Raúl Navas
Los planes estratégicos de la burguesía española no estaban plenamente aprobados. Pretendían seguir recuperando los niveles de tasa de ganancia anteriores a la crisis de los 70 a base de aumentar el nivel de explotación de la clase obrera. La CEOE exigía controlar el gasto público, más incentivos fiscales para los empresarios, rebajas de los tipos de interés, reducción de las cotizaciones empresariales a la seguridad social, facilidad para despedir, y más contratos basura. Además de pretender la destrucción de derechos laborales, exigían aplicar cuanto antes una gran reconversión industrial. El capital sabía que lo que ellos y sus gobiernos no se habían atrevido a realizar lo estaba haciendo ahora un gobierno del PSOE, con influencia entre las masas. En las elecciones de 1986, la CEOE tuvo una postura completamente diferente a la defendida en 1982, y por tanto no hicieron ninguna campaña electoral contra el PSOE. En 1986, Cuevas llegó a decir que González compartía las tesis económicas de la patronal.
En este contexto, la burguesía española apoyó de forma entusiasta la llamada Reconversión Solchaga, que suponía destrozar industrias como la siderúrgica o naval. Se impulsaron los despidos y cierres en las empresas industriales, que golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica fue desmantelada. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba en esa línea. Durante la aplicación de estos planes se destruyeron 2.700.000 millones de empleos, con un impacto tremendamente negativo en el empleo estable.
Junto a esta política, el gobierno intentó hacer semiconcesiones incumplidas, como la Ley de Protección del Desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del desempleo hasta alcanzar al 48 por ciento del total de los parados registrados en el INEM en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42 por ciento.
Tras la reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985 y con una reconversión industrial muy avanzada, el gobierno presentó en 1988 la Ley de Empleo Juvenil. Ese año también se había presentado una reforma laboral parecida en Portugal que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 25 años, que fue contestada con una huelga general en marzo de 1988.
La reforma laboral presentada por el gobierno del PSOE fue la gota que colmó el vaso para la convocatoria de una Huelga General el 14 de diciembre de 1988. Se exigía la retirada del Plan de Empleo Juvenil, recuperación del poder adquisitivo perdido, derecho de negociación publica para funcionarios, equiparación de las pensiones mínimas al SMI [salario mínimo], incremento de la cobertura de desempleo, establecer un plan de empleo, etc.
La huelga fue un rotundo éxito, que incluso fue reconocido por el propio gobierno, quien sufrió un doloroso golpe político. La CEOE exigió que no se retirase la reforma laboral y no se cediera al “chantaje sindical”, aunque ellos mismos tuvieron que admitir subidas salariales superiores al 5 por ciento para 1989. Por otra parte, Felipe González se vio obligado a retirar el contrato de inserción para jóvenes y su Plan de Empleo Juvenil, e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de los trabajadores. Se consiguió la implantación de las pensiones no contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, cierto control sindical sobre contratos de trabajo, un incremento en el gasto social, etc.
En 1990 se consiguió el control sindical parcial sobre información de los contratos de trabajo, y la patronal exigió que se pusiera fin a la política de concesiones. Ese año se cerró un ciclo muy alto de conflictividad laboral, traducido en importantes conquistas laborales y salariales. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con mayor índice de huelgas.
Este periodo de semiconcesiones se cerró tras la caída del Muro de Berlín con un profundo giro a la derecha que allanó el camino para la aprobación de posteriores contrarreformas laborales y de pensiones. La burguesía tuvo un poderoso regalo para profundizar en su ofensiva ideológica en un contexto en el que se multiplicaban los defensores de la economía de libre mercado, con toda su lógica (incluido el libre despido). La ideología burguesa se impuso en casi todas las esferas sociales y élites políticas y sindicales, de manera que comenzó a ser pecado defender una propuesta que fuera contra la libertad de empresa. Incluso la defensa de la estabilidad en el empleo pasó a ser considerado una herejía o algo “pasado de moda”.
