Las deudas agobian a la población ucraniana (1)

El endeudamiento estatal no es una novedad en la historia, y tampoco es nuevo que su peso se apoye en los habitantes del territorio. Todo depende de la forma escogida por el gobierno para solucionar esa deuda: reducir gastos, aumentar contribuciones, cambiar reglamentaciones... Estas decisiones influencian directamente el marco de las vidas, las oportunidades que se ofrecen y los límites que pesan sobre los actores en su vida cotidiana. La deuda de un Estado afecta pues desigualmente al conjunto de su población,según su situación social y económica, y según el carácter de sus ingresos. Su devolución no es solamente un momento difícil que hay que pasar antes de la vuelta a la normalidad, sino que es decisiva para comprender las condiciones de existencia, las formas de hacer y de pensar, y las formas de relacionarse entre las personas.

Lo que caracteriza el endeudamiento de los Estados durante los últimos cincuenta años es que está generalizado, y que depende de algunos acreedores situados en los países occidentales, en Europa y en los Estados Unidos. Estos acreedores, entre los que se sitúan preferentemente el FMI y el Banco Mundial, exigen de sus deudores medidas neoliberales como condición para la obtención de créditos. Estas políticas determinan cómo se distribuye el peso de la deuda sobre la población del Estado.

Concretamente, esos créditos están ligados a las medidas de reducción de gastos públicos (sanidad, educación, funcionamiento, intervención en la economía...) y a medidas de desregulación de los mercados. La reducción de gastos públicos, en términos de sanidad por ejemplo, implica gastos suplementarios en los hogares, generando así necesidades añadidas de liquidez. De esta manera, el endeudamiento de ciertos hogares está directamente ligado al endeudamiento estatal y a las medidas que los Estados han tomado para garantizar a los acreedores y asegurar el acceso a nuevos créditos.

Describo en este artículo la situación de una familia abocada a contratar préstamos a tasas usureras en el campo ucraniano. Muestro cómo esta práctica financiera se relaciona con las políticas del gobierno ucraniano durante los últimos veinte años. Así se ponen en evidencia las consecuencias concretas de elecciones políticas. El endeudamiento de un Estado no solamente es el signo pasajero de una crisis económica llevada a desaparecer, ni una etapa en la vía del desarrollo, sino que determina las condiciones de existencia de efectos duraderos para una parte de los hogares.

En Ucrania, tras el hundimiento de la Unión Soviética, ninguna línea clara de liberalización se ha adoptado. Si los programas de los partidos prevén en efecto una privatización de los medios de producción y el desarrollo del libre mercado, la privatización de las tierras agrícolas, por ejemplo, es solo progresiva y hace frente, localmente, a una fuerte oposición.

Además, los sistemas de sanidad y educación se ponen abiertamente en cuestión, y aún hoy son oficialmente gratuitos. La situación política y económica actual del país parece ser el resultado tanto de un programa neoliberal impuesto por la instancias internacionales, principalmente del FMI, como consecuencia de los funcionamientos propios del sistema local, sometido a nuevas restricciones. Las órdenes para las reformas y el desenganche del Estado se deforman según los acontecimientos electorales, según los discursos populistas y según acuerdos opacos entre las élites político-económicas.

El año 2014, con el derrocamiento del presidente Yanukovitch por las sangrientas manifestaciones, estuvo marcado por una orientación pro-capitalista del gobierno, que sería legitimado por sus pretensiones democráticas y la denuncia del régimen autoritario que había sido depuesto. Es elegido el presidente Poroshenko, director de una gran empresa industrial conocida sobre todo por su producción de confitería, pero también propietario de una fábrica automovilística. Hoy está presente en las revelaciones de muchos medios internacionales en los “Panama papers”, por su posesión de activos desde 2005 en una sociedad offshore, reforzada en 2014 en el momento más agudo de la crisis ucraniana.

Como su primer ministro, es miembro de la dirección del Banco Nacional de Ucrania. Se presenta sin embargo como un partidario de luchar contra la colusión entre los negocios y el mundo político. La publicidad dada a la lucha contra la corrupción en la justicia y en la policía se convierte en una cortina de humo, que esconde la complicidad sobre la riqueza acumulada por los oligarcas. Además, las reformas “liberalizadoras” ponen en la lista los servicios locales de control del Estado y sus prácticas supuestamente abusivas, sin contemplar cambios en las regulaciones del mercado de trabajo. Este programa, una hoja de ruta acordada con la Unión Europea, el Banco Mundial y el FMI, que supone nuevos créditos al gobierno, prolonga un ya antiguo endeudamiento.

Desde la llegada al poder del gobierno provisional en marzo de 2014, mientras que Ucrania estaba en plena crisis, las negociaciones con un gobierno no elegido dan como resultado un plan de reforma del cual depende la concesión de un crédito de 14 a 18.000 millones de dólares. En la gestión de la administración local, servicios sociales y salud, se prevé una reforma descentralizadora, que acentúa la anulación del compromiso del Estado con las colectividades locales. Así, el gobierno, legitimado por sus acreedores, bajo la bandera del desarrollo y de la modernización, fragiliza aún más las condiciones de vida de los trabajadores.

Todos estos factores limitan las elecciones económicas, los razonamientos, las maneras de actuar de los actores privados.