La justicia y la memoria tienen asuntos pendientes con la llamada Transición española. Uno de los más significativos –y sombríos– es el que tiene que ver con Luis Cobo Mier, Luis Montero García y Juan Mañas Morales. En la madrugada que transcurre entre los días 9 y 10 de mayo de 1981 se gesta el conocido como Caso Almería. Esa noche son arrestados por la Guardia Civil en la localidad de Roquetas de Mar estos jóvenes trabajadores residentes en la provincia de Santander [...]
“Mi querida familia, ante el respeto que merecen me dirijo a Vds. para contarles el hecho siguiente respecto a las extrañas circunstancias de la desgracia de buestro (sic) hijo y compañeros que fallecieron en manos de los asesinos de la Comandancia [de la Guardia Civil] de esta localidad”. Así comenzaba una carta anónima escrita por un agente del cuerpo policial militarizado que fue remitida a la familia de Mañas Morales tres años después del asesinato de los tres jóvenes y en la que daba cuenta de las torturas y la forma en la que once guardias civiles acabaron con los trabajadores.
Los motivos y las circunstancias del viaje
Juan Mañas tenía 24 años, era almeriense de Pechina, pero llevaba varios años trabajando en la FEVE, destinado en Santander. Luis Montero –33 años, trabajador de FYESA y miembro del PCE y CCOO– y Luis Cobo –28 años y trabajador de ACERIASA – eran buenos amigos de Juan, quien los invitó a la primera comunión de su hermano menor, Francisco Javier, que se iba a celebrar en su localidad natal el domingo 10 de mayo.
Las “extrañas circunstancias” de las que escribía el agente sin nombre comenzaron el 7 de mayo cuando, después de salir de sus respectivos trabajos, los jóvenes emprendieron su viaje, en un SEAT 127, matrícula de Santander, con la intención de hacer noche en Madrid, en un piso que le había prestado un amigo a Luis Cobo. Ese mismo día por la mañana se produjo en la capital un atentado de ETA sobre el vehículo en el que viajaba el general Joaquín de Valenzuela, Jefe del Cuarto Militar del Rey, dejándolo malherido y matando a los tres militares que iban con él [...]
Al día siguiente, 8 de mayo, tras ojear el periódico y observar las fotografías de los etarras a los que se atribuye el atentado contra el general Valenzuela, creyó reconocer en los jóvenes de Santander a dichos militantes vascos. Buscó la anuencia y corroboración de otros y decidieron denunciar a la Policía y a la Guardia Civil sus conjeturas.
La caza
Luis Montero, Luis Cobo y Juan Mañas durmieron esa noche en la casa de los padres de este último y pasaron el día siguiente visitando distintos lugares de la provincia de Almería dado que para los dos santanderinos era la primera ocasión por aquellas tierras.
Mientras, la denuncia que se originaba en Alcázar de San Juan había puesto en marcha una maquinaria de búsqueda y captura que solamente parará con la detención por parte de la Guardia Civil de los tres amigos en el interior de una tienda de recuerdos de Roquetas de Mar. Son las nueve de la noche del día 9 de mayo de 1981.
Años después, el teniente coronel Victoriano Guillén, quien se opuso con contundencia al golpe de Estado del 23F y fue castigado por ello, explicó ante las cámaras del programa de televisión Crónica de una generación: “La Dirección General de la Guardia Civil mandó un radio [nombre que se daba en la Guardia Civil a los fax o télex] diciendo que eran etarras y que habían atentado contra el general Valenzuela. [El teniente coronel al frente del operativo] Castillo Quero, que era un enfermo mental, un imbécil poseído y que, además, presumía de su amistad con el rey, vio allí la ocasión de hacer un servicio y hacer méritos, colgarse medallas”.
Desde el momento en que se produjo la denuncia, la familia de Luis Cobo comenzó a recibir llamadas y visitas de agentes de la Comandancia de Santander preguntando por las señas personales y la documentación con que éste contaba (dado que era Luis Cobo Mier quien había alquilado el vehículo). La familia informó que Luis no tenía el documento nacional de identidad porque lo había perdido, pero que viajaba con el carné de conducir y con el pasaporte. Aportaron todo tipo de datos: características físicas, situación laboral, la ropa que llevaba... Todo indica que desde Santander se consiguió aclarar su identidad y que, por tanto, su adscripción a ETA debía quedar descartada.
