El fiscal que dirige la investigación de la matanza de Niza ha ordenado al ayuntamiento borrar 24 horas de grabación en vídeo que muestran el recorrido del camión a lo largo de los casi dos kilómetros que recorrió por el paseo marítimo atropellando y matando a las personas que se pusieron en su camino.
El ayuntamiento tiene más de 1.200 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad, una de las mejor equipadas de Francia. Unas 140 de ellas grabaron escenas de interés para esclarecer la matanza, lo que supone unas 30.000 horas de imágenes.
El miércoles la SDAT (subdirección antiterrorista) dirigió una orden al ayuntamiento para que todas esas imágenes fueran destruidas, mencionando expresamente las grabaciones de 6 de las cámaras y exigiendo la destrucción de todas las copias no judiciales. La petición ha sido reproducida por el diario Le Figaro.
El ayuntamiento se ha mostrado sorprendido por la petición, pero ha manifestado que no puede hacer nada para impedir la destrucción, a pesar de que la ley le obliga a conservar las pruebas de un delito. Normalmente las pruebas de un delito se destruyen al final de la investigación, porque su conservación ya no es necesaria para el juicio. Sin embargo, en Niza la investigación apenas ha comenzado.
La fiscalía ha dicho que la petición de la SDAT se ha llevdo a cabo con su conformidad para “evitar la difusión no controlada y no dirigida de las imágenes, profundamente lesivas para la dignidad y la integridad de las víctimas”.
Aunque no es legal, parece loable. La dignidad de la víctimas se ha puesto por encima de la investigación, como si fueran las víctimas las que no quieren esclarecer el fallecimiento de sus familiares.
Pero si esa excusa fuera verdad, a la SDAT y a la fiscalía se les podía haber ocurrido algo menos ilegal: en lugar de destruir podían haber ordenado la prohibición de difundir los vídeos, venderlos a la prensa o ponerlos en las redes sociales.
El asunto es aún más fétido habida cuenta de que el viernes la SDAT copió las 30.000 horas de grabación para “salvaguardarlas”, una operación que aún no ha terminado. Lo cierto es que ya hay varias copias circulando por las altas esferas políticas de París, como en la Presidencia, por ejemplo. Se trata de otro paripé de la SDAT y de la fiscalía francesa que quieren tener la exclusiva de las grabaciones, es decir, difundir las partes que les interese y ocultar lo que les convenga, es decir, seguir manipulando la información a su antojo.
El ayuntamiento tiene más de 1.200 cámaras de videovigilancia en distintos puntos de la ciudad, una de las mejor equipadas de Francia. Unas 140 de ellas grabaron escenas de interés para esclarecer la matanza, lo que supone unas 30.000 horas de imágenes.
El miércoles la SDAT (subdirección antiterrorista) dirigió una orden al ayuntamiento para que todas esas imágenes fueran destruidas, mencionando expresamente las grabaciones de 6 de las cámaras y exigiendo la destrucción de todas las copias no judiciales. La petición ha sido reproducida por el diario Le Figaro.
El ayuntamiento se ha mostrado sorprendido por la petición, pero ha manifestado que no puede hacer nada para impedir la destrucción, a pesar de que la ley le obliga a conservar las pruebas de un delito. Normalmente las pruebas de un delito se destruyen al final de la investigación, porque su conservación ya no es necesaria para el juicio. Sin embargo, en Niza la investigación apenas ha comenzado.
La fiscalía ha dicho que la petición de la SDAT se ha llevdo a cabo con su conformidad para “evitar la difusión no controlada y no dirigida de las imágenes, profundamente lesivas para la dignidad y la integridad de las víctimas”.
Aunque no es legal, parece loable. La dignidad de la víctimas se ha puesto por encima de la investigación, como si fueran las víctimas las que no quieren esclarecer el fallecimiento de sus familiares.
Pero si esa excusa fuera verdad, a la SDAT y a la fiscalía se les podía haber ocurrido algo menos ilegal: en lugar de destruir podían haber ordenado la prohibición de difundir los vídeos, venderlos a la prensa o ponerlos en las redes sociales.
El asunto es aún más fétido habida cuenta de que el viernes la SDAT copió las 30.000 horas de grabación para “salvaguardarlas”, una operación que aún no ha terminado. Lo cierto es que ya hay varias copias circulando por las altas esferas políticas de París, como en la Presidencia, por ejemplo. Se trata de otro paripé de la SDAT y de la fiscalía francesa que quieren tener la exclusiva de las grabaciones, es decir, difundir las partes que les interese y ocultar lo que les convenga, es decir, seguir manipulando la información a su antojo.
