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El enaltecimiento de los grupos armados alcanza proporciones masivas

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El miércoles de la semana pasada la Guardia Civil detuvo a 14 personas en una operación ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. Los detenidos son usuarios de redes sociales que de manera continuada han defendido las acciones de los grupos armados como ETA, GRAPO o Terra Lliure.

Las detenciones se han producido en las provincias de Barcelona (3), Murcia (2), Madrid (1), A Coruña (1), Pontevedra (1), Tarragona (1), Navarra (1), Valencia (1), Alicante (1) y Granada (1).

En Amurrio (Álava) ha sido detenida una persona en que ha sido trasladada al cuartel de la Guardia Civil de La Salve, en Bilbao, para prestar declaración. Responde a las iniciales de X.E.C. y cometió los hechos cuando tenía 17 años. Se trata de un remero del Club Deportivo Kaiku.

La operación, denominada Araña-IV, ha sido desarrollada por la Guardia Civil que ha utilizado innovadoras herramientas de monitorización para búsqueda y análisis de la información existente en las redes sociales, principalmente en Facebook y Twitter, que ha sido elaborada por la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid.

“Las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento han permitido localizar en las redes sociales numeroso contenido apologético de diferentes grupos terroristas, en particular ETA, pero también de otras organizaciones terroristas, tales como GRAPO o Terra Lliure, así como contenido que humilla directamente a las víctimas de estas organizaciones”, según un comunicado del Ministerio del Interior.

Este tipo de redadas masivas constituyen, según el Ministerio del Interior, un golpe a aquellas personas que intentan desde el anonimato fomentar la lucha armada.

Esta operación es continuación de las operaciones Araña-I y Araña-II desarrolladas en mayo y noviembre de 2014, y de la operación Araña-III realizada en mayo de 2015. De los más de 60 detenidos en las tres fases anteriores, se ha dictado sentencia sobre una veintena de casos que han sido condenados mayoritariamente a penas entre de 1 y 2 años de  prisión por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Además la Guardia Civil prepara al menos unas cien detenciones más, una vez que la sobrecarga de trabajo de la Audiencia Nacional como consecuencia de estos juicios se aligere un poco.

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