El Tribunal de Cuentas asegura que el AVE es financieramente insostenible pero el gobierno de Rajoy fía el futuro de la Alta Velocidad a su Plan de Empresa, que pasa por completar la red en ejecución y conseguir un incremento significativo de viajeros que, a su vez, asegure la sostenibilidad a largo plazo de la red pública de alta velocidad.
En su “Informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013”, el Tribunal de Cuentas cifra en 9.142 millones de euros la deuda a devolver a partir de 2017, cantidad que se incrementará en los siguientes ejercicios al concluir los periodos de carencia de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.
Esta abultada deuda, junto con unos cánones por uso de las infraestructuras que apenas cubren la mitad de los costes, hacen temer al Tribunal por la sostenibilidad de las cuentas de Adif, ya que los ingresos previstos son “insuficientes” para cubrir el mantenimiento, lo que no se solucionará con la futura liberalización, ya que en principio no se tiene en cuenta incluir en la balanza los gastos financieros y de amortización.
Por eso, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Fomento y a Adif revisar la política de cánones ferroviarios, introducir el “principio de racionalidad” en la ejecución de gastos, limitar las inversiones “altamente deficitarias” y ajustar “mejor” los proyectos a realizar a las perspectivas de financiación, “priorizando la evaluación socioeconómica” de cada iniciativa, dado que aún quedan 28.396 millones de euros para completar la red de alta velocidad.
En su “Informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013”, el Tribunal de Cuentas cifra en 9.142 millones de euros la deuda a devolver a partir de 2017, cantidad que se incrementará en los siguientes ejercicios al concluir los periodos de carencia de los préstamos del Banco Europeo de Inversiones.
Esta abultada deuda, junto con unos cánones por uso de las infraestructuras que apenas cubren la mitad de los costes, hacen temer al Tribunal por la sostenibilidad de las cuentas de Adif, ya que los ingresos previstos son “insuficientes” para cubrir el mantenimiento, lo que no se solucionará con la futura liberalización, ya que en principio no se tiene en cuenta incluir en la balanza los gastos financieros y de amortización.
Por eso, el Tribunal de Cuentas recomienda al Ministerio de Fomento y a Adif revisar la política de cánones ferroviarios, introducir el “principio de racionalidad” en la ejecución de gastos, limitar las inversiones “altamente deficitarias” y ajustar “mejor” los proyectos a realizar a las perspectivas de financiación, “priorizando la evaluación socioeconómica” de cada iniciativa, dado que aún quedan 28.396 millones de euros para completar la red de alta velocidad.
