En el sótano del Capitolio hay una cámara acorazada donde el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes guarda los documentos confidenciales. Uno de ellos, que lleva guardado 14 años, tiene 28 páginas y se titula “Elementos, discusión y relato de ciertos temas delicados de seguridad nacional”.
El documento analiza el papel de Arabia saudí en la organización de los atentados contra las Torres Gemelas y forma parte del informe oficial sobre el 11-S supervisado por el Comité de Inteligencia del Senado y por su antiguo presidente Bob Graham, senador demócrata por Florida, que ya ha abandonado su cargo.
Cuando se publicó en 2002 Graham se sorprendió al comprobar que las 28 páginas habían desaparecido del informe oficial a petición del gobierno de Bush, que los había clasificado y retirado de la circulación, junto con los demás documentos confidenciales. “Razones de seguridad nacional”, dijo Bush entonces y su naturaleza secreta no ha desaparecido desde entonces, a pesar de los esfuerzos del senador para que se publique.
Graham ha sido uno de los pocos en leer el documento. Según él, su contenido confirma la participación directa de la monarquía saudí en la financiación del 11-S. Varios de los 19 kamikazes que intervinieron en los hechos obtuvieron dinero de varias entidades saudíes, ente ellas del propio gobierno. En el caso de los demás no está tan claro, añade el antiguo senador.
“Los saudíes saben lo que han hecho y saben que nosotros lo sabemos. La verdadera cuestión es la manera en la que interpretan nuestra respuesta”. Graham dice que ha habido impunidad y que, a causa de ello, los saudíes han continuado apoyando a Al-Qaeda luego al Califato Islámico. “Nuestro miedo a mirar de cara a la verdad ha desatado la nueva ola de extremismo que ha sacudido París”, añade el senador.
Otro que ha podido leer el documento ha confesado a la revista New Yorker que “las pruebas del apoyo del gobierno saudí a los acontecimientos del 11 de setiembre eran molestas” y que la “verdadera cuestión es saber si aquello fue aprobado por la familia real o por sus acólitos”.
En 2002 Graham se encontró aislado en su lucha por aclarar los hechos. Pero a mediados de enero dio una conferencia de prensa en el Senado sobre este tema en compañía de dos representantes, el republicano Walter Jones y el demócrata Stephen Lynch, que presentaron la resolución HR428 exigiendo la desclasificación. El apoyo a la petición crece pero hasta el momento no ha sido suficiente para que Obama se sienta presionado y publique el documento. Jones y Lynch le han escrito para pedírselo. Según uno de los miembros de la organización de familiares de las víctimas del 11-S, Terence Schiavo, Obama prometió desclasificarlo.
Los familiares están en primera línea en esta lucha. Si sus abogados pudieran probar la participación del Estado saudí en los atentados, Riad estaría obligado a indemnizarles. “Sabemos que el gobierno del Reino fundó organizaciones de beneficencia para propagar la ideología radical wahabita que han sido utilizadas como fuentes mayores de financiación y de apoyo logístico a Al-Qaeda durante todo el decenio que condujo al 11-S”, ha dicho a New Yorker el abogado de los familiares Sean Carter. Según el semanario, dos de los kamikazes fueron financiados y acogidos en San Diego port un personaje en contacto permanente con la sección del Ministerio de Asuntos Islámicos con sede en Los Ángeles.
Sin embargo, Arabia saudí niega toda responsabilidad y llama a la desclasificación de las 28 páginas a fin de limpiar su reputación. Algunos que han podido leerlo dan la razón a la autocracia saudí y aseguran que del documento no se deduce su intervención en el 11-S de manera concluyente. Es el caso de Philip Zelikow, director de la comisión del 11-S, que califica las 28 páginas como “una acumulación de informes preliminares no confirmados”.
Por el contrario, Graham opina que la autocracia saudí está presionando a Washington para que no publique el informe. Si el informe es superficial y nada convincente, ¿por qué se ha mantenido oculto durante 14 años?, pregunta el antiguo senador.
Durante su viaje a la India, Obama modificó el itinerario para visitar al familia real saudí en compañía de 30 altos funcionarios del gobierno. Es posible que Obama no sólo esté ocultando la responsabilidad saudí sino también la de la familia Bush, muy ligada a la anterior. Pero sobre todo es seguro que para su estrategia regional en Oriente Medio Washington necesita recurrir a un puntal tan importante como el régimen wahabita.
