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Channel: La lucha es el único camino
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El PSOE se lava las manos como Pilatos

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La Operación Púnica es una trama de corrupción de la que forman parte 51 políticos, concejales, funcionarios y empresarios que fueron detenidos en 2014. El saqueo de la propiedad pública alcanzó los 250 millones de euros en contratos municipales, especialmente en ayuntamientos de Madrid, que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado de empresas.

La organización criminal estaba compuesta especialmente por militantes del PP. Uno de los principales implicados es Francisco Granados, antiguo dirigente del Partido de Rajoy en la Comunidad de Madrid.

Pero el dinero (negro) no conoce colores políticos, así que en el ajo también hubo algunos del PSOE que, como se ve, no estaba tan alejado del PP. Cuando la alcaldesa de Parla encontró 80 fichas de militantes del PSOE en el despacho del antiguo jefe de gabinete del alcalde, las verdaderas dimensiones de la organización criminal salieron a la luz.

Pero estamos en plena época de "lucha contra la corrupción" y las frases venden votos, por lo que tras el descubrimiento del papel de sus afiliados, el PSOE abrió una investigación interna que no ha durado mucho y parece, pues, que tampoco ha sido muy profunda: la acaban de cerrar.

La explicación es que de aquel listado que apareció en manos de los corruptos una parte correspondía a militantes que "encontraron trabajo" en la empresa que realiza el servicio de basuras en Parla.

El PSOE concluye que el manejo de esos datos no estuvo relacionado con los sobornos en los que están involucrados seis alcaldes de Madrid, el secretario del Instituto de Turismo, el antiguo alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón.

Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada es Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euros en contratos públicos amañados. Tras la detención de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el nombre de la empresa Indra también apareció como una de las beneficiarias.

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