Trump se dispone a aprobar la venta de equipamiento militar -incluyendo rifles y vehículos blindados- a las fuerzas policiales, prohibida por su predecesor Obama, según anunció ayer el fiscal general, Jeff Sessions, en la convención nacional de la Orden Fraternal de la Policía en Nashville, Tennessee.
El nuevo gobierno ha decidido recuperar el programa por el que se proveía a los departamentos de policía local con equipamiento militar, como armas de alto calibre y lanzagranadas. “Estoy aquí para anunciar que el presidente Trump emitirá una orden ejecutiva que hará más fácil protegerlos a ustedes y a sus comunidades”, afirmó Sessions en la ceremonia.
Obama emitió una orden ejecutiva en 2015 que limitó severamente el programa de excedentes, en parte tras la indignación pública por el uso de equipo militar durante las protestas en Ferguson, Misuri, tras la muerte del joven negro Michael Brown, de 18 años, a manos de un policía.
“Va a rescindir las restricciones del gobierno anterior que limitaban la posibilidad de que sus agencias obtengan equipo a través de programas federales, incluyendo equipos que salvan vidas, como chalecos, cascos y equipos de primeros auxilios y rescate como los que están usando en Texas ahora mismo”, dijo el fiscal general en referencia a las labores de rescate tras el huracán Harvey.
La excusa es económica: reciclar material militar obsoleto. Según detalló Sessions, algunos de estos programas han reciclado “más de 5.400 millones de dólares en equipo nuevo y usado que ya habían sido pagados por los contribuyentes” y permitieron que se usaran en la represión interna.
El nuevo gobierno ha decidido recuperar el programa por el que se proveía a los departamentos de policía local con equipamiento militar, como armas de alto calibre y lanzagranadas. “Estoy aquí para anunciar que el presidente Trump emitirá una orden ejecutiva que hará más fácil protegerlos a ustedes y a sus comunidades”, afirmó Sessions en la ceremonia.
Obama emitió una orden ejecutiva en 2015 que limitó severamente el programa de excedentes, en parte tras la indignación pública por el uso de equipo militar durante las protestas en Ferguson, Misuri, tras la muerte del joven negro Michael Brown, de 18 años, a manos de un policía.
“Va a rescindir las restricciones del gobierno anterior que limitaban la posibilidad de que sus agencias obtengan equipo a través de programas federales, incluyendo equipos que salvan vidas, como chalecos, cascos y equipos de primeros auxilios y rescate como los que están usando en Texas ahora mismo”, dijo el fiscal general en referencia a las labores de rescate tras el huracán Harvey.
La excusa es económica: reciclar material militar obsoleto. Según detalló Sessions, algunos de estos programas han reciclado “más de 5.400 millones de dólares en equipo nuevo y usado que ya habían sido pagados por los contribuyentes” y permitieron que se usaran en la represión interna.
“Equipos como helicópteros y vehículos blindados también son de vital importancia para los esfuerzos de emergencia y respuesta a desastres”, agregó.
Los grupos de presión policiales quieren que Trump cumpla con su promesa de poner de nuevo los equipos a disposición de los departamentos de policía locales y estatales, muchos de los cuales los consideran necesarios para asegurar la represión policial indiscriminada que caracteriza a Estados Unidos.
Al principio se justificó por la “lucha contra las drogas”, autorizando el Congreso al Pentágono en 1990 a entregar equipos excedentes a la policía. Luego la supuesta “lucha contra el terrorismo” cumplió el mismo fin legitimador.
El enemigo será la propia población y el campo de batalla las calles. Grupos de todo el espectro político han expresado su preocupación por la militarización, argumentando que el equipo fomenta e intensifica los enfrentamientos violentos con la policía.
