El juzgado de instrucción número 2 de Barcelona ha admitido a trámite la querella presentada por el caso Estat Infiltrat de espionaje policial a los movimientos sociales catalanes.
La juez entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y ordena esclarecerlos.
La primera diligencia ha sido la de identificar a los querellados a través de una orden dirigida a la Dirección de la Policía Nacional para confirmar la identidad de los querellados Daniel Sánchez Garcés y el agente Torres Méndez, quien podría ser el infiltrado Ignacio Moreno Ameribia.
El caso Estat Infiltrat estalló el 19 de abril de 2016, cuando se dieron a conocer unas grabaciones realizadas en la terraza de un bar de la Plaza de la Concòrdia de Barcelona. Dos individuos que se identificaban como “agentes de la seguridad del Estado” ofrecieron a un joven dinero y beneficios judiciales –a través de la Fiscalía– a cambio de información sobre las actividades de los centros sociales de Poble Sec, concretamente del Ateneu La Base.
La policía se interesaba, sobre todo, por informaciones relativas a la Operación Pandora, el montaje orquestado en torno a los grupos anarquistas, que sigue colgando de una nube judicial. De ahí las referencias de la policía a la complicidad del fiscal en la trama, que debe temer el ridículo de que la fanfarria se le venga abajo durante el juicio.
Por las informaciones la policía ofrecía al confidente un miserable sueldo fijo de 200 ó 300 euros al mes, más un plus en función de las informaciones suministradas.
Hasta ocho testigos identificaron a uno de los policías como “Jordi”, un antiguo inspector de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Barcelona.
El Procés Embat ha denunciado que “en Catalunya se sigue persiguiendo a ciudadanos por sus ideas políticas”.
La juez entiende que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de un delito de coacciones y ordena esclarecerlos.
La primera diligencia ha sido la de identificar a los querellados a través de una orden dirigida a la Dirección de la Policía Nacional para confirmar la identidad de los querellados Daniel Sánchez Garcés y el agente Torres Méndez, quien podría ser el infiltrado Ignacio Moreno Ameribia.
El caso Estat Infiltrat estalló el 19 de abril de 2016, cuando se dieron a conocer unas grabaciones realizadas en la terraza de un bar de la Plaza de la Concòrdia de Barcelona. Dos individuos que se identificaban como “agentes de la seguridad del Estado” ofrecieron a un joven dinero y beneficios judiciales –a través de la Fiscalía– a cambio de información sobre las actividades de los centros sociales de Poble Sec, concretamente del Ateneu La Base.
La policía se interesaba, sobre todo, por informaciones relativas a la Operación Pandora, el montaje orquestado en torno a los grupos anarquistas, que sigue colgando de una nube judicial. De ahí las referencias de la policía a la complicidad del fiscal en la trama, que debe temer el ridículo de que la fanfarria se le venga abajo durante el juicio.
Por las informaciones la policía ofrecía al confidente un miserable sueldo fijo de 200 ó 300 euros al mes, más un plus en función de las informaciones suministradas.
Hasta ocho testigos identificaron a uno de los policías como “Jordi”, un antiguo inspector de la Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional de Barcelona.
El Procés Embat ha denunciado que “en Catalunya se sigue persiguiendo a ciudadanos por sus ideas políticas”.