Sin embargo, en Almería se montó un gran dispositivo por parte de la Guardia Civil para su localización, advirtiéndose a los subordinados de la extrema peligrosidad de los militantes de ETA a los que se pretendía detener.
Montero, Cobo y Mañas fueron apresados a última hora de la tarde del sábado 9 de mayo sin que ninguno de ellos ofreciera la más mínima resistencia. A partir de ese momento, y hasta que fueron encontrados sus cadáveres calcinados en el interior del Ford Fiesta en un barranco de la carretera de Gérgal, la Guardia Civil y otros funcionarios del Estado trataron de ocultar la verdad con una versión oficial tan delirante que, si se sigue al pie de la letra, plantea tantos interrogantes que, a fuerza de dudas, crea demasiadas certezas.
El 12 de mayo, los diarios dudan. El entonces bisoño periódico El País le dedica 114 palabras en los que tímidamente reproduce la versión oficial. El Diario Montañés, en Santander, sí indica que “la nota de la Guardia Civil que relata los hechos no parece muy clara y por eso la propia Dirección General ha abierto una investigación”.
Versión oficial
En la comparecencia que posteriormente realizó el ministro de Interior de UCD, Juan José Rosón, ante el Congreso de los Diputados, manifestó que tras la detención, y según informes de la Guardia Civil, los detenidos entraron en contradicción en algunas de sus declaraciones y que en ningún momento Juan Mañas se había identificado como natural de Almería (de hecho, en todo momento la Guardia Civil indicó, contradiciendo a los familiares que manifiestan que salió de casa con su DNI y su carné de FEVE, que Juan Mañas no llevaba ninguna identificación, al contrario que Cobo o Montero). También informó de que en el reconocimiento del automóvil en el que viajaban los detenidos se han encontrado dos pistolas marca Astra.
La versión oficial mantiene que existía un convencimiento de que los detenidos eran, efectivamente, activistas de ETA y se ordenó su traslado a Madrid en una caravana compuesta de cuatro vehículos que incluía el propio Ford Fiesta de los santanderinos (en total once guardias civiles vestidos de paisano y los tres detenidos), conducido por un guardia civil, al cual acompañaba otro como copiloto, mientras que los detenidos iban esposados en el asiento de atrás.
Cerca de la localidad de Gérgal, desde los coches que viajan detrás observaron como el Ford Fiesta realizaba un giro extraño y cómo el conductor salía despedido por la puerta lateral y, a continuación, el otro guardia civil por la puerta contraria. Todo esto se entiende como un intento de agresión y fuga por parte de los detenidos y el teniente coronel al mando de la operación (Castillo Quero) ordenó disparar a las ruedas con el objeto de detener el vehículo. Sin embargo éste, lejos de pararse, cayó por un pequeño barranco y se incendió, siendo imposible el rescate de los detenidos por la magnitud de las llamas y el riesgo de explosión.
El ministro, tal y como recuerda Antonio Ramos Espejo en el libro El Caso Almería: Abierto para la historia, también señaló que la identificación de las víctimas no fue posible hasta horas más tarde al enterarse del suceso sus familiares por la prensa.
El ministro Rosón concluyó asegurando que todo se debió a un “trágico error”. Los diputados de la oposición presentes en la comparecencia, indignados, no dudaron en calificar la exposición de pantomima y de encubrimiento por parte del Gobierno de un crimen perpetrado por miembros de la Guardia Civil. Aunque, una vez derrotada la UCD, olvidaron el caso, la justicia e, incluso, la memoria de lo sucedido.
“A mi madre le dieron una bolsa con los restos de mi tío. Ahí había un colgante, una prenda de ropa… y luego ya le dieron los restos de mi tío -explica Lola Liquete Cobo, la sobrina de Luis Cobo Mier- ... un brazo, una mandíbula, unos dientes... Claro, mi madre dijo: ¿Dónde está el resto de mi hermano?”. Las familias denunciaron desde el primer minuto las inconsistencias de la versión oficial y, con la ayuda del tenaz abogado Darío Fernández, lograron llevar a juicio a parte de los implicados.
