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| Laurent Gbagbo |
Se ha celebrado en La Haya, Holanda, la primera semana de juicio en el Tribunal Penal Internacional contra Laurent Gbagbo y su ministro para la Juventud Charles Blé Goudé que, como los grandes espectáculos deportivos, ha sido retransmitido en directo por el propio Tribunal, con un ligero diferido de 30 minutos por si salían a relucir los trapos sucios y había que cortar.
En los dos primeros días de sesiones, las acusaciones mostraron un “power point” inventado sobre Costa de Marfil, un país de cuya historia no tenían ni idea, en medio de una cadena de fallos ridículos de todo tipo, como el sonido o la traducción simultánea. ¿A donde habrán ido a parar los 1.000 millones de euros que ha costado poner en marcha este ridículo Tribunal.
Como comprenderán, en el Tribunal Penal Internacional los fallos técnicos son lo de menos; sólo son una muestra más de todos los “fallos” políticos en los que está envuelto el famoso principio de la “justicia universal”, que tanto gusta a las ONG y reformistas de todos los pelajes para seguir martirizando a África.
Durante una de las sesiones, los magistrados se retiraron a deliberar a puerta cerrada sobre la manera en que debían declarar los 138 testigos previstos en condiciones anónimas y de seguridad. Pero detrás de aquella puerta alguien dejó el micrófono encendido y todo el mundo -literalmente- tuvo que sujetarse la barriga de la risa que provocaron los estúpidos debates de los magistrados.
Entre otras cosas, ya sabemos el nombre de cinco de los testigos “anónimos” de la acusación. Se trata de personalidades políticas muy cercanas a Gbagbo en el momento de los hechos. Entre ellas están el general Philippe Mangou, jefe de Estado Mayor, y el general Tiapé Kassaraté, jefe de la gendarmería.
Dada la naturaleza de los hechos, que conciernen a la represión política contra las masas, es evidente que ambos no son testigos sino partícipes directos de los hechos, a pesar de lo cual no están acusados por la fiscal, ni lo estarán nunca.
“El que paga manda” y los magistrados del Tribunal cobran del dinero que les envían Alemania, Japón, Canadá y Francia para ratificar las políticas que estos países sostienen sobre Costa de Marfil y sobre África, en general.
Lo del pucherazo para elegir a la fiscal Fatou Bensouda, ministra de Justicia de Gambia, merecería todo un capítulo aparte (*) para sacar a la luz la basura que hay bajo el felpudo de este tipo de instituciones, especialmente los cambalaches que tuvieron que hacer las ONG “humanitarias” que se mueven como nadie en medio de estos turbios asuntos.
La preocupación fundamental de la fiscal es defender la política de Choi Young-jin, quien fue representante especial de Ban-Ki Moon en Costa de Marfil y, por consiguiente, de la propia ONU. Todas las tesis de la fiscal son falsas de cabo a rabo, empezando por el número de víctimas, evaluado en 3.000, y acabando por lo que no aparece ni aparecerá jamás a lo largo del juicio: que en 2011 el Africom, es decir, el Pentágono en África, Francia y la ONU pusieron en marcha una operación militar llamada “Restaurar la Paz y la Democracia”, al estilo de las Primaveras Árabes y simultáneamente con ellas.
Cuando el operativo militar se pudo en marcha, el propio Alain Juppé se desmarcó diciendo el 6 de abril de 2011 ante la Asamblea francesa: “Las fuerzas francesas no participan en la operación militar porque se desarrolla fuera del marco legal de la resolución de la ONU”.
A pesar de que a Gbagbo le acusan de cometer “crímenes contra la humanidad”, la fiscal no ha construido su acusación ni sobre hechos, ni sobre autopsias de los muertos, ni sobre análisis balísticos, ni sobre testigos presenciales, ni sobre documentos, sino sobre los informes de repugnantes ONG, como Human Rights Watch y otras, vídeos de YouTube, extractos de la Wikipedia, fotografías... una acusación virtual.