El documento analiza el papel de Arabia saudí en la organización de los atentados contra las Torres Gemelas y forma parte del informe oficial sobre el 11-S supervisado por el Comité de Inteligencia del Senado y por su antiguo presidente Bob Graham, senador demócrata por Florida, que ya ha abandonado su cargo.
Cuando se publicó en 2002 Graham se sorprendió al comprobar que las 28 páginas habían desaparecido del informe oficial a petición del gobierno de Bush, que los había clasificado y retirado de la circulación, junto con los demás documentos confidenciales. “Razones de seguridad nacional”, dijo Bush entonces y su naturaleza secreta no ha desaparecido desde entonces, a pesar de los esfuerzos del senador para que se publique.
Graham ha sido uno de los pocos en leer el documento. Según él, su contenido confirma la participación directa de la monarquía saudí en la financiación del 11-S. Varios de los 19 kamikazes que intervinieron en los hechos obtuvieron dinero de varias entidades saudíes, ente ellas del propio gobierno. En el caso de los demás no está tan claro, añade el antiguo senador.
“Los saudíes saben lo que han hecho y saben que nosotros lo sabemos. La verdadera cuestión es la manera en la que interpretan nuestra respuesta”. Graham dice que ha habido impunidad y que, a causa de ello, los saudíes han continuado apoyando a Al-Qaeda luego al Califato Islámico. “Nuestro miedo a mirar de cara a la verdad ha desatado la nueva ola de extremismo que ha sacudido París”, añade el senador.
Otro que ha podido leer el documento ha confesado a la revista New Yorker que “las pruebas del apoyo del gobierno saudí a los acontecimientos del 11 de setiembre eran molestas” y que la “verdadera cuestión es saber si aquello fue aprobado por la familia real o por sus acólitos”.
En 2002 Graham se encontró aislado en su lucha por aclarar los hechos. Pero a mediados de enero dio una conferencia de prensa en el Senado sobre este tema en compañía de dos representantes, el republicano Walter Jones y el demócrata Stephen Lynch, que presentaron la resolución HR428 exigiendo la desclasificación. El apoyo a la petición crece pero hasta el momento no ha sido suficiente para que Obama se sienta presionado y publique el documento. Jones y Lynch le han escrito para pedírselo. Según uno de los miembros de la organización de familiares de las víctimas del 11-S, Terence Schiavo, Obama prometió desclasificarlo.
Los familiares están en primera línea en esta lucha. Si sus abogados pudieran probar la participación del Estado saudí en los atentados, Riad estaría obligado a indemnizarles. “Sabemos que el gobierno del Reino fundó organizaciones de beneficencia para propagar la ideología radical wahabita que han sido utilizadas como fuentes mayores de financiación y de apoyo logístico a Al-Qaeda durante todo el decenio que condujo al 11-S”, ha dicho a New Yorker el abogado de los familiares Sean Carter. Según el semanario, dos de los kamikazes fueron financiados y acogidos en San Diego port un personaje en contacto permanente con la sección del Ministerio de Asuntos Islámicos con sede en Los Ángeles.
Sin embargo, Arabia saudí niega toda responsabilidad y llama a la desclasificación de las 28 páginas a fin de limpiar su reputación. Algunos que han podido leerlo dan la razón a la autocracia saudí y aseguran que del documento no se deduce su intervención en el 11-S de manera concluyente. Es el caso de Philip Zelikow, director de la comisión del 11-S, que califica las 28 páginas como “una acumulación de informes preliminares no confirmados”.
Por el contrario, Graham opina que la autocracia saudí está presionando a Washington para que no publique el informe. Si el informe es superficial y nada convincente, ¿por qué se ha mantenido oculto durante 14 años?, pregunta el antiguo senador.
Durante su viaje a la India, Obama modificó el itinerario para visitar al familia real saudí en compañía de 30 altos funcionarios del gobierno. Es posible que Obama no sólo esté ocultando la responsabilidad saudí sino también la de la familia Bush, muy ligada a la anterior. Pero sobre todo es seguro que para su estrategia regional en Oriente Medio Washington necesita recurrir a un puntal tan importante como el régimen wahabita.
Fuente: http://www.lefigaro.fr/international/2015/02/02/01003-20150202ARTFIG00430-ces-28-pages-qui-menacent-l-axe-washington-riyad.php
