
“El juez del Tribunal Administrativo de Kiev, Valeri Kuzmenko, se negó a examinar el caso sobre la prohibición del Partido Comunista de Ucrania y lo entregó a otro tribunal”, señala un comunicado del Partido Comunista publicado ayer en su página web.