(*) http://www.legrigriinternational.com/article-fatou-la-honte-de-l-afrique-par-calixthe-beyala-113153438.html
En los dos primeros días de sesiones, las acusaciones mostraron un “power point” inventado sobre Costa de Marfil, un país de cuya historia no tenían ni idea, en medio de una cadena de fallos ridículos de todo tipo, como el sonido o la traducción simultánea. ¿A donde habrán ido a parar los 1.000 millones de euros que ha costado poner en marcha este ridículo Tribunal.
Como comprenderán, en el Tribunal Penal Internacional los fallos técnicos son lo de menos; sólo son una muestra más de todos los “fallos” políticos en los que está envuelto el famoso principio de la “justicia universal”, que tanto gusta a las ONG y reformistas de todos los pelajes para seguir martirizando a África.
Durante una de las sesiones, los magistrados se retiraron a deliberar a puerta cerrada sobre la manera en que debían declarar los 138 testigos previstos en condiciones anónimas y de seguridad. Pero detrás de aquella puerta alguien dejó el micrófono encendido y todo el mundo -literalmente- tuvo que sujetarse la barriga de la risa que provocaron los estúpidos debates de los magistrados.
Entre otras cosas, ya sabemos el nombre de cinco de los testigos “anónimos” de la acusación. Se trata de personalidades políticas muy cercanas a Gbagbo en el momento de los hechos. Entre ellas están el general Philippe Mangou, jefe de Estado Mayor, y el general Tiapé Kassaraté, jefe de la gendarmería.
Dada la naturaleza de los hechos, que conciernen a la represión política contra las masas, es evidente que ambos no son testigos sino partícipes directos de los hechos, a pesar de lo cual no están acusados por la fiscal, ni lo estarán nunca.
“El que paga manda” y los magistrados del Tribunal cobran del dinero que les envían Alemania, Japón, Canadá y Francia para ratificar las políticas que estos países sostienen sobre Costa de Marfil y sobre África, en general.
Lo del pucherazo para elegir a la fiscal Fatou Bensouda, ministra de Justicia de Gambia, merecería todo un capítulo aparte (*) para sacar a la luz la basura que hay bajo el felpudo de este tipo de instituciones, especialmente los cambalaches que tuvieron que hacer las ONG “humanitarias” que se mueven como nadie en medio de estos turbios asuntos.
La preocupación fundamental de la fiscal es defender la política de Choi Young-jin, quien fue representante especial de Ban-Ki Moon en Costa de Marfil y, por consiguiente, de la propia ONU. Todas las tesis de la fiscal son falsas de cabo a rabo, empezando por el número de víctimas, evaluado en 3.000, y acabando por lo que no aparece ni aparecerá jamás a lo largo del juicio: que en 2011 el Africom, es decir, el Pentágono en África, Francia y la ONU pusieron en marcha una operación militar llamada “Restaurar la Paz y la Democracia”, al estilo de las Primaveras Árabes y simultáneamente con ellas.
Cuando el operativo militar se pudo en marcha, el propio Alain Juppé se desmarcó diciendo el 6 de abril de 2011 ante la Asamblea francesa: “Las fuerzas francesas no participan en la operación militar porque se desarrolla fuera del marco legal de la resolución de la ONU”.
A pesar de que a Gbagbo le acusan de cometer “crímenes contra la humanidad”, la fiscal no ha construido su acusación ni sobre hechos, ni sobre autopsias de los muertos, ni sobre análisis balísticos, ni sobre testigos presenciales, ni sobre documentos, sino sobre los informes de repugnantes ONG, como Human Rights Watch y otras, vídeos de YouTube, extractos de la Wikipedia, fotografías... una acusación virtual.
(*) http://www.legrigriinternational.com/article-fatou-la-honte-de-l-afrique-par-calixthe-beyala-113153438.html
