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| Justo Rodríguez Braga |
El sindicato UGT acumula un largo historial de corrupción. Los ERE de Andalucía o las facturas falsas son los casos más sonados, pero la lista es interminable.
El último escándalo se produjo cuando la Guardia Civil detuvo al antiguo secretario general de UGT en Asturias, Justo Rodríguez Braga, en una operación que la Unidad Central Operativa llevó a cabo en la sede del sindicato en Oviedo.
Los cursos de formación son, probablemente, el caso de corrupción de mayor magnitud. Consiste en la financiación irregular del sindicato a través de esos cursos. La central se quedaba con las ayudas manipulando los concursos.
Quizá el más mediático es el caso de los ERE, que inició la juez Mercedes Alaya en Sevilla. El sumario acusa a UGT de financiación irregular continuada por falsear esos expedientes de regulación. La instrucción se encuentra estancada en los juzgados andaluces. Juan Lanzas, conocido como el “conseguidor” de los ERE llegó a disponer de 13 millones de euros y 16 inmuebles.
La juez Alaya le imputa la creación de un auténtico entramado de sociedades pantalla y una red de testaferros. Se llamó “fondo de reptiles” a la maniobra empleada por el sindicato con dinero público para acallar las críticas.
UGT Andalucía compró en Asia 700 maletines falsos para regalar en un congreso e infló las facturas. También adquirió por un precio mayor 1.000 bolígrafos del diseñador Francis Montesinos.
También en Andalucía UGT tuvo que devolver 12.000 euros que facturó a la Junta en la Feria de Sevilla por una mariscada. El consumo de crustáceos, comidas, “jamón de bodega” y otras visitas a restaurantes se cargaron a los Presupuestos de la Junta.
El dirigente de UGT en Asturias se acogió a la amnistía fiscal. La Fiscalía Anticorrupción investigó al dirigente del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias José Ángel Fernández Villa por haber ocultado a la Hacienda Pública 1,4 millones de euros. El dirigente de la central se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar estos fondos.
En el caso de la cooperativa PSV, 20.000 españoles que aportaron unos 38.000 millones de pesetas quedaron atrapados en un fraude del sindicato amarillo. La cooperativa, de la que UGT formaba parte, entró en suspensión de pagos con un pasivo de 200.000 millones de pesetas. Lo sucedido le costó el cargo al entonces dirigente del sindicato, Nicolás Redondo.
El descrédito y la corrupción del sindicato han conducido a una pérdida reseñable de afiliados. Desde 2011 a 2015, UGT ha perdido a 278.141, pasando de tener 1.206.987 en 2011 a 928.846 el año pasado.
Los cursos de formación son, probablemente, el caso de corrupción de mayor magnitud. Consiste en la financiación irregular del sindicato a través de esos cursos. La central se quedaba con las ayudas manipulando los concursos.
Quizá el más mediático es el caso de los ERE, que inició la juez Mercedes Alaya en Sevilla. El sumario acusa a UGT de financiación irregular continuada por falsear esos expedientes de regulación. La instrucción se encuentra estancada en los juzgados andaluces. Juan Lanzas, conocido como el “conseguidor” de los ERE llegó a disponer de 13 millones de euros y 16 inmuebles.
La juez Alaya le imputa la creación de un auténtico entramado de sociedades pantalla y una red de testaferros. Se llamó “fondo de reptiles” a la maniobra empleada por el sindicato con dinero público para acallar las críticas.
UGT Andalucía compró en Asia 700 maletines falsos para regalar en un congreso e infló las facturas. También adquirió por un precio mayor 1.000 bolígrafos del diseñador Francis Montesinos.
También en Andalucía UGT tuvo que devolver 12.000 euros que facturó a la Junta en la Feria de Sevilla por una mariscada. El consumo de crustáceos, comidas, “jamón de bodega” y otras visitas a restaurantes se cargaron a los Presupuestos de la Junta.
El dirigente de UGT en Asturias se acogió a la amnistía fiscal. La Fiscalía Anticorrupción investigó al dirigente del sindicato minero SOMA-UGT de Asturias José Ángel Fernández Villa por haber ocultado a la Hacienda Pública 1,4 millones de euros. El dirigente de la central se acogió a la amnistía fiscal del Gobierno para regularizar estos fondos.
En el caso de la cooperativa PSV, 20.000 españoles que aportaron unos 38.000 millones de pesetas quedaron atrapados en un fraude del sindicato amarillo. La cooperativa, de la que UGT formaba parte, entró en suspensión de pagos con un pasivo de 200.000 millones de pesetas. Lo sucedido le costó el cargo al entonces dirigente del sindicato, Nicolás Redondo.
El descrédito y la corrupción del sindicato han conducido a una pérdida reseñable de afiliados. Desde 2011 a 2015, UGT ha perdido a 278.141, pasando de tener 1.206.987 en 2011 a 928.846 el año pasado.