El juicio se inició el 14 de junio de 1982, trece meses después, y finalizó el 27 de julio. Solamente fueron procesados tres de los once guardias: el teniente coronel Castillo Quero, que en el momento de los hechos estaba al frente de la Comandancia de Almería y era el mando de la operación, el teniente Gómez Torres y el guardia Fernández Llamas.
El abogado de la acusación particular, Darío Fernández, en todo momento intentó que fueran condenados por asesinato, en contra de la opinión del fiscal, que calificaba los hechos de homicidio. Le fue denegada una prueba fundamental en cualquier proceso judicial sin ninguna razón de peso, como es la reconstrucción de los hechos, y siempre dudó de las garantías técnicas y científicas de las autopsias realizadas por los forenses. Fue constantemente acuciado y los intentos de intimidación por parte de miembros de la Benemérita fueron variados, “incluida una bomba bajo su coche: Darío tuvo que esconderse en una cueva”, recuerda Lola Liquete Cobo.
No fue Darío Fernández el único intimidado. José Criado, Pepe el barbero, un militante de la izquierda almeriense, rememora esos días en el libro aún inédito La Chanca. Una Revolución (1940-2000): “Cuando la farsa del juicio, que yo le llamo farsa de juicio porque eso fue, la represión que tuvimos fue peor porque denunciamos la farsa que estaban haciendo. Eso nos supuso... A mí me asaltaron mi negocio, mi peluquería. El local donde teníamos la sede de la Plataforma de Lucha Obrera fue asaltao, literalmente asaltao. Fue violentao y yo me tuve que tirar en aquellos entonces quince días fuera de Almería, había orden de arresto contra mí y me tuve que ir a Murcia”.
Los abogados de la defensa calificaron en todo momento de terroristas a los fallecidos, incluso con posterioridad a la correcta identificación de los mismos. De hecho, en el periodo que transcurrió desde el crimen hasta la finalización del juicio desde diversas instancias se continuó poniendo en duda su identidad, pasando de terroristas a delincuentes comunes o bien, homosexuales. Además, se intentó crear un clima según el cual Almería estaba infestado de terroristas y pisos francos.
Lo cierto es que no se encontró ningún impacto de bala en las ruedas del Ford Fiesta, pero sí alrededor del depósito de gasolina y en los cuerpos y en las cabezas de los fallecidos. Algunos de los impactos habían sido realizados de arriba abajo,contradiciendo la versión de los guardias de que los disparos se hicieron antes de que el coche cayera a la hondonada y se incendiara.
En el lugar de los hechos se encontró una lata de gasolina. Las pistolas que presuntamente se habían descubierto horas después de la detención en el coche de los detenidos estaban llenas de herrumbre y estaban datadas en 1921. En el juicio a instancias del abogado de la acusación se declaró por parte de miembros de la Guardia Civil que perfectamente podían ser armas confiscadas y depositadas en cuarteles.
Por si fuera poco, cinco pescadores que pasaban por la carretera de Gérgal cuando el coche estaba incendiándose con los tres jóvenes dentro ratificaron en el juicio que pararon para ofrecer su ayuda y un extintor que portaban en su automóvil, y que un guardia civil les dijo que no era necesario ya que los heridos habían sido evacuados (lo cual, evidentemente, no era así).
En las conclusiones finales los abogados defensores reconocieron por fin que había existido un delito de homicidio, cuando previamente afirmaban que no había existido delito, pero alegaron “cumplimiento del deber” de los tres enjuiciados y “obediencia debida” en los casos del teniente y del guardia. El fiscal, sospechosamente coordinado con los defensores, no cambió sus alegaciones y siguió manteniendo en todo momento que se trataba de un homicidio.
Al teniente coronel Castillo Quero, que en ningún momento ha mostrado sombra de arrepentimiento, se le sentenció a una pena de 24 años de prisión. Al teniente Gómez Torres a 15 años de prisión, y al guardia Fernández Llamas a 12 años de prisión. Todas las penas citadas implicaban además la baja en el cuerpo de la Guardia Civil.
