Roger Colombier
El pasado 9 de febrero, el más alto tribunal francés decretó que un simple reparto de octavillas, sin una previa comunicación a la prefectura, es ilegal. Pierre Coquan, ex secretario general de la UD CGT del Rhône en la época de los hechos, debe, por consiguiente, ser vuelto a juzgar por el Tribunal de Apelación de Grenoble.
La cuestión se remonta al año 2010. La CGT batallaba firmemente contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy. Pierre Coquan había organizado un simple reparto de manifiestos en el peaje de una autopista. El Tribunal Correccional de Villefranche-sur-Saone le había liberado. Recurso del fiscal y por consiguiente del Gobierno. Y paso a paso, el asunto ha llegado ante el Tribunal Supremo: anulación de las previas declaraciones de inocencia, y nuestro camarada debe ser vuelto a juzgar en virtud del decreto de ese tribunal.
Este decreta que “constituye una manifestación [...] toda reunión estática o móvil, en la vía pública, de un grupo de personas con el objetivo de expresar de forma colectiva y públicamente una opinión o una voluntad común”. Y como toda manifestación debe ser previamente declarada en comisaría, el granuja de Pierre Coquan debe ser necesariamente vuelto a juzgar por actos ilícitos. Hay que indicar que ninguna legislación, votada por el Parlamento, había definido hasta ahora en que consistía una manifestación. Ahora, lucha de clases obliga, ¡ya está hecho!
Esta grave decisión del Tribunal Supremo es un atentado a la libertad de expresión colectiva. En este asunto, y una vez más, no hay víctima ni parte civil. Pero como en el tema de los “8 de Goodyear” el fiscal de la República ha recurrido hasta el final. Con Nicolas Sarkozy y con François Hollande. Con este último, el ministerio público ha continuado la labor del que dependía del gobierno sarkozista. Desde mayo de 2012 los ministros de Justicia han sido Christiane Taubira y ahora Jean-Jacques Urvoas, con un gobierno de “izquierda”.
Y escribo “gobierno de izquierda”; ruego se me perdone. Hay que leer en esas palabras “gobierno reaccionario”. La lucha de clases sigue adelante, desde luego.
La cuestión se remonta al año 2010. La CGT batallaba firmemente contra la reforma de las pensiones de Nicolas Sarkozy. Pierre Coquan había organizado un simple reparto de manifiestos en el peaje de una autopista. El Tribunal Correccional de Villefranche-sur-Saone le había liberado. Recurso del fiscal y por consiguiente del Gobierno. Y paso a paso, el asunto ha llegado ante el Tribunal Supremo: anulación de las previas declaraciones de inocencia, y nuestro camarada debe ser vuelto a juzgar en virtud del decreto de ese tribunal.
Este decreta que “constituye una manifestación [...] toda reunión estática o móvil, en la vía pública, de un grupo de personas con el objetivo de expresar de forma colectiva y públicamente una opinión o una voluntad común”. Y como toda manifestación debe ser previamente declarada en comisaría, el granuja de Pierre Coquan debe ser necesariamente vuelto a juzgar por actos ilícitos. Hay que indicar que ninguna legislación, votada por el Parlamento, había definido hasta ahora en que consistía una manifestación. Ahora, lucha de clases obliga, ¡ya está hecho!
Esta grave decisión del Tribunal Supremo es un atentado a la libertad de expresión colectiva. En este asunto, y una vez más, no hay víctima ni parte civil. Pero como en el tema de los “8 de Goodyear” el fiscal de la República ha recurrido hasta el final. Con Nicolas Sarkozy y con François Hollande. Con este último, el ministerio público ha continuado la labor del que dependía del gobierno sarkozista. Desde mayo de 2012 los ministros de Justicia han sido Christiane Taubira y ahora Jean-Jacques Urvoas, con un gobierno de “izquierda”.
Y escribo “gobierno de izquierda”; ruego se me perdone. Hay que leer en esas palabras “gobierno reaccionario”. La lucha de clases sigue adelante, desde luego.
http://www.le-blog-de-roger-colombier.com/2016/02/a-son-tour-la-cour-de-cassation-sanctionne-l-action-syndicale.html
