El artículo de Rafael Poch en “La Vanguardia”(*) sobre el fraude de Volkswagen es esclarecedor, sobre todo procediendo de un país, como Alemania, que prodiga lecciones de moralidad en Europa.
Credit Suisse estima en 78.000 millones de euros el perjuicio que el fraude puede ocasionar al primer monopolio automovilístico alemán.
La empresa de seguros Axa estima que el asunto le costará a Alemania alrededor del 1,1 por ciento de su PIB. El sector automovilístico representa más del 17 por ciento de las exportaciones alemanas.
“¿Es este escándalo un asunto técnico?”, se pregunta Poch. Naturalmente que no. Los parámetros de emisiones de los automóviles no los deciden los burócratas de Bruselas, ni el límite de velocidad de las autopistas alemanas lo deciden los diputados del Bundestag.
Los monopolios del automóvil pesan mucho en la política de Bruselas, donde hay oficialmente 240 grupos de presión declarados, 43 de ellos de Volkswagen, que son los que preparan las leyes a los políticos como platos precocinados.
Se vio claro en 2013, cuando Merkel vetó y pospuso hasta 2022 normas en materia de emisión, de acuerdo con un guión conjunto de Daimler-Benz y BMW.
El gobierno alemán conocía el fraude que ahora ha estallado, como sabían los tecnócratas de Bruselas que los procedimientos para medir las emisiones de gases son un timo.
Se ha hablado mucho del origen nazi de Volkswagen, pero mucho menos del papel que Volkswagen desempeñó, por ejemplo durante la dictadura de los generales brasileños (1964-1985) confeccionando listas negras para los militares entre sus empleados, cuando su jefe de seguridad en Sao Paulo (desde 1959 hasta 1967) era Franz Stang, antiguo comandante de los campos de exterminio nazis de Sobibor y Treblinka.
En París la agencia encargada de comprar los espacios publicitarios de Volkswagen en la prensa francesa chantajeó a una veintena de diarios regionales: si querían seguir recibiendo publicidad debían renunciar a publicar informaciones sobre el fraude durante los días en que se publicaran los anuncios. Solo tres diarios, sobre una veintena protestaron.
Quien crea que asuntos de tanta trascendencia los decide un funcionario de la agencia ambiental de Estados Unidos, se equivoca. Cuando se trata de lanzar un torpedo de tal calibre contra un país amigo, es que ocurre algo en la relación y se quiere lanzar una amenaza.
La pregunta que Poch plantea es bien simple: ¿Qué ha pasado entre Estados Unidos y Alemania para que una institución pública de Washington lance este torpedo contra Berlín?
Las negociaciones del TTIP, el acuerdo de “libre comercio” transatlántico no van bien. Las relaciones entre las potencias imperialistas son cada vez más tensas. Estados Unidos trata de intimidar cada vez más violentamente a sus vasallos europeos. Ha llegado la hora de los golpes bajos, la antesala de la guerra.
Credit Suisse estima en 78.000 millones de euros el perjuicio que el fraude puede ocasionar al primer monopolio automovilístico alemán.
La empresa de seguros Axa estima que el asunto le costará a Alemania alrededor del 1,1 por ciento de su PIB. El sector automovilístico representa más del 17 por ciento de las exportaciones alemanas.
“¿Es este escándalo un asunto técnico?”, se pregunta Poch. Naturalmente que no. Los parámetros de emisiones de los automóviles no los deciden los burócratas de Bruselas, ni el límite de velocidad de las autopistas alemanas lo deciden los diputados del Bundestag.
Los monopolios del automóvil pesan mucho en la política de Bruselas, donde hay oficialmente 240 grupos de presión declarados, 43 de ellos de Volkswagen, que son los que preparan las leyes a los políticos como platos precocinados.
Se vio claro en 2013, cuando Merkel vetó y pospuso hasta 2022 normas en materia de emisión, de acuerdo con un guión conjunto de Daimler-Benz y BMW.
El gobierno alemán conocía el fraude que ahora ha estallado, como sabían los tecnócratas de Bruselas que los procedimientos para medir las emisiones de gases son un timo.
Se ha hablado mucho del origen nazi de Volkswagen, pero mucho menos del papel que Volkswagen desempeñó, por ejemplo durante la dictadura de los generales brasileños (1964-1985) confeccionando listas negras para los militares entre sus empleados, cuando su jefe de seguridad en Sao Paulo (desde 1959 hasta 1967) era Franz Stang, antiguo comandante de los campos de exterminio nazis de Sobibor y Treblinka.
En París la agencia encargada de comprar los espacios publicitarios de Volkswagen en la prensa francesa chantajeó a una veintena de diarios regionales: si querían seguir recibiendo publicidad debían renunciar a publicar informaciones sobre el fraude durante los días en que se publicaran los anuncios. Solo tres diarios, sobre una veintena protestaron.
Quien crea que asuntos de tanta trascendencia los decide un funcionario de la agencia ambiental de Estados Unidos, se equivoca. Cuando se trata de lanzar un torpedo de tal calibre contra un país amigo, es que ocurre algo en la relación y se quiere lanzar una amenaza.
La pregunta que Poch plantea es bien simple: ¿Qué ha pasado entre Estados Unidos y Alemania para que una institución pública de Washington lance este torpedo contra Berlín?
Las negociaciones del TTIP, el acuerdo de “libre comercio” transatlántico no van bien. Las relaciones entre las potencias imperialistas son cada vez más tensas. Estados Unidos trata de intimidar cada vez más violentamente a sus vasallos europeos. Ha llegado la hora de los golpes bajos, la antesala de la guerra.
(*) http://blogs.lavanguardia.com/paris-poch/2015/10/06/das-auto-62027/#.VhTYEFJNxkY.twitter