En todos los casos los acusados salieron de la cárcel con bastante antelación al final de sus penas por un teórico buen comportamiento (Castillo Quero logró el tercer grado a los tres años). Además cumplieron en unas condiciones que para sí quisieran muchos de los internos que siguen penando por las cárceles de España. Durante parte de la pena residieron en centros militares en lugar de hacerlo en cárceles ordinarias y, tal y como se denunció años después, recibieron un ‘salario’ procedente de los fondos reservados del Ministerio del Interior.
Con posterioridad a la sentencia, tal como mostró el diario El País en su edición del día 15 de octubre de 1985, la esposa del ex-teniente coronel Castillo Quero solicitó para su marido un indulto por “sus largos servicios a la patria”.
El 22 de abril de 2015, el Diario de Almería dio cuenta de cómo la formación política Amaiur había formulado varias preguntas relacionadas con el Caso Almería en el Congreso de los Diputados. Quería saber si los agentes de la Guardia Civil condenados por asesinar a los tres jóvenes cobraron esas ayudas de fondos reservados, las cantidades y si, finalmente, el Gobierno contemplaba considerar a los fallecidos como víctimas del terrorismo, tal y como reclaman las familias. Jon Iñarritu, diputado de Amaiur, recibió la siguiente respuesta a sus numerosas preguntas: “El Gobierno carece de información que pueda aportar a una respuesta parlamentaria, dada la antigüedad de los hechos referidos en la pregunta”.
Unas conclusiones que se extienden en el tiempo
Tanto las familias de los jóvenes fallecidos como su abogado, numerosos periodistas y políticos que siguieron el caso, tienen hasta el día de hoy, 35 años después, otra versión de los hechos que se sigue manteniendo en la oscuridad por parte de las sucesivas autoridades gubernativas y de la Guardia Civil.
Caben pocas dudas respecto a que a Juan Mañas, a Luis Cobo y a Luis Montero los mataron miembros de la Guardia Civil en un estado de confusión rayano en la demencia o la obsesión. Pudiendo realizarse las comprobaciones de identidad oportunas no se hicieron, pese a que la Guardia Civil tenía medios para ello, tal y como se comprobó en el juicio. Las pistolas que dijeron haber encontrado en el coche, con toda probabilidad fueron colocadas allí para justificar la inculpación como militantes de ETA.
Es muy probable que a uno de ellos o a todos se les trasladara a una antigua fortaleza cerca de la costa y se les torturara intentando arrancarles una confesión. También es posible que alguno de ellos o todos fallecieran bajo tortura y que el Ford Fiesta en el convoy de traslado solamente transportara en la parte de atrás personas muertas o... sus restos. Si fuera así, estaríamos ante un concepto aún más perverso de la “ley de fugas”.
Es posible que se prendiera el coche utilizando la propia gasolina del depósito y también la del bidón que se encontró en los alrededores, con el objeto de ocultar las lesiones producidas con antelación.
Este 10 de mayo se cumplen 35 años de los hechos que se relatan. Las familias continúan en completo desacuerdo con el desenlace. Por ello, siguen pidiendo que se aclaren las circunstancias reales de la muerte de sus familiares y que recaiga la ley con justicia en los causantes. Los guardias civiles eran once y solamente fueron juzgados tres. El resto, además de participar en la acción, cometieron el delito de ocultación de pruebas.
Las familias siguen solicitando dignidad para los jóvenes asesinados y que se les considere víctimas del terrorismo. En ningún momento ha sido aceptada esta cuestión, alegando que solamente pueden ser consideradas así las víctimas de ETA [...]
El año pasado, en la plaza de Pechina, localidad de nacimiento de Juan Mañas, se le levantó una placa en homenaje y en recuerdo de los hechos acaecidos. En Cantabria, tierra de nacimiento o de adopción de todos ellos, jamás se ha realizado un acto de homenaje oficial ante sus asesinatos.
Fuente: http://www.eldiario.es/norte/cantabria/sociedad/Caso-Almeria-verguenzas-Transicion_0_513049551.html
