Cuando llegan a Europa, la mayor parte de los refugiados no tienen documentación que acredite su identidad y nacionalidad, bien porque nunca la tuvieron, bien porque la han perdido, o bien porque se han desprendido de ella para evitar la repatriación.
El desconocimiento de la nacionalidad es uno de los obstáculos más importantes con el que tropiezan las policías europeas para devolverles a su lugar de origen, porque no saben cuál es.
Hace años la policía alemana puso en marcha un sistema de audiencia de los refugiados por los funcionarios consulares de los países de los que dicen proceder, a fin de que acrediten la veracidad de sus afirmaciones.
Las audiencias sólo duran unos pocos minutos. Cuando terminan, los funcionarios del consulado deciden si el refugiado es o no nacional de su país. Si les corresponde, le proporcionan un pasaporte de sustitución y un certificado de viaje de urgencia, lo que abre la vía a la policía para su expulsión.
Antes de la audiencia la policía cachea a los refugiados y se apodera de sus pertenencias. Durante la misma no pueden ser asistidos por un abogado ni por un intérprete. Tampoco se levanta acta de la entrevista.
Al salir, el refugiado no sabe lo que puede pasar porque, según cuenta el semanario Freitag, el asunto está trucado: es la policía alemana la que paga los 250 ó 300 euros a los funcionarios consulares por cada una de las entrevistas que realizan. Hay otros 250 ó 300 euros suplementarios por cada identificación que se realice.
Para Alemania es más barato pagar esas cantidades que conceder una autorización provisional de estancia.
El que paga manda. El papel de los consulados no consiste en defender a los refugiados sino facilitar la tarea a la policía, falsificando los papeles de quienes no los tienen.
El semanario Freitag cuenta la experiencia de Joseph Koroma, un refugiado procedente de Sierra Leona que en 2006 huyó a Alemania, que rechazó su petición de asilo y en 2013 le expulsó a... Nigeria.
Algún funcionario del consulado de Nigeria quiso hacerse con un sobresueldo para pasar un buen fin de semana atribuyendo la nacionalidad de su país a mansalva.
Cuando legalmente un Estado soborna a otro para cometer un delito, como es la falsificación de un documento de identidad, ocurren estas cosas, típicas de los Estados de Desecho.
El desconocimiento de la nacionalidad es uno de los obstáculos más importantes con el que tropiezan las policías europeas para devolverles a su lugar de origen, porque no saben cuál es.
Hace años la policía alemana puso en marcha un sistema de audiencia de los refugiados por los funcionarios consulares de los países de los que dicen proceder, a fin de que acrediten la veracidad de sus afirmaciones.
Las audiencias sólo duran unos pocos minutos. Cuando terminan, los funcionarios del consulado deciden si el refugiado es o no nacional de su país. Si les corresponde, le proporcionan un pasaporte de sustitución y un certificado de viaje de urgencia, lo que abre la vía a la policía para su expulsión.
Antes de la audiencia la policía cachea a los refugiados y se apodera de sus pertenencias. Durante la misma no pueden ser asistidos por un abogado ni por un intérprete. Tampoco se levanta acta de la entrevista.
Al salir, el refugiado no sabe lo que puede pasar porque, según cuenta el semanario Freitag, el asunto está trucado: es la policía alemana la que paga los 250 ó 300 euros a los funcionarios consulares por cada una de las entrevistas que realizan. Hay otros 250 ó 300 euros suplementarios por cada identificación que se realice.
Para Alemania es más barato pagar esas cantidades que conceder una autorización provisional de estancia.
El que paga manda. El papel de los consulados no consiste en defender a los refugiados sino facilitar la tarea a la policía, falsificando los papeles de quienes no los tienen.
El semanario Freitag cuenta la experiencia de Joseph Koroma, un refugiado procedente de Sierra Leona que en 2006 huyó a Alemania, que rechazó su petición de asilo y en 2013 le expulsó a... Nigeria.
Algún funcionario del consulado de Nigeria quiso hacerse con un sobresueldo para pasar un buen fin de semana atribuyendo la nacionalidad de su país a mansalva.
Cuando legalmente un Estado soborna a otro para cometer un delito, como es la falsificación de un documento de identidad, ocurren estas cosas, típicas de los Estados de Desecho.
