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| La Presidenta Fernández de Gurmendi |
El martes el ministro de Información de Gambia, Sheriff Bojang, anunció ante una cadena de televisión de su país que el gobierno había iniciado los trámites para abandonar el Tribunal Penal Internacional, al que acusó públicamente de “persecución contra los africanos” cuando “al menos 30 países occidentales han cometido crímenes de guerra” desde la creación de la nueva jurisdicción sin que hayan sido inquietados en ningún momento.
En 2013 la Unión Africana ya se posicionó contra este Tribunal, que tiene su sede en La Haya, a pesar de que todos sus juicios son contra africanos. Además Burundi y África del sur ya ha lo abandonaron anteriormente.
En medio de una gran controversia interna, el gobierno de Sudáfrica habló de nuevo colonialismo y denunció que el Tribunal Penal Internacional debería juzgar a los dirigentes franceses Sarkozy y Hollande por el asesinato de Gadafi y otros crímenes cometidos durante la invasión de Libia en 2011.
El Tribunal Penal Internacional “no es ya un lugar para la justicia sino el juguete de los poderes imperialistas en declive”, dijo hace unos años Uhuru Kenyatta, Presidente de Kenya y uno de los perseguidos, desde la Tribuna de la Unidad Africana. “Este Tribunal actúa a petición de los gobiernos europeo y americano, contra la soberanía de los Estados y pueblos africanos [...] La gente califica esta situación de caza racial”, añadió.
El caso de Kenyatta es pintoresco. Tanto a él como a su antiguo oponente William Ruto, el Tribunal les acusa desde 2011 por crímenes contra la humanidad por unos disturbios causados durante las elecciones de 2007 en la que los partidarios de ambos se enfrentaron en la calle y que causaron 1.000 muertes. Pero en 2013 se pusieron de acuerdo para presentarse juntos a las elecciones.
34 países africanos firmaron en 1998 el Estatuto de Roma que creó este tinglado. Desde su entrada en funcionamiento en 2002 ha acusado a más de 30 dirigentes de ocho países africanos de los más horrendos crímenes que cabe imaginar, normalmente a petición de los gobiernos que tienen enchufe ante las grandes potencias y quieren desembarazarse de una oposición política molesta, como en Costa de Marfil. Los jueces son tan vagos que en 14 años sólo han realizado cuatro juicios... Afortunadamente trabajaban aún menos que el Tribunal Constitucional español. Actualmente su presidenta es la argentina Silvia Fernández de Gurmendi.
Mientras tanto, la ONU se sacude la caspa de los hombros: todas las tropas que ha enviado a África han sido acusadas de graves crímenes, asesinatos y violaciones en masa, que se han saldado con otros tantos carpetazos y pelillos a la mar. No hay pruebas (ni las habrá). La ONU se ha creado para salvar a lo humanidad de los crímenes, no para cometerlos.
En África sólo se ha cometido un verdadero crimen contra la humanidad: el colonialismo en todas sus formas.
En 2013 la Unión Africana ya se posicionó contra este Tribunal, que tiene su sede en La Haya, a pesar de que todos sus juicios son contra africanos. Además Burundi y África del sur ya ha lo abandonaron anteriormente.
En medio de una gran controversia interna, el gobierno de Sudáfrica habló de nuevo colonialismo y denunció que el Tribunal Penal Internacional debería juzgar a los dirigentes franceses Sarkozy y Hollande por el asesinato de Gadafi y otros crímenes cometidos durante la invasión de Libia en 2011.
El Tribunal Penal Internacional “no es ya un lugar para la justicia sino el juguete de los poderes imperialistas en declive”, dijo hace unos años Uhuru Kenyatta, Presidente de Kenya y uno de los perseguidos, desde la Tribuna de la Unidad Africana. “Este Tribunal actúa a petición de los gobiernos europeo y americano, contra la soberanía de los Estados y pueblos africanos [...] La gente califica esta situación de caza racial”, añadió.
El caso de Kenyatta es pintoresco. Tanto a él como a su antiguo oponente William Ruto, el Tribunal les acusa desde 2011 por crímenes contra la humanidad por unos disturbios causados durante las elecciones de 2007 en la que los partidarios de ambos se enfrentaron en la calle y que causaron 1.000 muertes. Pero en 2013 se pusieron de acuerdo para presentarse juntos a las elecciones.
34 países africanos firmaron en 1998 el Estatuto de Roma que creó este tinglado. Desde su entrada en funcionamiento en 2002 ha acusado a más de 30 dirigentes de ocho países africanos de los más horrendos crímenes que cabe imaginar, normalmente a petición de los gobiernos que tienen enchufe ante las grandes potencias y quieren desembarazarse de una oposición política molesta, como en Costa de Marfil. Los jueces son tan vagos que en 14 años sólo han realizado cuatro juicios... Afortunadamente trabajaban aún menos que el Tribunal Constitucional español. Actualmente su presidenta es la argentina Silvia Fernández de Gurmendi.
Mientras tanto, la ONU se sacude la caspa de los hombros: todas las tropas que ha enviado a África han sido acusadas de graves crímenes, asesinatos y violaciones en masa, que se han saldado con otros tantos carpetazos y pelillos a la mar. No hay pruebas (ni las habrá). La ONU se ha creado para salvar a lo humanidad de los crímenes, no para cometerlos.
En África sólo se ha cometido un verdadero crimen contra la humanidad: el colonialismo en todas sus formas.
