A comienzos de setiembre dos nazis insultaron y golpearon a una mujer magrebí embarazada y a su marido cuando paseaban por el barrio del Born de Barcelona en compañía de sus dos hijos. La canalla nazi increpó a la mujer porque llevaba un niqab y la pareja reprochó a los dos nazis sus comentarios ofensivos.
A continuación, los nazis le empujaron en varias ocasiones y, además, le agredieron, momento que la mujer interfirió entre los atacantes y su marido. En aquel momento, fue cuando uno de ellos espetó un golpe de pie lateral sobre el abdomen de la víctima embarazada. Se salvó gracias a la interevención de la gente que paseaba por la calle.
La tuvieron que trasladar urgentemente a un hospital, aunque afortunadamente la agresión no repercutió en el feto. Pocos minutos después la Guardia Urbana sólo detuvo a uno de ellos. Al otro sólo le tomaron la filiación.
Al detenido lo llevaron a comisaría y, a pesar de la gravedad de la agresión y de que ambos tenían antecedentes policiales por pertenencia a las Brigades Blanc-i-blaves del club de fútbol Espanyol, lo dejaron en libertad inmediatamente. La llegada de una nueva alcaldesa como Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona no sirvió para nada. Todo seguía igual que siempre.
El delito no eran sólo unas lesiones corrientes, sino que había un crimen racista. Afortunadamente, la cámara de seguridad de un hotel próximo captó los hechos y a la policía no le quedó más remedio que reconocer que la agresión tenía un móvil racista.
Los Mossos d’Esquadra volvieron a citar a declarar a los nazis y reseñaron su identidad, cosa que la Guardia Urbana no habían hecho antes. Los nazis tenían un largo historial de antecedentes por agresiones durante los partidos de fútbol del Espanyol.
Luego los pasaron a disposición judicial con un informe de la Guardia Urbana que, aunque explicaba el afiliación neonazi de los delincuentes, ocultaba que, 25 años antes, uno de ellos había participado en el asesinato de la transexual Sonia en el parque de la Ciudadela de Barcelona.
Ese dato no apareció en el informe de la Guardia Urbana porque, en el momento de los hechos, 1991, el detenido era menor de edad y, por lo tanto, la ley impedía que la policía puediera reseñar los antecedentes juveniles de un detenido.
La Guardia Urbana puso la información en manos de la fiscalía contra el odio, la discriminación y la xenofobia, que requirió a la brigada de información de los Mossos un informe completo sobre los delincuentes y su pasado.
Pero volvió a ocurrir lo mismo de siempre: el juez les tomó declaración y, a pesar de los informes, volvió a dejarles libres.
A continuación, los nazis le empujaron en varias ocasiones y, además, le agredieron, momento que la mujer interfirió entre los atacantes y su marido. En aquel momento, fue cuando uno de ellos espetó un golpe de pie lateral sobre el abdomen de la víctima embarazada. Se salvó gracias a la interevención de la gente que paseaba por la calle.
La tuvieron que trasladar urgentemente a un hospital, aunque afortunadamente la agresión no repercutió en el feto. Pocos minutos después la Guardia Urbana sólo detuvo a uno de ellos. Al otro sólo le tomaron la filiación.
Al detenido lo llevaron a comisaría y, a pesar de la gravedad de la agresión y de que ambos tenían antecedentes policiales por pertenencia a las Brigades Blanc-i-blaves del club de fútbol Espanyol, lo dejaron en libertad inmediatamente. La llegada de una nueva alcaldesa como Ada Colau al Ayuntamiento de Barcelona no sirvió para nada. Todo seguía igual que siempre.
El delito no eran sólo unas lesiones corrientes, sino que había un crimen racista. Afortunadamente, la cámara de seguridad de un hotel próximo captó los hechos y a la policía no le quedó más remedio que reconocer que la agresión tenía un móvil racista.
Los Mossos d’Esquadra volvieron a citar a declarar a los nazis y reseñaron su identidad, cosa que la Guardia Urbana no habían hecho antes. Los nazis tenían un largo historial de antecedentes por agresiones durante los partidos de fútbol del Espanyol.
Luego los pasaron a disposición judicial con un informe de la Guardia Urbana que, aunque explicaba el afiliación neonazi de los delincuentes, ocultaba que, 25 años antes, uno de ellos había participado en el asesinato de la transexual Sonia en el parque de la Ciudadela de Barcelona.
Ese dato no apareció en el informe de la Guardia Urbana porque, en el momento de los hechos, 1991, el detenido era menor de edad y, por lo tanto, la ley impedía que la policía puediera reseñar los antecedentes juveniles de un detenido.
La Guardia Urbana puso la información en manos de la fiscalía contra el odio, la discriminación y la xenofobia, que requirió a la brigada de información de los Mossos un informe completo sobre los delincuentes y su pasado.
Pero volvió a ocurrir lo mismo de siempre: el juez les tomó declaración y, a pesar de los informes, volvió a dejarles libres.