Se inició un nuevo periodo, que también debe se estudiado para comprender el proceso de precarización que hemos sufrido. La comprensión histórica de estos procesos debe un paso necesario para emprender activamente la tarea sindical de luchar por dar un vuelco al panorama laboral actual y poner fin a esta correlación de fuerzas tan desfavorable entre capital y trabajo.
En este contexto, la burguesía española apoyó de forma entusiasta la llamada Reconversión Solchaga, que suponía destrozar industrias como la siderúrgica o naval. Se impulsaron los despidos y cierres en las empresas industriales, que golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos de Sagunto, la industria naval y siderúrgica fue desmantelada. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba en esa línea. Durante la aplicación de estos planes se destruyeron 2.700.000 millones de empleos, con un impacto tremendamente negativo en el empleo estable.
Junto a esta política, el gobierno intentó hacer semiconcesiones incumplidas, como la Ley de Protección del Desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del desempleo hasta alcanzar al 48 por ciento del total de los parados registrados en el INEM en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42 por ciento.
Tras la reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985 y con una reconversión industrial muy avanzada, el gobierno presentó en 1988 la Ley de Empleo Juvenil. Ese año también se había presentado una reforma laboral parecida en Portugal que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 25 años, que fue contestada con una huelga general en marzo de 1988.
La reforma laboral presentada por el gobierno del PSOE fue la gota que colmó el vaso para la convocatoria de una Huelga General el 14 de diciembre de 1988. Se exigía la retirada del Plan de Empleo Juvenil, recuperación del poder adquisitivo perdido, derecho de negociación publica para funcionarios, equiparación de las pensiones mínimas al SMI [salario mínimo], incremento de la cobertura de desempleo, establecer un plan de empleo, etc.
La huelga fue un rotundo éxito, que incluso fue reconocido por el propio gobierno, quien sufrió un doloroso golpe político. La CEOE exigió que no se retirase la reforma laboral y no se cediera al “chantaje sindical”, aunque ellos mismos tuvieron que admitir subidas salariales superiores al 5 por ciento para 1989. Por otra parte, Felipe González se vio obligado a retirar el contrato de inserción para jóvenes y su Plan de Empleo Juvenil, e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de los trabajadores. Se consiguió la implantación de las pensiones no contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva, ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, cierto control sindical sobre contratos de trabajo, un incremento en el gasto social, etc.
En 1990 se consiguió el control sindical parcial sobre información de los contratos de trabajo, y la patronal exigió que se pusiera fin a la política de concesiones. Ese año se cerró un ciclo muy alto de conflictividad laboral, traducido en importantes conquistas laborales y salariales. Según un informe del Ministerio de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con mayor índice de huelgas.
Este periodo de semiconcesiones se cerró tras la caída del Muro de Berlín con un profundo giro a la derecha que allanó el camino para la aprobación de posteriores contrarreformas laborales y de pensiones. La burguesía tuvo un poderoso regalo para profundizar en su ofensiva ideológica en un contexto en el que se multiplicaban los defensores de la economía de libre mercado, con toda su lógica (incluido el libre despido). La ideología burguesa se impuso en casi todas las esferas sociales y élites políticas y sindicales, de manera que comenzó a ser pecado defender una propuesta que fuera contra la libertad de empresa. Incluso la defensa de la estabilidad en el empleo pasó a ser considerado una herejía o algo “pasado de moda”.
Se inició un nuevo periodo, que también debe se estudiado para comprender el proceso de precarización que hemos sufrido. La comprensión histórica de estos procesos debe un paso necesario para emprender activamente la tarea sindical de luchar por dar un vuelco al panorama laboral actual y poner fin a esta correlación de fuerzas tan desfavorable entre capital y trabajo.
Fuente: http://info.nodo50.org/Las-contrarreformas-laborales.html
