Ayer una comisión ruandesa que investiga desde hace más de 20 años el genocidio, publicó un informe titulado “La manipulación del expediente del avión de Habyarimana, una ocultación de las responsabilidades francesas en el genocidio” cometido en 1994 en el país africano de los Grandes Lagos en el que un millón de personas fueron asesinadas y la mayor parte de la población tuvo que huir de sus hogares.
El informe pone nombres y apellidos a 22 oficiales del ejército francés implicados en la mayor matanza desde la Segunda Guerra Mundial que, oficialmente, se inició con el derribo del avión en el que viajaba el Presidente Juvenal Habyarimana, que falleció junto con toda la tripulación.
Desde hace 20 años los tribunales franceses y españoles (Audiencia Nacional) han abierto sendas causas que, como es habitual, son otras tantas cortinas de humo para encubrir a los verdaderos responsables.
También se creó un Tribunal Penal Internacional, que cerró las puertas a finales del año pasado y que nació lastrado por una rasgo típicamente imperialista: el Tribunal sólo podía juzgar a los propios ruandeses o a los extranjeros que hubieran estado dentro del país en el momento de cometerse los hechos. Se hizo así para que quedara claro que el genocidio era un “asunto interno” que no dependía de órdenes emanadas de Washington, Londres o París.
La única autoridad que durante años ha investigado a fondo y sin desmayo aquella matanza es el gobierno de Paul Kagame, que ya acusó antes expresamente a los máximos dirigentes del partido socialista francés, entonces encabezados por Mitterrand, así como a varios ministros y al “fontanero” del Elíseo Hubert Vedrine.
Ahora también señala con el dedo al general Jacques Lanxade, antiguo jefe de Estado Mayor y al también general Jean-Claude Lafourcade, que dirigía la fuerza militar Turquoise desplegada en Ruanda bajo el amparo de la ONU.
Aunque se suele poner el origen del genocidio en la muerte del presidente hutu Habyarimana el 6 de abril de 1994, en realidad el país de los Grandes Lagos fue víctima de una lucha entre los imperialistas estadounidenses y franceses, que provocaron un enfrentamiento entre sus aliados tutsis y hutus. El verdadero detonante fue la invasión que, con el respaldo del imperialismo británico, realizó el alto mando del ejército ugandés en octubre de 1990 sobre sus vecinos ruandeses.
Una de las implicaciones más silenciadas del genocidio ruandés es la de la Iglesia católica, cuyos misioneros y órdenes religiosas fueron desde el siglo XIX un pilar del imperialismo belga y luego del francés. Hay varios sacerdotes y monjas condenados en firme por dirigir el genocidio. Pero en la matanza también están implicados misioneros metodistas, anglicanos y presbiterianos que trabajaban para el bando contrario, es decir, para los imperialistas estadounidenses y británicos.
El informe pone nombres y apellidos a 22 oficiales del ejército francés implicados en la mayor matanza desde la Segunda Guerra Mundial que, oficialmente, se inició con el derribo del avión en el que viajaba el Presidente Juvenal Habyarimana, que falleció junto con toda la tripulación.
Desde hace 20 años los tribunales franceses y españoles (Audiencia Nacional) han abierto sendas causas que, como es habitual, son otras tantas cortinas de humo para encubrir a los verdaderos responsables.
También se creó un Tribunal Penal Internacional, que cerró las puertas a finales del año pasado y que nació lastrado por una rasgo típicamente imperialista: el Tribunal sólo podía juzgar a los propios ruandeses o a los extranjeros que hubieran estado dentro del país en el momento de cometerse los hechos. Se hizo así para que quedara claro que el genocidio era un “asunto interno” que no dependía de órdenes emanadas de Washington, Londres o París.
La única autoridad que durante años ha investigado a fondo y sin desmayo aquella matanza es el gobierno de Paul Kagame, que ya acusó antes expresamente a los máximos dirigentes del partido socialista francés, entonces encabezados por Mitterrand, así como a varios ministros y al “fontanero” del Elíseo Hubert Vedrine.
Ahora también señala con el dedo al general Jacques Lanxade, antiguo jefe de Estado Mayor y al también general Jean-Claude Lafourcade, que dirigía la fuerza militar Turquoise desplegada en Ruanda bajo el amparo de la ONU.
Aunque se suele poner el origen del genocidio en la muerte del presidente hutu Habyarimana el 6 de abril de 1994, en realidad el país de los Grandes Lagos fue víctima de una lucha entre los imperialistas estadounidenses y franceses, que provocaron un enfrentamiento entre sus aliados tutsis y hutus. El verdadero detonante fue la invasión que, con el respaldo del imperialismo británico, realizó el alto mando del ejército ugandés en octubre de 1990 sobre sus vecinos ruandeses.
Una de las implicaciones más silenciadas del genocidio ruandés es la de la Iglesia católica, cuyos misioneros y órdenes religiosas fueron desde el siglo XIX un pilar del imperialismo belga y luego del francés. Hay varios sacerdotes y monjas condenados en firme por dirigir el genocidio. Pero en la matanza también están implicados misioneros metodistas, anglicanos y presbiterianos que trabajaban para el bando contrario, es decir, para los imperialistas estadounidenses y británicos.
