El 15 de mayo un decreto del actual gobierno aprobó una partida presupuestaria extraordinaria de 10 millones para la “potencialización tecnológica y de los sistemas de información y comunicación” de los servicios de Información.
De ellos 4 millones de euros están destinados a un sistema de geolocalización de teléfonos móviles y 1,09 para comprar dispositivos de seguimiento electrónico y de grabación de conversaciones “en ambientes hostiles”.
Se trata de herramientas informáticas sofisticadas capaces de ubicar a un individuo a través de su teléfono celular o de grabar de forma secreta conversaciones en lugares cuyo acceso es imposible para los policías.
En el preámbulo, el gobierno no es nada original. Justifica la necesidad del crédito al Ministerio del Interior con la excusa de moda: el aumento de atentados yihadistas dentro y fuera de Europa. Se trata de “combatir la amenaza [yihadista], neutralizar o minimizar los riesgos de acciones criminales terroristas contra nuestros ciudadanos y la atomización de los riesgos”.
Además de los sistemas de seguimiento y escucha, 1,1 millones de euros irán destinados a programas informáticos y equipos asociados a la implementación de una herramienta de inteligencia que integre todos los datos de las investigaciones contra el terrorismo y la “radicalización” que llevan a cabo los servicios centrales y los periféricos de la policía.
De ellos 4 millones de euros están destinados a un sistema de geolocalización de teléfonos móviles y 1,09 para comprar dispositivos de seguimiento electrónico y de grabación de conversaciones “en ambientes hostiles”.
Se trata de herramientas informáticas sofisticadas capaces de ubicar a un individuo a través de su teléfono celular o de grabar de forma secreta conversaciones en lugares cuyo acceso es imposible para los policías.
En el preámbulo, el gobierno no es nada original. Justifica la necesidad del crédito al Ministerio del Interior con la excusa de moda: el aumento de atentados yihadistas dentro y fuera de Europa. Se trata de “combatir la amenaza [yihadista], neutralizar o minimizar los riesgos de acciones criminales terroristas contra nuestros ciudadanos y la atomización de los riesgos”.
Además de los sistemas de seguimiento y escucha, 1,1 millones de euros irán destinados a programas informáticos y equipos asociados a la implementación de una herramienta de inteligencia que integre todos los datos de las investigaciones contra el terrorismo y la “radicalización” que llevan a cabo los servicios centrales y los periféricos de la policía.
